Diecisiete años después de que el petrolero «Prestige» se hundiera frente a las costas gallegas, prácticamente nadie ha abonado la factura por la peor marea negra a la que se enfrentó España. En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil de la catástrofe. El impacto económico se cifró en 1.500 millones de euros. Tras añadir los intereses legales y de demora, la cuantía de las indemnizaciones alcanzó los 2.495 millones de euros. Pero tras los pagos ordenados esta semana (51,7 millones) y los ya realizados, por el momento sólo llegarán a los perjudicados 172 millones. La abogacía del Estado litiga en Londres para conseguir otros 855 millones y el resto -unos 1468 millones- se da ya por perdido. La mayor parte de los responsables de la catástrofe medioambiental que tiñó de negro la costa gallega son insolventes. El principal culpable del accidente, para el Tribunal Supremo, fue el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras. Tras el largo proceso judicial, en 2016 fue condenado a dos años de prisión por delito contra el medio ambiente. Se le responsabilizó del vertido de unas 63.000 toneladas de fuel que llegaron también a puntos del País Vasco y la costa francesa. En la sentencia, el Supremo lo consideró responsable civil de la catástrofe y declaró que tendría que afrontar las indenmizaciones. Pero Mangouras, que acaba de cumplir 85 años, no tiene dinero para resarcir a los afectados. También fueron infructuosos todos los intentos realizados para que la armadora del petrolero, Universe Maritine, que ni se presentó al juicio, pagase la factura. «Hace ya diez o quince años intentamos un embargo sobre los bienes de la armadora en Grecia y fue imposible, los griegos no colaboraron en absoluto. También intentamos embargar el seguro de la carga del «Prestige» sin éxito», explica Álvaro García Ortiz, fiscal encargado del caso. Otra vía que se agotó fue la de reclamar dinero a ABS, la sociedad clasificadora —una especie de ITV para los barcos—que certificó que el «Prestige» estaba en condiciones para navegar. Primero el País Vasco y después el Estado español iniciaron un pleito en Nueva York en el que reclamaban unos mil millones de dólares. Pero tras siete años de proceso, los tribunales estadounidenses decidieron que no eran competentes para analizar el tema. A la clasificadora ya nadie le reclama actualmente cantidad alguna por haber permitido navegar a un barco «envejecido y con deficiencias operativas», según lo describe la sentencia del Supremo. La única esperanza abierta para los afectados es que responda la aseguradora The London P&I Club, que el Supremo considera responsable civil directa, como Mangouras. Sobre la propietaria del buque Mare Shipping Inc recayó la responsabilidad civil subsidiaria. Hasta el momento la aseguradora sólo ha hecho frente a 22,7 millones de euros, que depositó ya hace 17 años en el juzgado de Corcubión nada más producirse el accidente. Pero hasta hace unos días, el juzgado no ha ordenado que el dinero llegue a los afectados. «No se podía dar antes», explica Álvaro García Ortiz, dado que hubo que esperar a la sentencia firme y a la que ordenó su ejecución. Para llegar a los 172 millones que recibirán los afectados, hay que sumar los 147,8 que le corresponden al Fondo Internacional para la indemnización de daños causados por hidrocarburos (Fidac) que ya había pagado una parte y ahora debe desembolsar otros 27,1 millones. Y añadir también 1,8 millones de euros que Repsol obtuvo al vender el fuel que recuperó del pecio del «Prestige», hundido a 4.000 metros. España reclama a la aseguradora unos mil millones de dólares —855,5 millones de euros descontados los 22,7 consignados—. Pero la batalla legal, iniciada por la Abogacía del Estado en Londres, para conseguirlos es enrevesada. «En España estamos acostumbrados al tema de los coches, si haces una cosa lo paga la aseguradora y punto. En el derecho inglés no es así», indica García Ortiz. Los británicos funcionan con un principio denominado «pay to be paid», según el cual primero tendría que abonar el dinero Mangouras y después The London P&I Club se lo daría al capitán. Para complicar aún más las cosas, la aseguradora del «Prestige» no reconoce que el Estado español tenga legitimidad para reclamarle nada. Anticipándose a la sentencia del Suremo puso una demanda en los tribunales ingleses que acabaron por darle la razón. Tras el pleito de la Abogacía del Estado, The London P&I Club ha vuelto a demandar a España porque se ve agraviada. Habrá que esperar a ver que decide la justicia británica para ver si la factura impagada del «Prestige» no pasa de los casi 1.500 millones a los 2.323.De España https://ift.tt/35R4tLO
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