Era una muerte anunciada y ayer se confirmó. En una reunión con representantes del comité de empresa en un restaurante de Lugo, el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, anunciaba ayer la intención de la multinacional estadounidense de despedir hasta un máximo de 537 trabajadores de la planta de San Cibrao. De consumarse, la decisión supondrá el cierre de la última planta de aluminio primario que quedaba en España, después de que el verano pasado Alcoa se deshiciese de sus factorías de La Coruña y Avilés. En el municipio de la Mariña lucense, la multinacional estadounidense gestiona dos factorías. Los despidos supondrían el 85% de la plantilla de la que se dedica al alumnio, donde sólo quedaría operativa la fundición. La fábrica de alumina, que el pasado ejercicio dio ganancias, seguirá funcionando. En ella trabajan otras 510 personas. Por el momento, Alcoa ha abierto un procedimiento informal, que durará tres semanas, para negociar con los trabajadores la medida. La multinacional la justifica por las pérdidas que ha acarreado la producción de aluminio en los últimos años y la previsión de que en 2020 alcanzarán los 54 millones de euros. «Son pérdidas por causas estructurales y externas a la propia empresa», explican fuentes de Alcoa a ABC. Dos son las razones que las explican, según la empresa. De un lado, la carestía de la factura eléctrica, que puede llegar a suponer el 40% de los costes de producción. De otro, «la sobrecapacidad global del mercado del aluminio» con China produciendo el 60% del total de la oferta y tirando hacia la baja los precios. La preocupación por el cierre de Alcoa San Cibrao lleva meses encima de la mesa. Tanto la multinacional, como los trabajadores, como la Xunta de Galicia han exigido al Gobierno central que ponga en marcha medidas eficaces para rebajar los costes eléctricos permitir a la industria electrointensiva disponer de precios competitivos. Tras múltiples retrasos, el Ejecutivo de Sánchez presentó en febrero el prometido estatuto electrointensivo. El presidente del comité de empresa de la planta de San Cibrao ya alertó en ese momento de que tal como estaba redactado no iba a solucionar el problema. El texto legal, no llegó ni siquiera a aprobarse, debido a que el Gobierno lo vinculó a los nuevos presupuestos, que han quedado parados por la crisis del coronavirus. Tras el anuncio de la apertura de un periodo informal de consultas con los trabajadores de tres semanas para negociar los despidos, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mostró su malestar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de su cuenta de Twitter. El Gobierno «tuvo más de un año para evitar el cierre de Alcoa y no lo hizo pese a sus promesas», recriminó Feijóo. Aún así, el mandatario autonómico consideró que aún hay tiempo para reconducir la situación. «Sigue habiendo un margen de semanas para evitar este golpe a más de 500 familias, a A Mariña, a Lugo y a Galicia. No están las cosas como para perder empleos que podrían salvarse», indica Núñez Feijóo. En la misma línea se pronunció el conselleiro de Economía, Francisco Conde. «En estos momentos de especial dificultad para los trabajadores de Alcoa San Cibrao», dijo Conde en un audio remitido a los medios, «no hay explicación posible» que trasladarle a la plantilla de la factoría, salvo que «la inacción del Gobierno tiene consecuencias». La decisión tomada por Alcoa «responde a la falta de compromiso y respuesta por parte del Gobierno de España para establecer un precio eléctrico competitivo», insisitió el conselleiro. Tras meses de espera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez presentó el abril el esperado estatuto para la industria electrointensiva. El texto, que no llegó a aprobarse definitivamente, no convenció ni a la patronal de las empresas grandes consumidoras de energía, ni a los trabajadores ni tampoco a la Xunta de Galicia. En un «contexto» de dificultad económica, recordó Conde, países «como Francia o Alemania están apostando por la industria» y por el empleo, mientras que en España las decisiones del Gobierno llevan al paro a más de 500 trabajadores, insistió el responsable de Economía e Industria. Desde el Gobierno central, la ministra Reyes Maroto remitió un comunicado en el que pide a Alcoa que reconsidere su decisión. El Ministerio reclama «corresponsabilidad» a la multinacional en un momento en el que «es más necesario que nunca mantener las capacidades productivas y los puestos de trabajo», y apunta que la empresa «ha tenido y sigue teniendo importantes ayudas públicas, condicionadas al mantenimiento del empleo». «La vergonzosa propuesta hecha por la empresa es inaceptable», indicaron los trabajadores ayer en un comunicado tras ser informados de los despidos. El comité pide al Gobierno central «valentía» y reclama que se intervenga la empresa para que sea el Estado el que la gestione. Los sindicatos recuerdan que, en plena crisis del coronavirus, Alcoa fue una de las industrias que se consideraron esenciales. Los representantes de los trabajadores mantendrán hoy una reunión en la que decidirán un calendario de movilizaciones y la celebración de una asamblea. El próximo miércoles tendrán también una cita en el Ministerio de Industria. «Seguimos insistiendo en la necesidad de un marco estable y competitivo del precio energético», apunta el comunicado del comité, que «tiene que estar ligado a inversiones productivas» por parte de las empresas.De España https://ift.tt/2ZQwJOP
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