Alianza contra natura

La intervención anteayer de Yolanda Díaz resume a la perfección por qué los ministros podemitas, sin peso técnico en el Gobierno, están ocasionando a este un daño muy superior al que en principio habría cabido esperar. La responsable de la cartera de Trabajo se las compuso para ser, todo a la vez, confusa, mendaz, arrogante y necia. Es clamorosamente falso que la Unión Europea esté «emulando el modelo español», si por tal ha de entenderse, como el contexto inducía a pensar, un presunto modelo laboral inaugurado por el actual Ejecutivo. De hecho los ERTE, creados en España por Rajoy, se inspiran en precedentes alemanes. La afirmación del portento ferrolano faltó a la verdad objetiva y estuvo inspirada en la mala fe. Las risas y las torpes reiteraciones hicieron presumir que los periodistas allí presentes no sabían hacer la o con un canuto. Y la alusión a los niños y las niñas españoles, en cuyas molleras acabarían por entrar, si se insistía lo suficiente, algunas verdades elementales, completó la ofensa. La idea de recluir a los ministros de Unidas Podemos en cargos de efecto mediático, y poco más, ha obedecido a un cálculo que la tragedia del coronavirus ha convertido en una catástrofe. Yolanda Díaz y sus pares se asoman sin tregua a la pantalla, dicen lo que no deben y como no deben, y se las componen para que resulte imposible distinguir la acción del Gobierno de un guiñol de feria. A lo largo de estos días se han publicado una serie de decretos discutibles, aunque no absurdos. En particular, se ha intentado impedir que el brote pandémico se tradujera automáticamente en una ola explosiva de despidos, al tiempo que se interrumpía la actividad económica no directamente orientada al abastecimiento sanitario y alimentario. Para lo último existía una razón de peso: el sistema sanitario está saturado, y quizá, quizá, sea mejor atajar los contagios por las bravas que enfrentarse a un colapso fatal de los hospitales. Sin embargo, prosperó otro mensaje. Se prohibían los despidos… al tiempo que se clausuraban las fábricas. Esto carecía de sentido, primero, porque es ilegal prohibir los despidos, y segundo porque una empresa que no puede producir, ni tampoco despedir, es, por definición, una empresa quebrada. En realidad, los despidos se habían encarecido, que no prohibido: las bajas solicitadas invocando la pandemia recibirán la consideración de improcedentes, es decir, obligarán a las indemnizaciones máximas previstas por la ley. Y los ERTE son suspensiones provisionales del contrato laboral, cuyo coste se desplaza en esencia al Estado. Medidas no exentas de fundamento produjeron la sensación de que el Ejecutivo acudía a políticas económicas absurdas, más propias de un Estado bolivariano que de una democracia desarrollada. Arrecia el rumor de que Sánchez está considerando un nuevo Pacto de la Moncloa. Ojalá sea así. De momento, nos hallamos en el peor de los mundos posibles. La clausura virtual del parlamento, aparte de ser intrínsecamente indeseable y dudosamente constitucional, aloja un efecto colateral muy pernicioso. Con el Congreso abierto, o, al menos, una comisión de control permanente, la oposición estaría obligada a formular alternativas articuladas y creíbles. Lo que no tiene sentido es que el apoyo de la oposición se traduzca en una aceptación pasiva de los trágalas emanados por el comité de crisis. Es imposible, es insensato, esperar que una cosa así vaya a durar arriba de unos cuantos días. Por supuesto, un Pacto de la Moncloa nos llevaría mucho más allá. Estaríamos hablando de un programa de reconstrucción nacional respaldado por la grandes fuerzas políticas. Ahora bien, sería de nuevo insensato intentar lo último sin una reconfiguración de la mayoría parlamentaria actual y la salida de Unidas Podemos, cuyo líder sigue empeñado en destruir la democracia desde atrás. ¿Ha llegado el Presidente a esta conclusión? Me temo que no.

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