Simplifiquemos los trámites

¡Qué casualidad! La víspera de que su sanción fuese ratificada por el CGPJ, la omnipresente jueza De Lara dio por finalizada la instrucción del sumario del ‘caso Garañón’, bautizo que data de hace nueve años, cuando comenzó a ser instruido un enrevesado expediente en el que quedaron atrapados un alcalde (López Orozco), un presidente de Diputación y secretario general de un partido (Gómez Besteiro), un constructor, un promotor urbanístico, un abogado y los jefes de tres importantes servicios municipales. Al menos por lo que afecta al alcalde Orozco, el archivo de siete causas en las que aparecía imputado permite suponer que los flecos pendientes, por folios y balduques que los envuelvan, van a quedar en un «fuese y no hubo nada», como en el famoso soneto cervantino. No obstante, confírmese o no el sobreseimiento definitivo, la señora De Lara se ha cobrado dos piezas de caza mayor. O, mejor dicho, tres, porque antes de que abatiese el vuelo político de los señores Orozco y Besteiro la munición ya había alcanzado al conselleiro Fernando Blanco, a quien se mantuvo empapelado ocho años, con todos los daños que eso le supuso y por los que nunca va a ser indemnizado. Si el ordenamiento jurídico vigente o la Constitución o las leyes o el CGPJ o la costumbre o todos a una, permiten que los jueces determinen el curso de la política (pues de política y políticos trata la cosa), sin consecuencias para los imputantes ni exigencias de resarcimiento para los afectados, ¿por qué no damos un paso más y suprimimos el sufragio democrático, sustituyéndolo por credenciales expedidas por jueces? Para alcaldes y presidentes de diputaciones, jueces de primera instancia; para presidentes autonómicos, los respectivos tribunales superiores de justicia; para ministros, la Audiencia Nacional; para presidente del Gobierno, el Tribunal Supremo. Nos ahorraríamos trámites, disputas partidistas, debates televisivos y gastos de publicidad. Vale la pena pensarlo.

De España https://ift.tt/34635UI