El 7 de junio de 2004 Salvador Barrio, de 53 años, su esposa Julia Dos Ramos, de 47, y su hijo pequeño, Álvaro, de doce, fueron asesinados en su piso de Burgos de casi un centenar de puñaladas. El asesino no forzó la puerta y solo dejó una huella de zapatilla del número 44. Tres años después la Policía detuvo al hijo mayor del matrimonio, de 16 años, interno en un colegio de Aranda de Duero en la fecha del crimen. Los indicios no convencieron a la Fiscalía de Menores, que decretó su libertad a las 72 horas. La causa contra Rodrigo Barrio fue archivada, aunque la investigación sigue abierta y bajo secreto. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) Central no ha olvidado esa espina. El pasado jueves, diecisiete años después del crimen, agentes de Policía Científica inspeccionaron el coche de la familia Barrio que lleva todo este tiempo arrumbado en la comisaría de Orense. Es la segunda vez que vuelven sobre ese Audi A6 en busca de algún rastro: ojos nuevos y la esperanza de que la investigación inicial, torcida, pueda enmendarse en algún momento. La primera vez que se revisó a fondo el turismo fue tras el arresto del hijo mayor. Era de su padre pero hasta 2007 lo utilizó él. Después no lo ha reclamado: demasiados malos recuerdos. El asesino no forzó la puerta (no se ha aclarado si podía tener llaves o le abrieron porque lo conocían), no dejó rastros de sangre en el exterior ni huellas. No se encontró el arma con la que asestó 99 puñaladas a las víctimas –medio centenar a Salvador– ni las ropas, que a la fuerza tenían que estar ensangrentadas y que pudo cambiarse en el interior de la vivienda. La Brigada de Revisión Rodrigo, el único superviviente, estudiaba en un colegio religioso interno en Aranda de Duero y había vuelto en autobús aquella tarde hasta el centro escolar tras pasar el fin de semana en casa. Ni la Fiscalía de Menores ni el juez validaron aquella primera tesis de la Policía, según la cual el adolescente mató a toda su familia movido por el síndrome del príncipe destronado: unos celos patológicos hacia su hermano pequeño. Pasó tres días en un centro de internamiento de Valladolid y quedó en libertad. Según las investigaciones, Rodrigo habría cogido un coche del centro en el que permanecía interno, habría conducido durante un trayecto de unos 45 minutos hasta su casa de Burgos a pesar de ser menor, asesinado a su familia y vuelto al colegio. Los indicios, más que endebles, se desecharon. El robo también se barajó como posible móvil, sin autor al que señalar. Barrio era alcalde pedáneo de La Parte de Bureba y había logrado una holgada situación económica gracias al cultivo de cereal. Alguno de sus conocidos podía estar al tanto de que movía mucho dinero en efectivo. Pero esa línea también fue descartada. «Cuando se creó la Brigada de Revisión de Casos nos pidieron una copia de la investigación. Vinieron dos funcionarios a la Sección de Homicidios y se llevaron todo lo instruido hasta entonces para buscar nuevas vías. No hallaron ninguna», recuerda Carmen Pastor, que estaba entonces al frente de esa sección, encuadrada en la UDEV. Ella misma entregó esos documentos a sus compañeros. «Toda ayuda es siempre bienvenida», dice con talante conciliador, sin mencionar que esa polémica Brigada de Revisión de Casos fue un invento peregrino del ex DAO Eugenio Pino y que no arrojó nueva luz sobre ninguno de los asuntos examinados, entre ellos el 11-M o Marta del Castillo. Los agentes de Homicidios continuaron trabajando, ajenos a esa revisión, y se acometió una línea de pesquisas completamente diferente que sigue y se espera que algún día dé resultados. La evidencia de que no ha cesado es esta segunda inspección ocular del coche de Salvador Barrio. El foco está puesto en un vecino de La Parte de Bureba. Ángel Ruiz, Angelillo, fue señalado por algunos conocidos. Cumple condena por el asesinato de su vecina Rosalía Martínez, de 84 años, en 2011. La atropelló hasta la muerte por la espalda en La Parte, de donde procedía parte de la familia Barrio. Ese individuo colérico y vengativo, pensionista cincuentón y soltero, estaba enfrentado al cabeza de familia que había empezado a comprar tierras por la zona. Durante el entierro de Salvador provocó un altercado junto al cementerio y horas después escribió en su tumba «cerdo, cabrón, hijo de puta». Lo detuvieron en 2005 por esas pintadas, le interrogaron y registraron su casa, pero tampoco se hallaron indicios. Tenía coartada, no calzaba el número de la pisada que se encontró en el piso y no parecía saber dónde vivían las víctimas en Burgos. Pelo suyo y de su perra Pero en 2014, con Angelillo ya condenado por el asesinato de su vecina, la acción judicial se dirigió de nuevo contra él y la Audiencia de Burgos confirmó esa decisión al hallarse algunos indicios que lo relacionarían con el triple crimen de los Barrio. Entre otros, un cuchillo del sospechoso compatible con las heridas que sufrieron las tres víctimas. En el caso de la anciana, a Angelillo se le condenó con un pelo suyo encontrado en el coche robado con el que la embistió (ni siquiera tenía carné). En el vehículo también hallaron, tiempo después, pelos de su perra: la Rubia. En el caso de la familia Barrio los agentes recogieron cuatro pelos sobre los cadáveres. Con las técnicas forenses del momento no se pudo extraer ADN, pero desde 2004 los avances genéticos son constantes. La Policía tiene el crimen como uno de sus casos malditos, enquistados, pero los investigadores confían en que antes o después lograrán ponerle nombre y apellidos a quien acabó con los Barrio. Con un sobreseimiento provisional por medio, la acción judicial secreta se dirigió contra Angelillo desde 2014 de forma que hasta 2034 no prescribiría. Mientras, el hombre que odiaba a Salvador sigue cumpliendo condena en la cárcel de Burgos .De España https://ift.tt/3C5U53x
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