Cuando la alarma pase, ¿qué grado de libertad e intimidad aceptaremos sacrificar para combatir futuras pandemias con estrategias como la geolocalización masiva o el distanciamiento social? Es el viejo debate entre libertad y seguridad -ahora seguridad médica- que ha mantenido en tensión al Occidente libre durante los tiempos de guerra y posguerra, y en su lucha contra el terrorismo. Alarma y desvergüenza «El estado de alarma está para casos como éste», señala el exministro de Justicia Rafael Catalá. «Se ha manejado como la Constitución establece. Otra cosa es la desvergüenza política: las ruedas de prensa tuteladas son intolerables, o promover ahora la despenalización de las injurias a la Corona». Catalá afirma que «en el primer y el último Decreto ley, el 60% del texto son argumentos del 15-M para que la gente no pague la hipoteca y se olvidan por completo de autónomos y pequeños empresarios». Catalá advierte de que «no somos China, ni Corea», y que «la geolocalización permanente contradice los más básicos principios constitucionales y carece de legitimidad política y jurídica. La libertad de movimientos así como la protección de datos son bienes superiores». El exnotario mayor del Reino habla de «desconfianza» incluso en el caso de que la administración se comprometa a tratar nuestros datos de un modo no personalizado. «Una vez tienen la información es muy fácil que cualquier frontera se traspase». El juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, matiza que «en el clásico debate entre seguridad y libertad se ha añadido un tercer factor, que es la salud, que da un margen no sólo para que el Estado proteja a sus ciudadanos, sino para que los ciudadanos entiendan que en algo tienen que ceder si quieren ser protegidos eficazmente». Pero subraya «que hay que poner límites a la inherente tentación de cualquier Estado de intervenir aún más en nuestras vidas» y por ello deja claro que cualquier actuación «ha ser fiscalizable y tener cobertura jurídica». ¿Ceder libertad a cambio de seguridad? El catedrático de Penal Fermín Morales, uno de los primeros en estudiar las implicaciones jurídicas de la nueva tecnología, es el jurista que más ha contribuido a la protección de la intimidad frente a la injerencia del poder público. Sostiene que el estado de alarma «es un estado de excepción encubierto» y que el encierro se parece al «toque de queda». De concretarse la geolocalización permanente dice que «estaríamos en Orwell». Cree que «el principal reproche lo merece la OMS, que comparó el Covid-19 con una gripe» y que «antes de suspender derechos constitucionales tiene que funcionar la prevención y los demás organismos internacionales. Para prevenir futuras pandemias ¿es preciso renunciar a derechos y libertades?. Por supuesto que no». Como Catalá, advierte de la amenaza que para la libertad individual supone la utilización de nuestros datos, pero es pesimista al recordar que «en aras del desarrollo tecnológico, no hemos sabido definir ni defender la intimidad del internauta, que es su anonimato. En Estados Unidos, por ejemplo, hay encriptaciones que se consideran sospechosas de actividad terrorista». Políticos o Técnicos El sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, sitúa el debate en quién gestiona nuestros datos. «Si son técnicos de forma anónima, cederemos parte de nuestra intimidad, pero si hemos de dejarlos en manos de políticos que pueden ser Pablo Iglesias, preferiremos asumir el riesgo de morirnos». Y esta advertencia: «A la democracia representativa habrá que ponerle límites, tal como les quitamos a los militares la decisión de ir a una guerra. Estas crisis son demasiado serias para dejarlas en manos de políticos, y al final Fernando Simón ha actuado como un político». El debate llega tarde José Luis Piñar dirigió la Agencia Española de Protección de Datos y advierte de que «si hoy hablamos de geolocalización a través del móvil es porque ya se puede. No hace falta hacer más que pulsar un botón». Piñar exige «respeto a la Ley y al Derecho, y más aún cuando es necesario limitar temporalmente, que no suspender, algunos derechos». Le preocupa que «las medidas de control y vigilancia que se están tomando vayan más allá en tiempo y finalidad. Una vez superado el estado de alarma han de recuperarse de inmediato todos los derechos fundamentales, no sólo la libertad de circulación, sino también la privacidad». Cita a Westin en su demoledora sentencia: «Las dictaduras quieren ciudadanos de cristal en opacas administraciones, y las democracias, ciudadanos opacos y administraciones cristalinas ». Y afirma: «Ningún gobierno debería tener la más mínima posibilidad de seleccionar a quien espía». Más cohesionados Michavila es optimista sobre el tipo de sociedad que seremos: «Se reforzará la confianza en la gente. Lo irreal era creernos intocables y dar nuestra supervivencia por garantizada». Cree que «con esta crisis volveremos de nuevo a la tribu, y a una sociedad más cohesionada. Ya hemos empezado a ceder intimidad: hablamos con nuestros vecinos, necesitamos que nos vean hacer gimnasia en el balcón para mostrarles que estamos vivos». Opina que el Covid-19 demuestra que «la gente, cuando le explicas las cosas, da más de lo que le pides y es capaz de colaborar en grandes sacrificios». Y aventura que «habrá una presión brutal sobre los políticos a partir de ahora, un escrutinio de calidad, y un lógico y necesario repliegue de la política en muchísimos ámbitos, en pro de los expertos». «Esta trágica situación hace evidente la necesidad de un Estado Social fuerte, con capacidad de atender la salud también en casos de pandemia» Fermín Morales reivindica «ejercitar un pesimismo activo, que reclama anticipación y lucidez; y que el reto es analizar la incertidumbre desde unos postulados mínimos de certeza. No se sale impunemente de varios siglos regidos de culto al progreso, dando por supuesto que el orden iba a reinar eternamente. Es preciso el regreso al conocimiento (Muñoz Molina), y yo añado que con medios y reconocimiento social: identificar a nuestros médicos e investigadores, cuidarlos y venerarlos». El catedrático pide que «no dejemos que “1984” acabe de materializarse». José Luis Piñar entiende que «volveremos a la normalidad, pero cuando se nos pase el miedo tendríamos que conservar las herramientas para poder reaccionar ante la próxima crisis». ¿Es tan importante la vida? El catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, no cree que el debate importante sea el clásico entre la libertad y la seguridad. Opina, como Morales, que la geolocalización masiva «no es en absoluto necesaria» pero que la cuestión clave es «si no damos demasiada prevalencia al derecho a la vida frente a otros derechos» y si es razonable «para salvar unos miles de vidas, tomar medidas que conduzcan a una crisis económica y social de magnitud inusitada y que afecta a millones de personas. Es un dilema moral muy difícil de solucionar». Por otro lado, sostiene que «esta trágica situación hace evidente la necesidad de un Estado Social fuerte, con capacidad de atender la salud también en casos de pandemia. No hay alternativa a la economía social de mercado, pero su buen funcionamiento necesita que el Estado regule bien la competencia para que ésta sea efectiva y, además de garantizar en lo posible el empleo, tenga un buen seguro de paro, pensiones de jubilación, buena sanidad y enseñanza pública. La reforma fiscal es necesaria para todo ello». En el terreno político, le preocupa el auge de los populismos que dan soluciones técnicamente equivocadas pero mediante una demagogia que convence a muchos incautos. «Los que ahora salen al balcón para aplaudir al mundo sanitario pueden volver salir aplaudiendo a quienes dicen que la culpa es del Íbex, de los bancos o de las grandes empresas». En cambio, ve que «el populismo independentista queda desacreditado porque las pandemias requieren soluciones globales, no locales».De España https://ift.tt/34dKkju
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