Ayuso amplía su ofensiva judicial contra las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez

Ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional: la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , no ha dudado en llevar sus diferencias de criterios con el Gobierno central ante la justicia cada vez que considera que las políticas de Pedro Sánchez perjudican los intereses de los madrileños. Lo ha hecho contra el currículo de Bachillerato, contra el reparto de fondos europeos, por desacuerdos con las entregas a cuenta del presupuesto de 2019, contra el decreto de ahorro energético y, ahora, contra el futuro 'impuesto de solidaridad', tal y como ha sido llamado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ofensiva del Gobierno de Díaz Ayuso ante los tribunales ha ido aumentando a medida que pasaban los meses. Hasta ahora, se conocía su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo por el currículo de Bachillerato de la nueva Ley de Educación . Un propósito que ya ha comunicado al Supremo: se está a la espera de que la administración de Justicia les facilite el expediente para que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid puedan armar este recurso. Además, está pendiente el fallo de la Audiencia Nacional ante el recurso que plantearon desde la Consejería de Hacienda por los 53 millones de euros que recibieron de menos, según las cuentas de Madrid, en las entregas a cuenta de los presupuestos de 2019. Invasión de competencias Hay en marcha también un recurso ante el Supremo contra los 9 millones de euros que repartió el Ministerio de Trabajo, de los fondos europeos de recuperación, y que las autoridades madrileñas creen que se distribuyeron «discrecionalmente» entre comunidades gobernadas por el PSOE. Noticia Relacionada estandar No Ayuso llevará al Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas de Sánchez S. L. «Es denunciable y reprochable la actitud que se toma contra la economía de Madrid», ha señalado la presidenta regional El último en unirse a este zafarrancho de acciones judiciales fue el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de ahorro energético, que ordena apagar los escaparates a las diez de la noche, entre otras medidas. Dicho recurso se activó a finales de septiembre, basándose en la posible invasión de competencias autonómicas. Precisamente es el argumento que ahora ha utilizado Díaz Ayuso para anunciar un próximo recurso ante el Constitucional contra el llamado impuesto de solidaridad, que consideran una invasión de su bonificación al cien por cien del de Patrimonios. «Solidaridad sería bajarle el precio a la electricidad o el IVA a los productos esenciales, y no despilfarrar en propaganda», defendió ayer la presidenta regional, tras presentar el balance del Plan Infoma, de lucha contra incendios. Otros casos Currículo de Bachillerato Las autoridades educativas regionales comunicaron ante el Tribunal Supremo que iban a interponer un recurso contra el currículo de Bachillerato de la nueva Ley de Educación. Entregas a cuenta No le salían las cuentas al Gobierno madrileño respecto a las entregas a cuenta en los presupuestos generales de 2019: faltaban 53 millones de euros. Por eso, la Consejería de Hacienda llevó el asunto ante la Audiencia Nacional. Ya lo hicieron por el impago de una parte del IVA de 2017, y lo ganaron. Recibieron 425 millones de euros. Decreto energético En septiembre, la Comunidad planteó un recurso ante el Constitucional contra el decreto de ahorro energético, que fija entre otras cosas el apagón de los escaparates. El vicepresidente regional Enrique Ossorio explicó que esperan a la redacción de este nuevo tributo para redactar el recurso ante el Constitucional contra el mismo. Considera que «la Ley Orgánica de Financiación de comunidades autónomas establece que las autonomías tienen la capacidad de regular bonificaciones y tarifas del Impuesto de Patrimonio», por lo que el nuevo tributo del Gobierno central puede «arrebatar esas competencias a las comunidades», lo que haría «evidente el choque de constitucionalidad». Además, también habría otro argumento: el de jerarquía normativa: «La ley citada es una ley orgánica; el Gobierno central, mediante una ley ordinaria, no puede crear ese nuevo impuesto». Un «ataque» Díaz Ayuso insistía ayer en que «lo redacten como lo redacten, este impuesto ya es directamente atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros, dentro de nuestra autonomía, hemos retirado». Una vez que el Ministerio de Hacienda concrete la fórmula para crear este 'impuesto de solidaridad', los servicios jurídicos de la Comunidad tendrán un plazo de tres meses para presentar su recuso, que deberá pasar por consejo de Gobierno previamente para ser aprobado. «Es un impuesto que no es de solidaridad, que es una broma de mal gusto. Solidaridad sería bajarse los sueldos, cosa que no ha hecho el Gobierno; o reducir ministerios, cosa que tampoco hace el Gobierno».

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