El Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo remite a las explicaciones que ofreció ayer en rueda de prensa el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en relación a su parecer, expresado un día antes en Twitter, sobre la sentencia que condena a su compañera de partido Isabel Serra por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños en una protesta. Considera, de acuerdo a las fuentes consultadas, que «ya ha dado las explicaciones pertinentes», a pesar de que esos mismos argumentos son los que han sublevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). que ayer cargó contra Iglesias tanto por el tuit como por las palabras de su comparecencia, al entender que «generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales». Esa es la posición del departamento de Campo, que no entra en el asunto pero añade: «Nadie puede puede tener duda del apoyo total del Ministerio de Justicia al trabajo de los jueces y magistrados». Y lo que dijeron ayer esos jueces y magistrados por boca de su máximo órgano de representación es que Iglesias ha utilizado «un tono ciertamente inapropiado» para un cargo de su nivel, al referirse a la sentencia sobre Serra. Primero, cuando en Twitter se dijo invadido por «una enorme sensación de injusticia» y tras apuntar que «las sentencias se acatan (y en este caso se recurren)», expresó lo que, dice, es el sentir popular: «Que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso». Después, cuando ayer remató la faena preguntado en rueda de prensa. «Estoy absolutamente convencido de que el Tribunal Supremo va a dar la razón a Isabel Serra». Explicó que él se limita a «trasladar algo que piensa mucha gente en la sociedad», reservándose su opinión particular sobre el fallo -«se la puede usted estar imaginando»-, precisamente, «por prudencia». Defendió que, en todo caso, «en democracia no está prohibido criticar las sentencias, mucho menos cuando son susceptibles de recurso». Esas son las «explicaciones pertinentes» a las que se refiere el Ministerio de Justicia. Campo se quita así de en medio en una polémica que tiene aristas -como el silencio de la Comisión Permanente ante críticas más contundentes de otros cargos políticos-, que acaba salpicando a todo el Gobierno y que puede ir a más. Por un lado, se suma al hecho de que Iglesias respaldó hace unos días una protesta contra otra institución del Estado, la Corona, y reivindicó la república desde su posición de vicepresidente del Ejecutivo en una Monarquía Parlamentaria. Por otro, los antecedentes de encontronazos con los jueces. El líder de Unidas Podemos tiene el dudoso récord de sumar dos declaraciones de la Comisión Permanente deplorando sus afirmaciones en 100 días en el poder -la primera, en enero, cuando dijo que en Europa se «humillaba» a los tribunales españoles a cuenta del «procés»-, pero ya en 2016 hubo de limar su propuesta electoral en Justicia porque las asociaciones de la carrera se le echaron encima: veían un intento cercenar la independencia judicial. La relación no parece que vaya a mejor: ayer salieron en tropel dirigentes y miembros del partido como Pablo Echenique cargando contra el CGPJ. El diputado Jaume Asens llegó a tachar de «ilegítimo» el comunicado. En Moncloa, mientras, silencio. Aquella primera vez en que los jueces reprendieron a Iglesias, la ministra de Justicia, Dolores Delgado (hoy fiscal General) no hizo comentarios, pero el Ejecutivo lanzó un comunicado situándose en una «actitud de diálogo, dentro del respeto a la libertad de expresión y el derecho a la crítica». «Más allá de la crítica» Para la Comisión Permanente del CGPJ, las últimas declaraciones de Iglesias «más allá» de ese «legítimo derecho a la crítica» que en su día mencionó Moncloa, «generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera». «No solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la justicia», añadía la nota, respaldada por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes; y los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda. El vocal Rafael Mozo votó en contra.De España https://ift.tt/351zVaU
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