Firme defensor de la independencia judicial y del trabajo que han realizado sus compañeros con la sentencia del procés, el juez Llarena intenta mantener la compostura ante una resolución que minimiza los efectos que tuvo el órdago secesionista en Cataluña, entre ellos la obligada intervención del Rey. Aunque no comparte el fallo, como ha tenido ocasión de comentar en su entorno más cercano, quiere pasar página y superar el mal trago que supuso la condena por sedición por parte de siete de sus compañeros, los jueces del «procés», que, como él, forman parte de la Sala Penal del Supremo. Con ellos tendrá que convivir en cada uno de los Plenos que, bajo la presidencia de Manuel Marchena y con el paréntesis del juicio, la Sala viene celebrando una vez al mes. Desde la sentencia todavía no ha habido ninguno. El instructor siempre apostó por la rebelión –como a día de hoy lo siguen siendo haciendo varios magistrados de la Sala Penal–, hasta el punto de que prefirió retirar las euroórdenes tras la negativa de Alemania –para garantizar la entrega por este delito ya con una sentencia ya firme– que rebajar la solicitud a sedición. Ahora, con la resolución del Supremo no ha podido hacer otra cosa que abandonar la idea de la rebelión en la euroorden con la que ya ha reclamado al expresidente huido. Su malestar es comprensible. «Era el Cid Campeador y ahora se le ha tratado como un ingenuo, como si se hubiera equivocado dentro y fuera de España», señala una fuente próxima al magistrado. Lo que es innegable es el coste personal que esta causa ha tenido para Llarena y para su familia. El «procés» le «cayó» encima cuando no hacía dos años que había aterrizado en el Tribunal Supremo y desde entonces no puede viajar a Cataluña –donde ejerció durante los 25 años anteriores– si no es acompañado por un nutrido grupo de escoltas. Sus viviendas de San Cugat del Valllès (Barcelona) y Das (Girona) han sido objeto de pintadas en reiteradas ocasiones, la última con uno de sus dos hijos dentro. Incluso el verano pasado tuvo que salir escoltado de un restaurante en Cataluña después de que independentistas acudieran al local alertados de la presencia del juez por la cuenta de Twitter de los CDR: «Tenemos al enemigo en casa».
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