La Fiscalía reclamará sólo a tres de los exconsejeros huidos

La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto pedir en los próximos días al juez Pablo Llarena que, al igual que hizo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont , reactive las euroórdenes sobre tres de los cuatro exconsejeros que huyeron con él hace ahora dos años. Se trata de Toni Comin, Lluis Puig —ambos en Bélgica— y Clara Ponsatí, quien se encuentra en Escocia. Según señalaron a ABC fuentes del Ministerio Público, mientras que Comin y Ponsatí serían reclamados por sedición y malversación de fondos públicos, en un nivel similar de responsabilidad a la que tuvieron los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años, Lluis Puig lo sería sólo por el segundo de estos delitos. Respecto a la cuarta exconsejera huida, Meritxell Serret, la Fiscalía no tiene previsto ni pedir al instructor que la reclame, porque su situación sería parecida a la de los tres exconsejeros que fueron juzgados por malversación y desobediencia y finalmente sólo fueron condenados por el segundo de estos delitos: Santi Vila, Carlos Mundo y Meritxell Borràs. Al no conllevar la desobediencia una pena de prisión —sino sólo multa—, no se contempla la euroorden para estos casos. Lo mismo sucedió en su momento con la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, quien se fugó el día que tenía que comparecer ante el juez Llarena, y tras ser procesada por desobediencia, nunca llegó a ser reclamada por este delito. Mientras que la eurroorden contra Puigdemont fue activada de forma inmediata —el mismo día de la notificación de la sentencia del «procés»—, la Fiscalía ha tenido que analizar de forma pormenorizada cómo puede afectar esa resolución al resto de procesados en rebeldía, no sólo por el delito de rebelión, que ha tenido que ser descartado en la euroorden y modificado por el de sedición, sino en el de la malversación, del que el tribunal excluyó a algunos de los exconsejeros. Actos de ejecución Aunque todos ellos suscribieron el acuerdo por el que asumían de forma solidaria los gastos que promoviera el «Govern» para el referéndum, los magistrados sostuvieron en la sentencia que «la codelincuencia exige algo más que el previo acuerdo de voluntades para delinquir». Es «indispensable», dijo el tribunal, que el copartícipe realice actos materiales de ejecución, algo que no quedó acreditado en cinco casos y que, bajo esta premisa, la Fiscalía ve difícil contemplar para Serret. Por su parte, la otra procesada en rebeldía que también será reclamada es la exdirigente de ERC Marta Rovira, en Suiza, un país en el que no rige la euroorden, sino la extradición, un procedimiento algo más largo.

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