La ruina del sector cinegético

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, en resolución del pasado 21 de enero, acordó suspender el movimiento de entrada y salida de cazadores en esta comunidad inicialmente hasta el 28 de enero. Ante las justificadas quejas de todos los afectados, se tenía la esperanza de que, una vez llegada esta fecha, el Gobierno regional rectificara y permitiera la entrada y salida de cazadores sin las restricciones que ya venía exigiendo. Lamentablemente no ha sido así y ha decidido prorrogar la restricciones diez días más, hasta el 7 de febrero incluido. En consecuencia, se sigue sin permitir el movimiento de cazadores entre municipios dentro de Castilla-La Mancha ni la entrada de cazadores de otras regiones ni de otros países. En la práctica la medida supone la paralización de la actividad cinegética y la puntilla definitiva a un sector que solo en esta comunidad aporta 634 millones de euros al Producto Interior Bruto y genera 23.000 puestos de trabajo. Con el inicio de la pandemia, los cazadores ya habían adoptado estrictas medidas de precaución en el ejercicio de su actividad, de forma que quedaban prohibidas la práctica totalidad de las relaciones sociales en torno a la caza. Se suprimieron los desayunos previos a las cacerías, las comidas y reuniones, incluso la presencia de acompañantes, por lo que el riesgo de contagio quedaba reducido al mínimo. Por ello no se acierta a comprender el empeño del Gobierno castellano-manchego, que no tiene en cuenta las graves consecuencias de la medida. Además del perjuicio a las empresas y trabajadores del sector, nos vamos a encontrar con que esta temporada solo se cazará un 30% de las 90.000 piezas de caza mayor que estaba previsto abatir, lo que sin duda provocará una sobrepoblación que se traducirá en importantes daños a la agricultura, un aumento considerable de los accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas y, además, un riesgo sanitario de consecuencias imprevisibles. En otras comunidades como Extremadura, Castilla y León o Andalucía se permite la entrada y salida de cazadores para la práctica de la caza mayor y la menor como control por daños a la agricultura, por lo que tiene difícil justificación que no se permita lo mismo en Castilla-La Mancha. Grupos ecologistas radicales han presumido en las redes sociales de que el cambio de criterio de la Administración castellano-manchega responde a una querella que han interpuesto contra el director general. Espero que esto no sea cierto ya que, de ser así, no tengo la menor duda de que los sectores afectados también interpondrán sus querellas y al final acabaremos todos en el juzgado.

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