Los primeros pasos dados por el PSOE para la constitución de la nueva comisión que deberá hallar un pacto político para la reconstrucción del país van camino de hacer realidad la profecía que esta misma semana lanzó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián: «Seguramente acabe mal». Y es que aunque el nuevo órgano parlamentario fue pactado el pasado lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, los socialistas registraron ayer una propuesta a su medida y de manera unilateral en el Congreso, dejando fuera las sugerencias que vienen trasladando los populares. El descarte más evidente es el del área de libertades públicas que la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, pidió incluir como objeto de debate y pacto. Una reivindicación que cuenta con el visto bueno de Cs. Sin embargo, el texto registrado por los socialistas establece que los trabajos «versarán fundamentalmente» sobre el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la UE. Los socialistas dejan cierto margen a la negociación al establecer también que la labor de la comisión se desarrollará «conforme al Plan de Trabajo acordado y aprobado en su seno». Pero lo cierto es que si PSOE y PP no alcanzaran un acuerdo sobre las materias, los socialistas tienen la capacidad de pactar con sus socios nacionalistas e independentistas e imponer sus tesis. La propuesta del partido mayoritario tampoco recoge otra de las peticiones de los populares en el plano estrictamente formal. Casado fue quién propuso que las negociaciones para el pacto residieran en el Congreso y su partido contaba con mayoría suficiente para registrar la propuesta. Sin embargo, Álvarez de Toledo defendió el martes que dado el espíritu de consenso con el que deberá trabajar la comisión, lo más apropiado era que su creación fuera impulsada de forma conjunta por los grupos parlamentarios. Para ello, propuso a la Junta de Portavoces negociar primero los términos del nuevo órgano y desde ese acuerdo impulsar la iniciativa. Los socialistas, sin embargo, han preferido adelantarse y registrar su propia propuesta solo acompañados por Podemos. Medidas a elevar al plano Otra de las cuestiones que evidencian que el partido mayoritario busca imponer su modelo y negociar lo mínimo es en la composición de la nueva comisión. Los socialistas proponen dar asiento a cada uno de los once partidos más pequeños de la Cámara pese a que extrapolando la aritmética del hemiciclo solo les correspondería sentarse a dos de ellos. Esta mayor presencia dispararía los miembros de la comisión hasta los 46 diputados frente a los 37 miembros con los que cuentan las demás comisiones y que viene proponiendo el PP. La mayoría de los pequeños partidos han sido o son socios del Gobierno. Los socialistas tampoco recogen que el objetivo de la comisión sea la búsqueda de un sólido acuerdo político sino «la recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar». Tras ello, elaboraría un dictamen que solo requeriría la aprobación del pleno por mayoría.
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