Pongamos fin al gusano de la corrupción

La corrupción política es como un gusano: uno solo puede echar a perder una cosecha entera. Todos convendremos que la solución es sencilla, pues basta con separar el fruto contaminado para salvar al resto. El problema de España, sin embargo, es que ha tenido que llegar una nueva hornada de dirigentes a la vida pública para empezar a poner fin a toda una infestación que amenazaba con pudrir nuestro sistema hasta el tuétano. Mi compañero Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, repite con frecuencia una frase del filósofo irlandés Edmund Burke (1729-1797), que dice: «Para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada». Esto es, para desgracia de todos, lo que ha ocurrido en nuestra democracia durante décadas: mientras la plaga de gusanos se extendía, los partidos políticos tradicionales se limitaban a mirar para otro lado, cuando no a taparse mutuamente sus vergüenzas en un intento de esconder la putrefacción tras la alternancia en el poder. España tiene el lamentable de honor de que PSOE y PP hayan sido condenados por corrupción. Y no solo eso: su socio preferente en el nacionalismo, la Convèrgencia de Jordi Pujol y Artur Mas, acabó por disolverse debido al rosario de escándalos vinculados al dinero público. Pero aunque la Gürtel, los ERE, la Púnica, la Lezo o el 3% aún resuenen en nuestros oídos, los españoles deben saber que el gusano de la corrupción tiene los días contados, porque ahora sí hay personas dispuestas a erradicar la plaga. El voto de confianza que muchos han dado a Ciudadanos para cogobernar en las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia está sirviendo para poner en marcha medidas reales con las que vacunar las instituciones, como son la destitución fulminante de los imputados por corrupción, el desarrollo de leyes de Transparencia o la despolitización de los nombramientos de jueces que, aún hoy, se hace desde los parlamentos autonómicos. La primera ley que Ignacio Aguado llevará al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid será, precisamente, la de la eliminación de los aforamientos políticos, para que ningún representante público sea juzgado por un tribunal diferente al resto de los ciudadanos. Madrid será, también, la primera región en contar con un Defensor del Denunciante de Corrupción, con el objetivo de ofrecer a los funcionarios un canal seguro y confidencial a la hora de levantar la mano ante cualquier sospecha de irregularidad dentro de la Administración. Estas medidas de regeneración ya funcionan con éxito en otras democracias avanzadas. Ponerlas en marcha solo era cuestión de determinación y de voluntad política. Precisamente por eso solo podían venir de la mano de hombres y mujeres libres como los de Ciudadanos, sin mochilas políticas y con la firme determinación de hacer del nuestro un país del siglo XXI. Sin embargo, la tarea de acabar con la corrupción no compete a un solo partido. Cuando llegue el momento, todas las formaciones deberán votar y comprometerse con las soluciones para hacer efectivas las reformas. PP y PSOE ya nos decepcionaron en el pasado poniendo excusas para no aprobar el fin de los aforamientos o la limitación de mandatos, pero la regeneración es inaplazable. Ningún ciudadano entendería que ambos vuelvan a la pelea de «tú robas más que yo» para no hacer nada. La carcoma institucional tiene que llegar a su fin. Es el momento de que todos ayudemos a terminar con la pandemia y de que los «hombres de bien», como Burke decía, hagan lo correcto para acabar con los gusanos. Que nadie tenga miedo a decir «¡basta!», aunque sea por vergüenza.

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