La Guardia Civil ha vivido la última semana unos manejos que guardan muchas similitudes con los que sufrió la Policía durante el Gobierno del PP. Igual que entonces, Interior se ha escudado en la coletilla de «pérdida de confianza». Esa y la «necesidad de adaptar estructuras» o «cambios organizativos» son las excusas recurrentes cuando los mandos policiales se convierten en molestos para el Ejecutivo, en ocasiones por proteger a sus investigadores. Utilizar a la Policía y a la Guardia Civil con fines políticos es una tentación que ningún partido rehúye. Y los ejemplos se han sucedido en los últimos años. Todo depende de que se esté en el Gobierno o en la oposición. Durante el primer mandato de Mariano Rajoy, la Comisaría General de Policía Judicial, que tiene entre sus competencias la lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y el crimen organizado, cambió cuatro veces de titular en menos de dos años, un dudoso récord que sigue imbatible. La investigación del ático en Marbella del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, le costó el puesto al comisario Enrique Rodríguez Ulla, destituido a los cinco meses de su nombramiento. Cuatro comisarios en 2 años La razón argumentada fue potenciar la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales. De forma no oficial se atribuyó el relevo a «determinadas irregularidades» detectadas durante la investigación del ático. Como en el caso del cese del coronel De los Cobos, se filtraron documentos policiales secretos que no conocían ni el director general de la Policía ni el ministro del Interior. Él había sustituido al polémico Juan Antonio González, que inició las investigaciones de Gürtel, y compartió cacería en las mismas fechas con el entonces juez Baltasar Garzón y el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Cosidó lo relevó nada más tomar posesión como director general de la Policía y nombró a Rodríguez Ulla, que duró cinco meses. En su lugar, el PP optó por uno de los policías con más prestigio y mejor trayectoria en la Policía Judicial, el comisario principal José García Losada, quien ya había ocupado ese puesto en 2002 durante el Gobierno de Aznar y, pese a los grandes resultados, fue sustituido por el Ejecutivo de Zapatero. Cambio de equipos, que son moneda común en la Policía. Losada fue nombrado en julio de 2012 y antes de cumplir un año al frente de la Policía Judicial empezaron los rumores de su cese. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le reconoció que el ministro Jorge Fernández Díaz «quería cabezas». Losada era el responsable último de los investigadores de la trama Gürtel y de los papeles de Bárcenas. La espita la abrió el informe sobre el cumpleaños del hijo de la ministra de Sanidad Ana Mato, que según la Policía había pagado una empresa de Gürtel. Varios responsables políticos llegaron a acusar a los agentes de mentir en esos informes. Pero lo que acabó de rematar al mando fue no plegarse al blanqueo de borradores elaborados por el excomisario Villarejo a los que sus superiores pretendían colocar el sello de la UDEF para presentarlos a los juzgados. Entre ellos los de los Pujol, otro de Artur Mas y uno que atribuía al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, una cuenta secreta en Suiza. Villarejo es el claro ejemplo de uso y beneficio político-policial. Pese a que ahora nadie le conoce todos los Gobiernos desde el PSOE de González le han amparado como está evidenciando el procedimiento de la Audiencia Nacional. Campañas de desprestigio La Guardia Civil tampoco se ha librado. Sin la trascendencia mediática de otras grandes causas, los investigadores de las clínicas abortivas de Madrid (2007) vivieron todo tipo de presiones por parte del PSOE con Fernández de la Vega como vicepresidenta y una campaña de desprestigio alentada por sectores del Gobierno. El ministro Grande-Marlaska cesó al coronel Manuel Corbí, jefe de la UCO, cuando llevaba un mes en Interior después de que se filtrara un correo que el mando había enviado a sus subordinados sobre la paralización de fondos reservados para las investigaciones en marcha. Corbí ya había tenido que lidiar con las acusaciones del PP de Madrid por las causas de corrupción Púnica y Lezo. Francisco Granados presentó varias denuncias contra los investigadores, que no prosperaron, mientras que Cristina Cifuentes los acusó de equivocarse en sus informes cuando la señalaron por prevaricación. El cese del jefe de riesgos laborales de Policía en plena crisis del Covid-19 La Dirección General de la Policía cesó al jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, el responsable policial encargado del protocolo interno por el coronavirus, nada más decretarse el estado de alarma. Le quedaban tres meses para jubilarse y es uno de los grandes especialistas en salud laboral del Cuerpo. Los sindicatos policiales atribuyeron ese relevo a que Nieto ya había alertado y dispuesto medidas para los agentes que estaban en puestos de riesgo, como las fronteras, a finales de enero mientras el Gobierno minimizaba los efectos de la pandemia. Fuentes oficiales argumentaron otra razón. Se le acusó de filtrar un informe sobre el Covid-19 que recibió el 12 de marzo y que solo era un borrador. Nieto lo distribuyó a todas las Jefaturas.De España https://ift.tt/2TWMMqE
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