martes, 7 de abril de 2020

Batet cede ante la presión del PP y acepta reabrir el Congreso

Tras tres semanas de suspensión progresiva de la actividad del Congreso, ayer su presidenta, Meritxell Batet, cambió el paso y anunció a la Junta de Portavoces la recuperación paulatina de las funciones de la Cámara. El miércoles de la semana que viene tendrá lugar una sesión de control al Gobierno en la que los grupos de la oposición podrán formular sus preguntas al presidente y los ministros así como plantear interpelaciones. Batet también adelantó que las mesas de las comisiones empezarán a ordenar sus trabajos para reanudar sus convocatorias y que la congelación de los plazos reglamentarios será levantada la semana que viene. De este modo, el Ejecutivo volverá a estar obligado a contestar por escrito a los diputados y entregarles la documentación o informes que estos le soliciten en plazo, las leyes urgentes volverán a tramitarse y la oposición podrá plantear sus enmiendas a los proyectos de ley que el pleno acordó tramitar por la vía de urgencia. Órdago de Casado La rectificación de la política socialista se produce después de que el presidente del PP, Pablo Casado, advirtiera que su grupo no apoyaría la nueva prórroga del estado de alarma mientras la Cámara mantuviera suspendidas sus funciones. El líder de la oposición decidió redoblar su ofensiva contra el cierre del Congreso después de denunciar durante tres semanas el boicot que estaba sufriendo la oposición al perder la capaciadad de plantear iniciativas y controlar al Gobierno. Ayer por la mañana, los populares fueron aún más allá y presentaron un plan para la reapertura inmediata de la Cámara concretando la recuperación del control al Gobierno, la actividad de las comisiones, y la tramitación reglamentaria que, básicamente, es el que anunció la presidenta del Congreso por la tarde, a pesar de que el Ejecutivo lo había descartado por la mañana. La rectificación es, por tanto, doble, de Congreso y Gobierno, ya que tan solo unas horas antes la ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguraba que la comparecencia del presidente del Ejecutivo cada quince días en el Congreso para prorrogar el estado de alarma era suficiente para cumplir con el sometimiento a la Cámara. Por ello, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo sentirse «reivindicada» y destacó que la reapertura del Congreso Cámara es una «victoria de la presión democrática y del PP en favor de los derechos de todos» a celebrar no solo para su grupo sino «para todos los demócratas». «El Congreso ha rectificado de la misma forma que el Gobierno tuvo que rectificar sobre la censura que aplicaba a los medios de comunicación en las ruedas de prensa de La Moncloa», subrayó tras la reunión de la Junta de Portavoces. La dirigente popular confirmó así el apoyo de su grupo a la prórroga del estado de alarma pero dejó en el aire su voto a los nuevos decretos-ley de materia económica aprobados por el Gobierno. Entre los argumentos esgrimidos por Álvarez de Toledo destacó también la equiparación de los parlamentarios con cualquier otro ciudadanos que presta una labor esencial. «No somos de mejor condición que tantas personas que están luchando en primera línea contra el coronavirus. Somos sus representantes y tenemos que tener los mismos compromisos y la misma responsabilidad», resaltó. A pesar de la victoria política que se anotó el PP, hubo dos cuestiones que Batet no admitió. La primera es la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los últimos cuatro consejos europeos. La ley obliga al jefe del Ejecutivo a dar cuenta al Congreso de los acuerdos adoptados en cada uno de estos cónclaves y el líder socialista está eludiendo su deber. La otra reclamación del PP fue elevar el número de diputados que pueden asistir a las sesiones plenarias, manteniendo las medida de seguridad. Sobre esta cuestión la Junta de Portavoces sí acordó debatir un nuevo porcentaje, más elevado. Vox e incluso Bildu Durante estas últimas semanas, también la secretaria general del Grupo Vox, Macarena Olona, ha denunciado con dureza lo que ha considerado una «vulneración del estado de Derecho» en línea con la posición de los mayoría de los constitucionalistas consultados. La presión era tan elevada que ayer Unidas Podemos trasladó que veía con buenos ojos la recuperación de la actividad parlamentaria e incluso Bildu se unió a la reclamación del control al Gobierno.

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