El crédito político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se agota. El Congreso le autorizó ayer, por cuarta vez, a prorrogar el estado de alarma pero toda la oposición se unió en la exigencia de un plan B que permita seguir luchando contra el virus con mayor respeto para los derechos y libertades de los ciudadanos. El líder socialista sacó adelante la prórroga con una mayoría absoluta de 178 votos a favor (PSOE, Podemos, Cs, PNV y los partidos regionalistas) frente a 75 votos en contra (Vox, ERC, Junts, Cup y Foro) y 97 abstenciones (PP, Bildu, Navarra Suma y BNG). Pero el abultado número de «síes» es solo un espejismo temporal. El rechazo al estado de alarma creció por tercera vez consecutiva y la mayoría resultante fue la menos amplia de las cosechadas hasta ahora. Será, además, la última con carácter absoluto ya que el presidente del PP, Pablo Casado, advirtió de que votará en contra de una nueva extensión. «Si no es capaz de encontrar en quince días un plan ajustado a la legalidad y libertad de los compatriotas, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición», avisó. Hay alternativa Con más o menos contundencia, ésta fue la tónica general de la jornada. Toda la oposición cuestionó que el estado de alarma sea la única fórmula jurídica para hacer frente al virus, como sí volvió a defender Sánchez. Los distintos representantes parlamentarios coincidieron en que existen leyes de rango ordinario que permiten limitar los derechos de libre circulación o reunión en una situación de pandemia, y que no es necesario acudir a un estado de alarma que eleva los poderes del Gobierno. Además, compartieron la crítica de que el Ejecutivo sigue actuando con unilateralidad y sin diálogo, imponiendo medidas pero exigiendo después apoyo. La idea central trasladada no fue tanto contra el estado de alarma sino contra la gestión del mismo que está haciendo el Ejecutivo socialista. Y si alguien creía que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, estaba dispuesta a cuadrar las cuentas del Gobierno de aquí en adelante se dio un baño de realidad. «Esta no es una prórroga para tres meses sino para quince días», advirtió. La líder naranja —en avanzado estado de gestación— acudió por primera vez al Congreso desde el estallido de la pandemia para enmarcar su apoyo al estado de alarma únicamente en el interés general y dejar claro que no existe ningún acuerdo de legislatura con el PSOE. Casado, mucho más severo, acusó a Sánchez de abusar de los poderes adquiridos y aplicar un estado de excepción encubierto. El presidente popular recordó que solo una minoría de países europeos ha utilizado medidas similares al estado de alarma para hacer frente a la pandemia, mientras la mayoría ha aplicado leyes de rango ordinario y han logrado contener eficazmente la enfermedad. Para el líder de los populares, Sánchez ha gestionado la pandemia de la peor manera posible. Aún más lejos volvió a ir el presidente de Vox, Santiago Abascal, que llegó a coquetear con la presentación de una moción de censura contra un Ejecutivo que consideró «ruinoso», si el PP no da antes el paso. El político vasco cargó con contundencia contra la suspensión del derecho de manifestación y anunció que hoy mismo solicitará permiso para convocar una movilización que respete las normas sanitarias. Especialmente duro fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quién coincidió con Casado y Abascal al acusar al presidente de «mentir». «Hay alternativa al estado de alarma», cargó, advirtiendo que su voto en contra se debe a la negativa de La Moncloa a negociar. Durante toda la desescalada Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, celebró la actitud negociadora demostrada hacia su grupo pero instó al jefe del Ejecutivo a ir «preparando» la vuelta a la normalidad. Hizo hincapié en que no se puede convertir «una situación de excepcionalidad en algo permanente» y puso en duda las amenazas del Gobierno. «En ninguna cabeza cabe que vayan a desaparecer ayudas sociales o los ERTE con el estado de alarma», afeó. El presidente, sin embargo, hizo oídos sordos y apuntó a que seguirá solicitando la extensión de este marco excepcional «hasta que no tengamos una situación epidemiológica semejante en todo el territorio». Es decir, durante toda la fase de desescalada. El horizonte que dibujan los científicos, según Sánchez, es el de mantener el estado de alarma durante «seis u ocho semanas más» aunque «modulando la gradualidad» del desconfinamiento. Su principal argumento es la necesidad de ir revisando el efecto de las medidas de apertura cada dos semanas, mientras se restringe la movilidad. El líder socialista se negó, por tanto, a hacer «experimentos», insistiendo en que el estado de alarma es «indispensable». Siguiendo este hilo, admitió que «tiene en mente» otras fórmulas jurídicas para el futuro pero que éstas no pueden aplicarse todavía. A su juicio, solo hay dos maneras de realizar el desconfinamiento, de manera progresiva con el marco actual o de forma abrupta sin él. «Se trata de elegir entre la unidad o el sálvese quién pueda», reiteró tras advertir a Casado del «error absoluto» de su posición. El jefe del Ejecutivo tampoco atendió a las críticas sobre su falta de capacidad negociadora. «¿Se puede ser más colaborativo, más dialogante? Yo creo que no», consideró al respecto. Brecha con Casado La sesión de este miércoles volvió a aumentar la brecha existente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Sánchez llegó a admitir su falta de conexión y dirigió a Casado un «si pudiéramos hablar más mejor, pero no parece que nos entendamos mucho», que sonó como si sus desavenencias fueran inevitables. Pero lo cierto es que tanto Sánchez como la portavoz socialista, Adriana Lastra, volvieron a dirigir a Casado palabras más gruesas que a los partidos independentistas que rechazaron o se abstuvieron ante la prórroga como ERC, Junts o Bildu. Una diferencia de trato que reprocharon a Sánchez tanto el líder del PP como Arrimadas. Luto oficial, pero no se sabe cuándo Pedro Sánchez accedió por fin ayer a declarar luto oficial en España por los más de 25.000 fallecidos hasta ahora por coronavirus. Sin embargo, el anuncio no tiene ni fecha concreta ni aplicación inmediata ya que no entrará en vigor hasta que «la mayor parte» del país entre en la fase 1 de la desescalada. Los municipios que cumplan los criterios marcados por Sanidad entrarán en esa fase 1 el próximo lunes, cuando se cumplirán dos meses del inicio del estado de alarma por la pandemia, pero aún se se duda de que las dos grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona, puedan hacerlo. El jefe del Gobierno también avanzó la celebración de un homenaje público a las víctimas «en cuanto la integridad del país culmine la desescalada y estemos todos en la nueva normalidad», para lo que tampoco hay fecha. Según Sánchez, el Ejecutivo trabaja en este acto «desde hace semanas».De España https://ift.tt/2YMwcNz
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