La destitución fulminante del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no informar a Interior de la marcha de la investigación abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid; la dimisión del director adjunto operativo, teniente general Laurentino Ceña, junto con el relevo del jefe del Mando de Operaciones, teniente general Fernando Santafé, y las absurdas explicaciones ofrecidas por el ministro Fernando Grande-Marlaska desvinculando los acontecimientos del caso del 8-M han barrido la agenda de una semana en la que el Ejecutivo quería «vender» la aprobación del ingreso mínimo vital como ejemplo de las políticas de la coalición progresista-populista. El Gobierno aparenta cerrar filas, pero sabe que la brecha abierta por la gestión de la crisis del titular de Interior les ha hecho mucho daño, pues se ha dado carta de naturaleza a la sospecha de muchos de que desde el Poder Ejecutivo se quiere influir políticamente en las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad. Para completar el cóctel explosivo, la juez del caso del delegado del Gobierno, Carmen Rodríguez-Medel, ha interpretado todo esto como un ataque contra la independencia judicial. Es una magistrada muy combativa –aún se recuerda su actuación en el caso del máster de Pablo Casado y de Cristina Cifuentes– y ha actuado con contundencia. Primeros recelos Con todo, para entender lo sucedido esta semana hay que remontarse a los primeros meses tras la llegada al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Ya entonces mostró ante algunos de sus colaboradores una cierta desconfianza hacia Pérez de los Cobos, de quien tenía la sensación de que se guardaba información. También podía influir que el coronel había liderado el dispositivo del 1-O en Cataluña y el Gobierno de Sánchez llegaba a La Moncloa de la mano de los independentistas y con críticas a cómo se hicieron las cosas. Esa falta de química, sin embargo, no llevó a Marlaska a relevarlo; es más, en su trato siempre hubo cordialidad hacia él y Pérez de los Cobos tenía la confianza suficiente para llamarle directamente por teléfono. Lo hacía porque tenía prestigio y bagaje para ello, pues había estado tiempo al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, sala de máquinas del departamento, donde por ciento mantuvo una excelente relación con Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho. El relevo de mandos como el del coronel es siempre problemático, porque es una persona con amplia trayectoria, ascendente sobre sus subordinados y reconocimiento general, hasta el punto de que estaba llamado, junto con el también destituido meses antes Manuel Sánchez Corbí, jefe de la UCO, a ocupar los puestos más relevantes de la Guardia Civil. Además debía declarar en los juicios del «procés», en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, y destituirlo podía suscitar interpretaciones indeseables. La denuncia Así se llega hasta el momento en que un abogado de Madrid presenta una denuncia contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por haber permitido las manifestaciones previas al estado de alarma, cuando el coronavirus ya había llegado a España. Por reparto, la misma recayó en el Juzgado de Instrucción 51, cuya titular es Carmen Rodríguez-Medel. El delito se había cometido en la demarcación de la Policía Nacional y la denuncia se presentó en Madrid, pero la magistrada, en atribución de sus funciones, eligió a la Guardia Civil para la investigación. Es nieta, hija y hermana de miembros de la Benemérita, por lo que la conoce muy bien. Llamó a su despacho al capitán jefe de Policía Judicial de la Comandancia y le dio una orden precisa: «Ustedes trabajan con el delegado del Gobierno y él es el objetivo de las pesquisas, así que sólo pueden contarme a mí los resultados de la investigación». El capitán dio la novedad a su coronel, y Pérez de los Cobos a su general de Zona, José Antonio Berrocal, que transmitió la información a través de la cadena de mando al director adjunto operativo, y éste a su vez a sus superiores políticos. De los Cobos asegura que no supo nada más del caso, puesto que la magistrada pidió de forma expresa que los investigadores sólo le reportaran a ella. Lo habitual es que el jefe de la investigación informe de las líneas generales de su trabajo a sus mandos y que llegue por el conducto reglamentario a la cúpula.Marlaska decidió la caída del coronel tras filtrarse el informe entregado a la juez del 8-M Algunas fuentes insisten en que en un principio así fue, y que los mandos eran informados periódicamente, no de las cuestiones relevantes de las pesquisas, pero sí de su marcha, en particular de cuándo fue comisionada la Policía Judicial de Madrid, cuándo se ordenó que no eran diligencias urgentes y cuándo se decidió lo contrario... En definitiva, de cómo estaba la situación. Las novedades llegaban al ministerio, preocupado por un caso muy delicado desde la perspectiva del Gobierno. Siempre según estas fuentes, ese canal de comunicación se cortó en las últimas semanas, sin que hubiese explicación para ello. Videoconferencia Durante este «impasse» llegaron a Interior noticias de una videoconferencia en la que participó la juez y los investigadores, que recibieron instrucciones precisas de las próximas diligencias. Esa reunión no fue comunicada por Pérez de los Cobos, que siempre lo puede justificar con su argumento de que él era ajeno a este caso por orden judicial. El detonante de la crisis, no obstante, se produjo el viernes de la semana pasada, cuando un medio publicó el contenido de un informe de la Guardia Civil que había sido enviado el día anterior a la juez. Marlaska estalló por la filtración, aún no esclarecida, y en su cabeza ya tenía muy clara la destitución fulminante de Pérez de los Cobos. Consideraba que no informar de la entrega de esas diligencias era una deslealtad y pidió explicaciones a la directora general, María Gámez, a la que ordenó aclarar lo sucedido. El domingo la Abogacía