El Gobierno de Pedro Sánchez vendió este lunes normalidad y optimismo en su relación con Cataluña y anunció el desbloqueo de una inversión millonaria para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Este punto no estaba en la agenda del día y fue anunciado de forma inesperada por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien explicó que la obra contaría con una abultada inversión de 1.700 millones de euros. Pese a ello, el tono y el contenido del encuentro no cumplió con las expectativas de la delegación catalana, que calificó de «insuficiente» el resultado de la cita. Si bien la ministra no dio un calendario en torno a la inversión anunciada en Barcelona, sí señaló que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 30 de septiembre, paso previo a su traslado a la Comisión Europea. Según los cálculos del Ejecutivo, la ampliación hará crecer más de dos puntos el PIB catalán, creará 365.000 empleos (83.000 directos) y convertirá el eje de Barcelona-Madrid en uno de los nodos de aviación más importantes del mundo, habida cuenta de que estará estrechamente relacionado con la transformación de Barajas, también prevista. Aunque el traspaso de la gestión de la terminal a Cataluña era una de las 56 exigencias planteadas por el Gobierno de Pere Aragonés, Rodríguez matizó que este extremo no fue «objeto» de la reunión bilateral. Más allá del proyecto del aeropuerto, que ya había sido tratado y desarrollado de forma particular por el Ministerio de Transportes, el encuentro sirvió para sentar las bases de la nueva relación entre los Gobiernos central y autonómico en algunas cuestiones, aunque las lecturas posteriores fueron bien distintas. Rodríguez aseguró ante la prensa que en la comisión no se trataron asuntos políticos, como un hipotético referéndum de autodeterminación en Cataluña, y versó únicamente sobre temas relacionados con la agenda social y ciudadana de Cataluña. Lo relativo a la independencia queda aplazado, en principio, a «la mesa de diálogo» prevista para septiembre. Lo cierto, no obstante, es que este proyecto no es una novedad y el Plan Director ya fue anunciado en 2016 por el entonces ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (PP). Si no vio la luz fue, precisamente, porque los independentistas y Ada Colau se opusieron. Becas y 200 millones La ministra explicó que se pactaron cinco temas que tienen que ver con la relación entre las administraciones y el traspaso de competencias. Así, se acordó la constitución de un grupo de trabajo para reducir la «conflictividad institucional», es decir, evitar que los litigios de competencias acaben con la impugnación de normas del Govern o en el Tribunal Constitucional. Rodríguez también informó de la activación de la Comisión Mixta de Transferencias para traspasar la concesión de becas y ayudas al estudio, que entrarían en vigor en el curso 2022-2023 con una dotación de 44 millones. En septiembre se estudiará la viabilidad económica de lo que queda por traspasar del servicio de Cercanías. En paralelo, para abordar la viabilidad para hacer lo propio en torno a la formación sanitaria, el MIR, Salvamento Marítimo, inspección de trabajo, el ingreso mínimo vital y el resto de las exigencias de la Generalitat se pondrá en marcha un grupo de trabajo que estudiará cada caso. La Comisión Bilateral sirvió igualmente para reactivar la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales y la Comisión sobre inversiones estatales en infraestructuras. Referido a la inversión en infraestructuras, y en referencia a lo que señala la Disposición Adicional 3ª del Estatuto, la ministra anunció que el Gobierno prepara un montante de 200 millones de euros, de los cuales cien serán a corto plazo y el resto, antes de final de año, en dos paquetes de 50 millones. Una cifra que, en cualquier caso, no satisface las exigencias del Govern que, tras las palabras de la ministra, elevó a 3.800 millones de euros la cantidad que el Estado «debe» a la Generalitat por la Disposición Adicional 3ª. La titular de Política Territorial reconoció que la Generalitat intentó colar entre los temas a tratar el reparto de los fondos europeos, pero dijo que este asunto se eludió «en aras de la transparencia» y por respeto al resto de comunidades autónomas. De hecho, el encuentro tuvo lugar unas horas después de que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tratase en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación los detalles del plan enviado a Bruselas con todas las comunidades. La premisa del Gobierno catalán es que la gestión de este montante ha de tratarse de forma bilateral con el Ejecutivo. «Insuficiente» El sonriente optimismo de la ministra Rodríguez contrastó de pleno con la sombría valoración que hizo la delegación catalana tras salir de la reunión en el Ministerio de Política Territorial. «Insuficiente». Esa fue la palabra en la que coincidieron –y repitieron– tanto el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, como la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, para valorar la cita desde la sede del Govern en la capital. Ambos representantes advirtieron además del riesgo de que el encuentro de ayer acabe conduciendo a nuevos incumplimientos y lanzaron un aviso: la Bilateral no puede «normalizar» la situación política. «Queremos muchos más traspasos», añadió Vilagrà antes de alertar que el Govern no quiere tener sensación de ‘déjà vu’. En la misma línea se expresó Puigneró, quien verbalizó también su malestar por no haber podido hablar de los fondos europeos post-pandemia en la cita celebrada en Madrid. Desde la Generalitat también se destacó que la imagen de la reunión, a la que acudió la ministra de Política Territorial junto a varios secretarios y subsecretarios de Estado, no significa en absoluto que se haya «normalizado» la situación política catalana. «No queremos que esta Comisión sea moneda de cambio de nada ni se mezcle con la mesa de negociación», resumió Vilagrà, quien aprovechó la ocasión para poner sobre la mesa, una vez más, las dos exigencias básicas que el independentismo llevará tras el verano a la «mesa de diálogo» entre Gobiernos: amnistía y autodeterminación. La reunión celebrada este lunes también dibujó el calendario que seguirá la recién estrenada dinámica bilateral entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Generalitat en manos de ERC. En octubre se reunirá el grupo de trabajo para analizar los 56 traspasos que reclama el Govern, entre los que también se encuentra el polémico cierre de la Jefatura Superior de Policía Nacional situada en la Vía Layetana de Barcelona, una petición independentista a la que se ha sumado recientemente el gobierno de Ada Colau. Por otra parte, en noviembre se constituirá y reunirá la Comisión de Infraestructuras, y en diciembre, la de Asuntos Económicos y Fiscales. Todo ello, para llegar a una nueva reunión de la Comisión Bilateral que, previsiblemente, traerá consigo nuevas demandas.De España https://ift.tt/3A84rhR
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