La crónica de un cierre anunciado

La Mariña lucense confirmó el pasado jueves que su peor pesadilla se convertía en realidad. La multinacional estadounidense Alcoa, que en 1998 adquiría una decena de plantas por toda España propiedad hasta entonces de empresa pública Inespal, anunciaba su intención de cerrar la última planta de aluminio primario que quedaba operativa en España. Alcoa anunció un periodo de consultas informal para despedir a 534 de los 633 de los empleados de la planta de San Cibrao, el 85% de la plantilla. En el complejo industrial, Alcoa posee también el 60% de la planta de alumina, que por el momento seguirá operativa. El 40% restante está en manos de la australiana Alumina Limited. La muerte de Alcoa San Cibrao llevaba meses gestándose. La primera señal de alarma se detectaba en octubre de 2018. Entonces la multinacional estadounidense anunciaba el cierre de las factorías de aluminio de La Coruña y Avilés. La principal causa que alegó Alcoa para la clausura fue el elevado precio de la electricidad en España. Para fabricar aluminio hay que poner en marcha las cubas de electrolisis que necesitan de una ingente cantidad de energía para funcionar. Sólo la planta de Cervo consume tanta energía como las principales ciudades gallegas. La incertidumbre en la Mariña fue creciendo de forma paralela al conflicto en La Coruña y Avilés. Alcoa daba marcha atrás en enero de 2019 a la decisión de cerrar las plantas y se abría a cederselas a un inversor mientras el Gobierno central prometía medidas para rebajar la factura eléctrica. Los ministerios de Industria y Transición Ecológica anunciaban en marzo de 2019 un nuevo proyecto de estatuto para los consumidores electrointensivos. Tras conocerlo, Alcoa lanzaba su primera advertencia seria hacia el futuro de la fábrica de A Mariña. Si no se cambiaba, ponía en «riesgo la viabilidad de la fábrica de San Cibrao (Lugo). Pero un dictamen contrario de Competencia frenaba la aprobación, al considerar que las ayudas previstas por el Ejecutivo de Sánchez podrían considerarse ilegales por parte de la UE. La falta de un gobierno estable en Madrid retrasó posteriormente la revisión del estatuto, que no se conoció hasta principios de este año. Con el nuevo texto, la plantilla también avisaba de que las medidas del Gobierno no serían suficientes. «Tal como está redactado, no resuelve el problema», sostenía en declaraciones a ABC el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan. Según los cálculos de los trabajadores, si no se corrigía el borrador durante 2020 recibirán 4,5 euros menos por megavatio con respecto al pasado para compensar los altos precios de la energía. El estatuto ni siquiera ha llegado a aprobarse. El Gobierno central condicionó su puesta en práctica a la aprobación de los presupuestos del Estado para este año, pero la crisis del coronavirus los ha paralizado. El coste de la factura eléctrica ha marcado la viabilidad de las plantas de Alcoa en España desde sus inicios. El desembarco de la multinacional, que cuenta con unos 14.000 empleados en todo el mundo, en España se produjo en 1998. En plena ola de privatizaciones de empresas públicas puesta en marcha por el Gobierno de Aznar, compró Inespal a la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). La operación se selló por 383 millones de euros y permitió a Alcoa hacerse propietaria de la decena de plantas de producción de aluminio. Si se confirma el último, cierre 22 años después sólo se quedará con el 60% de la factoría de alumina. Con la operación de compra, Alcoa negoció también un precio especial para su factura eléctrica. En 2009 comenzaron los problemas para el gigante del aluminio estadounidense. La Unión Europea prohibió la tarifa especial que España le ofrecía a la multinacional, denominada G4, porque daba una ventaja competitiva a las industrias beneficiarias. El Gobierno diseñó entonces un sistema para compensar a las industrias electrointensivas por ofrecer un servicio de interrumpibilidad. En los periodos en que la demanda de electricidad es muy alto estas fábricas reducen drásticamente su consumo para permitir que la luz llegue a todos los hogares. A cambio recibían pagos millonarios. En 2013, la UE manifestó su recelo a estas ayudas y se introdujo un modelo de subasta para el reparto de estas compensaciones atendiese a las reglas de la competencia. La multinacional amenazó con cerrar sus plantas de La Coruña y Avilés. La situación se salvó entonces, porque a finales de 2014 se produjeron dos subastas y Alcoa logró que se le abonasen unos 130 millones de euros por la interrumpibilidad. La cuenta de resultados volvía a ser positiva. Interrumpibilidad Pero el sistema de interrumpibilidad tampoco ha servido para compensar los costes de la electricidad de cara a 2020. Las condiciones de la subasta, publicadas en el BOE, rebajaron un 60% de los megavatios ofertados. Desde el Ejecutivo central se apelaba a las reticencias de Bruselas a este tipo de ayudas para poder mantenerlas. Mientras las protesas de los trabajadores se intensificaban en la provincia de Lugo, en la que Alcoa es su principal industria, la multinacional seguía enviando mensajes que alertaban de un cierre. Lo hizo tras presentar los resultados de 2019. La planta de aluminio había perdido 63 millones en el ejercicio que habían sido compensados en parte por los 46 millones de beneficio de la factoría de alumina. Para 2020, siempre según los cálculos de la empresa, San Cibrao preveía unos números rojos de 54 millones de euros en el aluminio primario. En plena crisis del coronavirus, Alcoa decidía también ir dejando morir las cubas de electrólisis desatando la alarma entre la plantilla.

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