España mantendrá los controles en las fronteras terrestres al menos hasta el 15 de mayo, medida vinculada al estado de alarma que está permitiendo filtrar y reducir al mínimo las entradas al país así como limitar las salidas a los desplazamientos imprescindibles. Dentro de este cierre, vuelve a especificarse la clausura de los puestos de Ceuta y Melilla y que no es aplicable a los de Andorra y Gibraltar, donde no obstante se vigila que los viajes respondan a los criterios de esencialidad impuestos en todo el estado. Siguiendo las indicaciones de prórroga de la Comisión Europea, el Boletín Oficial del Estado amplió ayer la vigencia de la orden ministerial activa desde el pasado 22 de marzo y también el catálogo de excepciones a las que no podrá denegarse el acceso a España. Así, se dispone que, aparte de autorizarse la entrada a ciudadanos de la UE que se dirijan «directamente» a su lugar de residencia, recibirán igual trato «su cónyuge o pareja de hecho, así como ascendientes y descendientes que vivan a su cargo». Al margen, otra novedad es la inclusión de los «trabajadores de barcos de mercancías» como parte de los que podrán cruzar las fronteras junto a los ya previstos, como «profesionales sanitarios o del cuidado de mayores», para los que se especifica que tendrán esa libertad cuando «vayan a trabajar o vuelvan del trabajo». La lista de excepciones la completan los «trabajadores transfronterizos», «transportistas», «personal de vuelo necesario en los viajes», diplomáticos, militares, miembros de organizaciones internacionales o humanitarias «en el ejercicio de sus funciones», así como quienes viajen por motivos «imperativos» o de fuerza mayor acreditados. Los españoles y residentes en España pueden atravesar las fronteras terrestres sin ningún tipo de limitación. La supervisión del cumplimiento de estas medidas está a cargo de Guardia Civil y Policía Nacional, que ayer comunicó que en las últimas 24 horas se habían realizado controles a 15.777 vehículos, a 300 de los cuales se denegó la entrada. También se llevaron a cabo tres detenciones. El cierre de los puestos de las dos Ciudades Autónomas por parte de España es posterior al que decretó Marruecos, cuyas autoridades no permiten la entrada al país ni de sus propios ciudadanos, como lo demuestra que cerca de 200 de ellos permanecen alojados en un pabellón polideportivo de Ceuta. Hay que sumar además a los menores no acompañados, que una vez apartados de las calles en ejecución de las normas de confinamiento, han desbordado el centro de acogida y se reparten en otro pabellón y tiendas provisionales. El presidente de la Ciudad, Juan José Vivas, cifró esta semana en medio millón de euros al mes el coste de estos dispositivos extraordinarios.De España https://ift.tt/2KnIaEH
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