Dos alternativas

Las infraestructuras, al igual que cualquier otro servicio cuya garantía de prestación depende de una administración pública, pueden financiarse a través de los impuestos de todos o bien a través de las tasas que pague quien use esas obras. Dos alternativas que en esencia resumen las dos grandes corrientes ideológicas que conviven en el sistema político occidental. Nunca le pidan a un liberal que justifique que se socialice el gasto ajeno. Ni esperen que un socialdemócrata entienda que cada uno tiene que hacerse cargo de su propia factura y que esa es la mejor forma de incentivar el progreso, tanto a nivel individual como colectivo. En este país, con una cultura política históricamente muy escorada a babor y con escasas influencias anglosajonas, la primera alternativa está prácticamente desterrada del debate público. Aquí, cada año por estas fechas, nos limitamos a sumar lamentaciones por el desaforado aumento de las tarifas de la AP9 y tirios y troyanos se enzarzan en una bizantina discusión sobre quién tiene mayor responsabilidad en el desaguisado. Pero ninguno se acuerda de subrayar que nada es gratis. Y esa es la clave de bóveda. La decisión sobre cómo se sufraga una obra o quién paga un servicio. Es cuestión de prioridades. Sí, las tasas tienen muy mala prensa, pero lo cierto es que han sido, son y serán siempre la alternativa más eficiente desde un punto de vista económico. Financiar una infraestructura exclusivamente a través de impuestos implica dejar de gastar el presupuesto en otras prioridades o aumentar los impuestos. Y un aumento de los impuestos reduce la renta disponible de los consumidores, con lo que se reduce el consumo privado y ello empuja la curva de demanda agregada hacia la izquierda. Siempre. Es economía. Un principio básico que cualquier estudiante de la disciplina interioriza en primero de carrera. También las consecuencias que ello tiene. Pero, además, las tasas por servicios son la fórmula más justa socialmente. Paga quien usa un servicio y queda exento quien no lo hace. Trasladado al debate de las infraestructuras. Un lucense que lleva décadas esperando por una prometida autovía a Santiago no tendría que sufragar la movilidad de un compostelano que viaje a Vigo. Alguien podría alegar que ese tipo de argumentación conduce a la insolidaridad entre territorios y entre personas. Pero no se trata de solidaridad. Se trata de decidir quién paga la factura. Y el sentido común, además de la ciencia económica, dicta que debe hacerlo quien genera ese gasto. Esa debería ser la pauta habitual para financiar cualquier infraestructura y también, sí, cualquier otra prestación de la administración pública. Con todos los matices que se quiera. Con cheques fiscales para las rentas que no puedan acceder a un determinado servicio que se considere esencial. Con ayudas directas a quien necesite perentoriamente una determinada prestación. Pero con una intervención pública limitada en cualquier caso. En cualquier faceta. Las cuotas y el control de precios siempre generan ineficiencias económicas. Las limitaciones a pisos turísticos en Santiago lo harán. El establecimiento de un precio máximo del alquiler que algunos han llevado al debate político nacional también lo harían. La determinación de un precio mínimo para la comercialización de la leche sería otro error garrafal. Al igual que lo ha sido la desmesurada subida del salario mínimo. La intervención política imposibilita transacciones mutuamente beneficiosas entre operadores privados. En cambio, si la administración no actúa, el mercado, por sí mismo, tiende al equilibrio. Aunque no sean populares en culturas políticas como la nuestra, hay axiomas fácilmente demostrables y que ya han sido contrastados en otras latitudes. La administración debe garantizar la provisión de determinados servicios, aquellos que se consideren esenciales. Garantizar la prestación y facilitar el acceso de todos. Pero no todos deben pagar por todo. Aunque tengan mala prensa, las tasas y los peajes siempre serán más eficientes económicamente que las decisiones gubernamentales de socializar el gasto en infraestructuras.

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