del Estado se puso en contacto con Interior para comunicarle que, en efecto, las diligencias estaban en manos de la juez. Fuentes del departamento aseguran que ni siquiera se las pidieron –también es cierto que ya estaban publicadas– y Marlaska, aún más indignado y quizá sin calibrar las consecuencias de su órdago, volvió a llamar a su directora general, con la orden terminante de quitar a Pérez de los Cobos el mando de la Comandancia de Madrid. Llamada En ese escenario el coronel llamó a su general de Zona, José Antonio Berrocal, para comentarle otros asuntos. Berrocal conocía el malestar en Interior, pero aguantó la presión y simplemente preguntó a su subordinado si sabía si se habían enviado a la juez los informes. Pérez de los Cobos respondió que no, porque estaba al margen siguiendo las órdenes de Medel, pero que consultaría con su capitán de Policía Judicial. A los pocos minutos le respondió que sí, que el jueves. Poco más tarde fue el jefe del Mando de Operaciones, Fernando Santafé, quien le hizo la misma pregunta y recibió idéntica respuesta. El teniente general le sondeó sobre si conocía sus líneas generales –no es una pregunta que podía extrañar hecha desde ese cargo–, y el coronel lo negó. Tampoco le presionó, ni le advirtió de posibles consecuencias, que además desconocía. En torno a las 22.30 es María Gámez quien le llamó. Le preguntó, en tono cordial, cómo estaba y acto seguido por qué no había informado de ese envío de informes a la juez, cuando sabía que era un caso «muy sensible» para el Gobierno. El coronel repitió sus argumentos y fue entonces cuando le comunicó que quedaba destituido. Pérez de los Cobos le mostró su incredulidad, porque él y sus hombres simplemente habían obedecido el mandato de la magistrada. Pero no había marcha atrás. Indignada Esa misma noche la juez Carmen Rodríguez-Medel supo lo ocurrido y mostró su indignación, de la que dejó constancia solo unas horas más tarde en una providencia. También ofreció al jefe de la Comandancia declarar ante ella, pero éste declinó, al menos de momento, esa posibilidad. La noticia cayó como una bomba en la Guardia Civil, porque ni el teniente general Ceña, ni el jefe del Mando de Operaciones, ni el general jefe de Madrid estaban al tanto de la decisión de la directora general. Ceña, que iba a pasar a la reserva el 2 de junio, aguantó el lunes, pero el martes decidió dimitir. No quería despedirse siendo cómplice de una decisión así, a pesar de que nada hizo cuando el afectado fue el coronel Corbí. Entonces aún le quedaba tiempo en el cargo. El malestar en la Benemérita, y la falta total de confianza en la directora general se habían extendido como la pólvora. Las explicaciones de Marlaska el martes tras el Consejo de Ministros, y al día siguiente en el Congreso, tampoco ayudaron a calmar los ánimos. La Guardia Civil vio con estupor cómo desvinculaba la destitución del caso del delegado del Gobierno, y encuadraba la dimisión de Ceña en el nuevo impulso que se quería dar al Instituto Armado. Lo primero era falso; lo segundo, una media verdad porque aunque Ceña cesaba el 2 de junio su paso al frente estuvo motivado por una decisión «indignante» para él. Por si fuera poco, informar en la misma comparecencia de la aplicación del tercer tramo de la subida salarial para igualar los sueldos de las policías dio la impresión a muchos de que se les quería cerrar la boca con dinero.El DAO sabía que iba a ser relevado el 2 de junio y no quiso salir sin salvar su prestigio. Por eso dimitió El jueves fue el teniente general Santafé el relevado. No dimitió y aceptó un puesto en el ministerio de forma transitoria a la espera de un destino ya acordado. Su salida estaba prevista para el mismo día que la del director adjunto operativo, pero la dimisión de éste la aceleró. La razón era lógica: no podía quedar a las órdenes de un subordinado –el que era nuevo director adjunto, Pablo Salas– y su jubilación en apenas un año no le hacía idóneo para diseñar una estrategia a medio y largo plazo. Los otros dos tenientes generales –de Personal y de Apoyo Logístico– siguen en sus cargos. Muy delicada La situación en la Guardia Civil es muy delicada: hay pérdida de confianza en el ministro y en la directora general, que está al borde del abismo. La única buena noticia es que el nuevo «número 2» de la Benemérita, teniente general Pablo Salas, tiene un gran prestigio que supera los inconvenientes de que para nombrarlo se haya tenido que saltar el escalafón, algo que no es la primera vez que sucede. Igual ocurre con el nuevo jefe del Mando de Operaciones, Félix Blázquez (sus ascensos fueron publicados en el BOE de ayer). Ambos deben liderar la salida de la crisis con nombramientos, relevos y planes que sean entendidos por sus compañeros. «Son de los mejores que hay, eso es lo único bueno de todo esto», reflexionan distintos mandos. Junto a eso tendrán que seguir trabajando con sus jefes políticos, con los que necesariamente deberán forjar una relación de confianza y respeto mutuo. Combinar ambos aspectos es una tarea muy compleja, aunque tienen capacidad y apoyo en el Instituto Armado para conseguirlo. Los generales no presionaron El pasado miércoles se atribuyó al general José Antonio Berrocal y al teniente general Fernando Santafé la intención de presionar al coronel Diego Pérez de los Cobos en las conversaciones telefónicas que mantuvieron para que les diese información sobre las investigaciones al delegado del Gobierno en Madrid. Tampoco el ministro Marlaska los utilizó con ese propósito, según ha sabido ABC del entorno de los implicados. En la amplia crónica publicada ese día en páginas de España solo se hacía un relato detallado de los hechos, confirmados plenamente antes y después por distintas fuentes salvo en lo que se refiere a la conversación entre Berrocal y Pérez de los Cobos, ya que fue éste quien entró en contacto con su superior y no al revés.De España https://ift.tt/3ewWmZ6
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