La urgencia con la que el pleno del Congreso acordó tramitar el proyecto de ley de medidas contra el impacto económico y social del coronavirus no será tal. La Mesa de la Cámara Baja, controlada por PSOE y Unidas Podemos, decidió el pasado martes aplicar la paralización de los plazos reglamentarios también a los textos que se aprueben bajo la consideración de urgentes y extraordinarios, lo que impide que la oposición pueda plantear enmiendas a los mismos y su tramitación eche a andar. Se trata de un contrasentido dado que en la misma reunión el órgano que preside Meritxell Batet decidió aplicar la reducción del plazo de enmiendas de quince a ocho días atendiendo a la declaración de urgencia de estos textos para, acto seguido, congelar «sine die» su tramitación. La vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, transmitió por escrito a Batet su rechazo a esta posición pero la política socialista no atendió sus argumentos. Tres reales decretos-ley La decisión impacta de lleno en los tres reales decretos-ley que el hemiciclo convalidó el pasado 24 de marzo con la condición de que fueran tramitados después como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, entre los que destaca el de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. Este texto, en vigor desde su convalidación, tiene el objetivo de iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria sea superada y prevé para ello medidas por 200.000 millones de euros , alrededor de un 20 por ciento del PIB. Este paquete se dirige a ayudar a familias, trabajadores, autónomos y empresas. A diferencia del real decreto-ley que solo permite adhesión o rechazo y es una herramienta legislativa muy poco democrática, el proyecto de ley introduce el debate parlamentario la participación y propuestas de la oposición. Sin embargo, la aplicación de la paralización de los plazos reglamentarios bloquea cualquier posibilidad de participación de la oposición y preserva el texto en las mismas condiciones en que el Gobierno lo remitió al Congreso, y, lo que es aún es más contradictorio, frena en seco una tramitación considerada urgente por la propia Cámara. La Mesa de la Cámara no ha especificado durante cuánto tiempo mantendrá la paralización de los plazos reglamentarios. Una restricción cuyo final ni siquiera aparece vinculado al levantamiento del estado de alarma sino a la propia consideración de este órgano. De este modo, puede darse la circunstancia de que la Mesa del Congreso reactive los plazos reglamentarios una vez que la emergencia haya sido superada y las medidas para la recuperación estén siendo implementadas lo que restaría a la oposición capacidad real para proponer mejoras al proyecto. Además de este texto, han quedado frenadas también las tramitaciones urgentes de los proyectos de ley para la derogación del despido objetivo por bajas médicas justificadas, y para paliar los daños ocasionados por la caída de los productos agrícolas. Igualmente, las medidas contenidas en los reales decretos-ley que aprobó el Consejo de Ministros están vigentes pero la oposición no podrá introducir mejoras. El PP: «Intolerable» Para la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, el bloqueo de las enmiendas de la oposición en este tipo de textos urgentes es completamente «intolerable». La dirigente popular denuncia que Batet «está anulando y boicoteando la labor de la oposición». Además, advierte del cierre progresivo que ha ido aplicando al Parlamento hasta anular el control de la oposición al Gobierno y también la capacidad de iniciativa de los grupos parlamentarios. La Cámara Baja ha suspendido todos los debates salvo los que solicita el Ejecutivo.De España https://ift.tt/2V0m686
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