jueves, 31 de octubre de 2019

El Gobierno trata de frenar la «república digital» de Torra en plena campaña electoral

A pocas horas del comienzo de la campaña electoral, el Gobierno en funciones decidió sacar ayer la artillería pesada contra el independentismo, probablemente muy consciente de que Cataluña, una vez más, centrará el debate político en la corta pero intensa travesía hacia el 10-N. Por un lado, el Ejecutivo aprobó un decreto ley que tiene como objetivo acabar con la «república digital». Por el otro, pidieron al Tribunal Constitucional (TC) y al Consejo de Estado que estudiara tres acuerdos de la Mesa del Parlamento de Cataluña por ir contra resoluciones ya dictadas por el Tribunal de Garantías. Por último, anunciaron que la Abogacía General del Estado representaría a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fueran víctimas de «agresiones físicas, amenazas, acusaciones o denuncias falsas». Sobre los acuerdos de la Cámara catalana, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, habló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de tres propuestas elevadas a la Mesa por JpC, ERC y la CUP. El objetivo era introducir en el orden del día de los plenos un debate sobre el derecho a la autodeterminación —que «no existe», recordó Calvo—, la Monarquía y la sentencia del «procés». De las dos primeras cuestiones se informará directamente al TC para que decida si debe informar a la Fiscalía. Con respecto a la tercera, solicitará un informe al Consejo de Estado. Sánchez: «Punto final» Pero el decreto ley fue el que acaparó más interés. Lo anunció el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en una entrevista en Onda Cero previa a la rueda de prensa de Calvo. Entre otras cosas, Sánchez afirmó que su objetivo es «poner punto final al proyecto del independentismo de la república digital». La vicepresidenta fue la encargada de dar los detalles y desveló que, entre las medidas que recogerá el decreto ley, destacan las dedicadas a garantizar la protección de los datos personales y el refuerzo del DNI como documento único de identificación de los españoles, una respuesta al Identicat impulsado por la Generalitat. El decreto —que no se publicará hasta el martes— también impedirá que las administraciones públicas conserven esos datos en servidores ubicados fuera de la Unión Europea —en «paraísos digitales», dijo Calvo—. Aunque evitó pronunciarse al respecto, fuentes de La Moncloa aseguraron que tienen constancia de que estos servidores fuera de la UE existen y están localizados. Nada más tener conocimiento de la iniciativa «digital» del Gobierno, solo con las palabras de Sánchez y sin esperar a los detalles expuestos por Calvo, la Generalitat reaccionó con virulencia. Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales y Administración Pública e ideólogo de la «república digital catalana», definió la decisión del Gobierno como la de «un 155 digital» y señaló que, en su opinión, la medida de Sánchez es «la prueba descarnada de la deriva antidemocrática en que ha entrado el Gobierno del PSOE». Identicat El proyecto Identicat —que se pondría en marcha en 2020 y cuenta con un primer presupuesto de 550.000 euros— se presentó a primeros de septiembre. La importancia política del mismo es tal que fue el mismo presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañado del consejero Puigneró, quien lo presentó en público. Fue el consejero autonómico quien entonces detalló que con esta herramienta se podría configurar una «república catalana» en el mundo digital y «empoderar» al ciudadano hasta el punto de autogestionar sus datos personales. Una iniciativa, en definitiva, para «hacer república», señaló Puigneró. Aunque desde el Gobierno catalán aseguraron que esta iniciativa no quería suplantar al DNI, los grupos de la oposición no dejaron de hacer públicas sus dudas sobre un proyecto que, entre otras cosas, gestionaría datos personales de los catalanes. Ayer, el mismo consejero de la Generalitat indicó que «este decreto ley del Gobierno quiere prohibir una república digital que decían que no existía»; y añadió, poniendo en duda el éxito de la decisión del Ejecutivo de Sánchez: «No solo existe [la "república digital"], sino que es imparable. La "república digital" es el nacimiento de un quinto poder: la ciudadanía digitalmente empoderada». Un mensaje que Puigneró envió también por Twitter y Torra amplificó desde su cuenta. Las quejas del PSC Más allá de esto, lo cierto es que este golpe de efecto de los socialistas es, en realidad, una dosis de cal tras otra de arena. El miércoles, el PSOE tuvo que modificar su programa electoral para incluir medidas sobre la reforma «federal» de la Constitución y la España «plurinacional», recogidas en las declaraciones de Granada y Barcelona. Estas modificaciones en el programa electoral de los socialistas se hicieron tras las quejas del PSC, que internamente criticó que estas referencias no aparecieran en el documento filtrado un día antes. De esta manera, el PSOE asume con naturalidad unas tesis más cercanas a las formaciones nacionalistas que a las tradicionales del socialismo.

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