María F. pasó tres años en una cárcel sin rejas. La manipulación progresiva y el maltrato persistente al que la sometía su exmarido comenzó casi desde el instante en que se conocieron en la universidad. Sin embargo, no ha sido consciente hasta mucho tiempo después de que esa realidad no era «normal». Su valor la liberó de esa condena injustificada a finales de febrero. Tras pasar unos meses en un recurso de emergencia, desde el pasado junio rehace su vida en uno de los pisos que el Ayuntamiento de Madrid habilitó en plena pandemia –a través de un contrato de emergencia– para dar una salida a las mujeres víctimas de violencia machista que carecen de recursos. A estas quince plazas se unen este año una decena más, enfocadas a mayores de 65 años. En ellos podrán vivir hasta que reparen sus secuelas emocionales y puedan valerse económicamente por sí mismas. «Me dijo que iba a tener que trabajar de puta porque me iba a quitar todo. He sido una víctima pero ahora puedo agregar que soy una superviviente» Más de siete de cada diez sentencias dictadas en los juzgados madrileños durante el confinamiento terminaron en condena al maltratador. El número de mujeres víctimas de la violencia machista registradas en la región en el segundo trimestre de 2020 fue un 15,7 por ciento menor al año anterior, con 4.999 casos. A pesar de la bajada aparente de denuncias, los centros y alojamientos de emergencia se vieron desbordados. A las mujeres que no cuentan con una red familiar en la que refugiarse se las apoya en la búsqueda de trabajo para poder emanciparse a los pocos meses. Sin embargo, la crisis sanitaria del Covid truncó casi todas sus aspiraciones. Para paliarlo y permitir que aquellas, como María F., pudieran continuar dando pasos hacia su independencia emocional y económica, el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social lanzó este proyecto pionero de pisos semiautónomos. «Mi exmarido me dejó sin acceso a dinero, tampoco podía salir a ningún lado. Hasta el día que lo denuncié me dijo que iba a tener que trabajar de puta porque me iba a quitar todo», cuenta a ABC María F., que, con orgullo, ahora puede decir que puede valerse por sí misma. Dependencia económica «Empezó, como todos, con maltrato psicológico. Cuando vivimos en Venezuela pude haberlo denunciado y que pasara tiempo en el calabozo, pero allí la cárcel es más dura que aquí y pensé que al venir a España cambiaría», reconoce. «¿Si me quería y me hizo eso, si no denunciaba, a cuántas más podría hacerlo?», se pregunta, concienciada de que, pese al duro proceso posterior, ha merecido la pena llegar hasta aquí y contarlo, «para que ninguna más tenga que pasar ello». «Fui víctima de violencia machista y, por suerte, ahora puedo agregar que soy superviviente. No hay que tener vergüenza en decirlo. No somos culpables de lo que pasó», reflexiona. La crisis colapsó los centros de emergencia. Este plan pionero se lanzó para darles una salida Pese a las constantes vejaciones de su expareja, el día que le denunció solo estaba preocupada por la salud de él. «Llamé a emergencias porque él se había tomado muchas pastillas, o eso me creí yo, después de que me hubiera dado un cabezazo y me hubiera intentado asfixiar... Pensaba que se iba a morir. Pero en cuanto vino la Policía parecía otro, hablando de fútbol, mientras que yo estaba hinchada y nerviosa», relata. Una agente pronto se percató de lo que había ocurrido y se preocupó por María F. Ese fue el primer momento en que verbalizó su realidad. Y ahí comenzó su cambio. «Le conté lo que había pasado sin ser muy consciente. Y esa fue la primera vez que alguien me dijo que había sufrido violencia de género. Yo lo sabía, pero que alguien te lo diga es un choque enorme. El apoyo de esas personas juro que fue como si alguien me sacara del agua», confiesa, agradecida de ponerle fin a esa tortura silenciada. Sin familia en España y sin una red a la que aferrarse, en el primer recurso al que fue derivada encontró a otras mujeres en su misma situación con las que comenzó su «catarsis», como ella lo define. «Allí hice una amiga con la que planeo mudarme en cuanto encuentre trabajo», cuenta. Ahora convive con dos madres y sus dos hijas, también víctimas de violencia de género. Están alojadas en viviendas integradas en comunidades de vecinos. Allí ellas organizan sus rutinas y sus metas como quieren, siempre con el apoyo externo de profesionales. «Se hace seguimiento a distancia. Saben que siempre que lo necesiten pueden contar con el respaldo de los trabajadores y educadores sociales, además del psicólogo de su centro ambulatorio, que la conoce desde que inició el proceso», explica a ABC Sandra Suárez, la responsable del proyecto de viviendas semiautónomas de Provivienda, la entidad adjudicataria del contrato. Los talleres, cursos u objetivos que desarrollan son siempre «consensuados». «Se busca trabajar de forma individualizada, según los intereses y metas que ellas se ponen», añade. Se les presta apoyo psicológico y social externo y cursos para mejorar su inserción laboral «Estos pisos protegidos suponen un paso muy importante para que las mujeres recuperen su autonomía, dado que fomentan la búsqueda de empleo a la vez que trabajan en la reparación de las secuelas que les ha provocado la violencia vivida», explica a ABC el delegado de Familias, José Aniorte (Cs), cuya área, ante el «gran resultado» de estos meses, ha aumentado las plazas y la inversión en 138.000 euros. «Las nuevas plazas están pensadas para mayores de 65 años, las más vulnerables, que han sufrido violencia durante gran parte de su vida pero ha sido invisible a los ojos de la sociedad», subraya. María F. estudió Psicología en Venezuela, pero no ha podido convalidar su título en España ante la imposibilidad de que le enviasen la documentación. Por eso, ahora ha empezado un curso de Marketing con el que aumentar sus salidas laborales. Gracias a los cursos y talleres de inserción laboral, una de las 15 mujeres ya ha encontrado trabajo y podrá emanciparse. Estos pisos son ese último escalón para recuperar la esperanza y tomar las riendas de su futuro.De España https://ift.tt/38Rb3VQ
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