La Fiscalía: «Educar en el centro de menas es un proyecto inviable»

Los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid, donde se produce la mayoría de ingresos de los menores extranjeros no acompañados (menas), se han convertido en un «albergue de menores», en palabras de la Fiscalía, debido a la constante llegada de estos jóvenes, en muchos casos, indocumentados a la región. En este sentido, de un total de 2.172 menores atendidos durante el año 2018, 1.376 eran menas, algo que evidencia la magnitud del problema que sufre la región y que debe ser «atendido de inmediato». El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, define esta situación como «compleja» y pide, en la memoria del organismo, una solución de «profundo calado y magnitud internacional en la que participen los países de la Unión Europea». La situación lleva enconada sobre todo desde hace, aproximadamente, un año y medio; sin embargo, sucesos como el ocurrido esta semana en el centro de primera acogida de Hortaleza ponen aún más de relieve la preocupación manifestada por el Ministerio Público madrileño. Como adelantó ABC, alrededor de una treintena de jóvenes dominicanos asaltaron el espacio para enfrentarse físicamente con los menas magrebíes allí acogidos, supuestamente en represalia por el robo de un móvil. El constante flujo ha obligado a cambiar la finalidad de los centros de primera acogida. En este sentido, explica la Fiscalía, es «inviable», por las necesidades y el perfil de los jóvenes, llevar a buen puerto el proyecto educativo que los adolescentes necesitan, tanto para integrarse en el país como para proteger a los otros menores internos, que se encuentra, por diversos motivos, en una situación de riesgo o desamparo. «Se está privando de una atención inmediata de calidad», concluye, tajante, la Fiscalía. Madrid se ha convertido para muchos de ellos un lugar de tránsito, pero también en la ciudad en la que empezar de nuevo y donde quieren asentarse, tras llegar desde otras Comunidades Autónomas. El centro de Hortaleza es el que más sufre este efecto, con una ocupación media (o mejor dicho, sobreocupación) del 156,12%. Pero no es el único, la red asistencial cuenta con residencias, centros, pisos y viviendas. En total, 1.765 plazas (un 11% más que en 2017) que han estado durante todo el año colgando el cartel de completas, con una afluencia media del 95,38%. No significa esto que todos tengan menos de 18 años, sino que el ingreso es necesario hasta que se determina la edad, algo que a veces tarda más de lo deseable. Algunos no tienen la documentación acreditativa correspondiente; otros, se niegan a comparecer ante la Fiscalía para practicar diligencias al respecto. En total, se practicaron 270,49% más que en 2017. De ellos, 75 eran mayores de edad y sobre 18 se abrió el proceso de repatriación.

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