Las posibles irregularidades en las ayudas que el Gobierno valenciano ha otorgado durante varios años a empresas administradas por el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fueron detectadas por el primer juzgado que recibe el caso. En un auto dictado el pasado marzo, Instrucción 2 de Vinaroz, en el cual el PP interpuso la querella que ha dado origen a la investigación, manifiesta que los hechos descritos en ella «hacen presumir la posible existencia de una infranción penal». Por este motivo, y no siendo suficientes las actuaciones practicadas hasta ese momento, acuerda la incoación de diligencias para determinar la naturaleza y circunstancias de lo ocurrido. Aunque se trata de un primer escrito en el que la juez aprecia indicios de delito, emitió otro a continuación de archivo al entender que no era competente, lo que derivó en que los populares presentaran la querella en Instrucción 4 de Valencia. Tras varias idas y venidas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), resolvió que fuera este último el que ha de seguir tramitando el procedimiento. El magistrado encargado acordó ayer declarar compleja la causa después de la petición de la Fiscalía de Valencia. La medida se debe a que la investigación no va a poder realizarse en el plazo de seis meses, por lo que se fija uno nuevo de 18 meses –que no tiene por qué agotarse–. Por el momento, además de la petición de documentación a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, según el PP, el próximo 10 de diciembre tendrán que declarar como imputados tanto Francis Puig como el director general de Política Lingüística (de Compromís), Rubén Trenzano. El primero por un posible delito de fraude de subvenciones y el segundo por posible malversación y prevaricación. Las ayudas en las que se indaga son las referidas al fomento del valenciano concedidas a las empresas del hermano del presidente: Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions. En total, han recibido unos 379.000 euros por ese concepto entre 2015 y 2018. Falta de Transparencia El juzgado no es el único que se ha pronunciado sobre este asunto. El Consejo de Transparencia, órgano autónomo en la Comunidad Valenciana, estimó una queja de los populares sobre el incumplimiento de la ley de Transparencia precisamente de la mercantil Comunicació dels Ports. Ésta recibió subvenciones varios años por encima de 100.000 euros, lo cual supone, según la norma, que las cantidades deban de ser publicadas. La empresa alegó que no cuenta con una web en la que dar respuesta a esa obligación, aunque el semanario digital «comarquesnord.cat» se encuentra vinculado a ella. «¿Cómo es posible que reciba dinero público para el fomento del valenciano en medios digitales y no tengan web para publicitarlo?», se preguntaba ayer la número dos del PPCV, Eva Ortiz, para pedir seguidamente la comparecencia del presidente de la Generalitat en las Cortes el 7 de noviembre. Algo que no tiene visos de ocurrir a juzgar por las palabras del propio jefe del Consell, quien ayer señaló que no ha tenido «ninguna actuación directa» en las subvenciones. Tras mostrar su «absoluta confianza» en la Justicia y en los funcionarios de la Administración, trató de restar importancia a la investigación. «No estamos hablando del gran caso político ni de chorradas de este tipo que no tienen ningún tipo de sentido», indicó. Sobre si va a hacer algo al respecto, comentó que «el presidente se ocupa del interés general de los valencianos», que no se trata de un tema «que afecte a la gobernabilidad» y que el PP puede «inventar lo que quiera y hacer su teatro de marionetas».De España https://ift.tt/2JE8734
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