El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, llegaron ayer a la comisión para la reconstrucción del Congreso con maneras y tonos muy diferentes. Conocen bien qué rol deben jugar. Pero sus teorías políticas casi opuestas dificultan a veces la estrategia de La Moncloa para corregir la sensación de fractura («El Gobierno actúa a una», insisten). Los silencios y evasivas de Calviño ante determinadas preguntas evidenciaron su desacuerdo con lo dicho por Iglesias. La semana pasada, ambos protagonizaron la crisis interna del Gobierno a razón del acuerdo que PSOE, Unidas Podemos (UP) y EH Bildu suscribieron bajo la mesa para la «derogación íntegra» de la reforma laboral del PP de 2012. Iglesias defiende que debe anularse en su totalidad, porque así se recoge en el pacto (que el PSOE intentó corregir después mediante una nota por WhatsApp). «Vamos a seguir haciendo la derogación con diálogo social y diálogo parlamentario, cumpliendo el programa de Gobierno», expresó ayer. «La estamos derogando, y lo vamos a seguir haciendo», añadió. Por su parte, Calviño consideró la semana pasada «absurdo» y «contraproducente» abrir el debate en un momento de crisis económica como el actual. No ha querido abundar más en la polémica. Preguntada ayer en el Congreso sobre el acuerdo, regateó sin responder para no reabrir la brecha. Horas antes, en TVE, donde también se le preguntó, la vicepresidenta se limitó a señalar que el Gobierno de coalición está centrado en «hacer frente a la emergencia sanitaria» y «recuperar la actividad económica y la creación de empleo». Es decir, que las reformas laborales no están ahora mismo en su hoja de ruta. Calviño llegó con actitud sosegada a la comisión, pero tuvo que escuchar los reproches de la oposición al Gobierno después de las espinosas declaraciones de Iglesias. Aunque también se llevó un halago de la diputada de Vox Inés Cañizares, que le agradeció que no haya dimitido aún porque cree que es «el dique de contención frente a los pirómanos comunistas». Impuestos Como informó ABC hace unas semanas, Iglesias planteó ayer en la comisión parlamentaria crear una «tasa de reconstrucción», un impuesto a las grandes fortunas, y defendió un aumento de la presión fiscal. «Si queremos luchar contra la desigualdad, necesitamos un sistema fiscal más redistributivo», señaló. «Reconstruir la justicia fiscal es también una cuestión de patriotismo», continuó. Después, la vicepresidenta defendió un plan de inversiones y reformas en los próximos dos años para afrontar la crisis económica derivada del Covid-19. Pero esquivó hablar del impuesto a las grandes fortunas que presentó previamente Iglesias. Calviño sí señaló que habrá que aumentar ingresos con nuevos impuestos, y se centró en dos ya presentados por el Gobierno: un gravamen a los servicios digitales y otro a las transacciones financieras. Iglesias sugirió que «las nacionalizaciones son perfectamente posibles en la Constitución», en alusión a las fábricas de Alcoa en Galicia y de Nissan en Cataluña, después de que la segunda anunciase ayer su cierre. Calviño señaló por su parte que el Gobierno negociará para buscar una «alternativa».De España https://ift.tt/2X9FiTe
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