La caza y los parques nacionales

Hace ya muchos años y con ocasión de un congreso internacional para la conservación de las aves acuáticas, los delegados españoles expusimos, entre otros problemas, el de la conservación de la malvasía, de la que por aquel entonces –años ochenta del siglo pasado– debían quedar no más de 50 ejemplares en nuestro país y ya había desaparecido de Doñana-Marismas. Manifestamos que para la recuperación de la especie en este bien conocido parque nacional, habría que implementar ciertas medidas, pero que la Administración correspondiente no disponía de presupuesto para ello. Entonces, un tal Mr. Pickering, delegado norteamericano, creo recordar, preguntó que por qué esa Administración no vendía los derechos de caza de gamos, ciervos, jabalíes, ánsares, etc., y con los ingresos obtenidos por ello se podrían financiar las actuaciones de conservación necesarias. ¡Lógica y pragmatismo en estado puro! Salí de aquel atolladero limitándome a decir que aquello en España no era posible… Y lo que no dije era que los ingresos del parque nacional tenían que ir a una cuenta global del Ministerio de Hacienda, de donde luego era imposible extraerlos para dedicarlos a conservación, y que ya entonces vender la caza de un parque nacional no era considerado políticamente correcto por nuestros padres de la patria. La malvasía se recuperó en otros humedales gracias a la iniciativa privada, pero no volvió a Doñana precisamente por eso, porque nunca se implementaron las medidas necesarias para ello. Desde la década de los ochenta, la caza mayor en las propiedades estatales y autonómicas del parque han sido controladas, aunque insuficientemente, por agentes medioambientales y la carne ha sido destruida en centros especializados para ello, labor que no es precisamente barata. Recuerdo haberme encontrado a uno de estos agentes hace unos años y me comentó que llevaba meses sin eliminar reses porque la Administración del parque no contaba con presupuesto para las balas… Viene todo esto a cuento porque desde el pasado diciembre no va a ser posible cazar en las fincas de propiedad privada incluidas en los parques nacionales. En Doñana ya se llevó a cabo esta prohibición hace tiempo y ello condujo a tener que indemnizar a los propietarios por limitación del ejercicio de la propiedad. En parques como Cabañeros o Monfragüe, donde la propiedad privada está mucho más presente, la corrección política nos va a costar a los contribuyentes un riñón y parte del otro. Es una situación de sinsentido realmente indignante. Porque el ejercicio de la caza garantiza la conservación del medio a coste cero para el pagador de impuestos y a partir de ahora se va a perder esta contribución gratuita y además habrá que afrontar indemnizaciones a los propietarios por privarles de su derecho a cazar: ¡doble derroche! Y todo ello siendo testigos, como somos, de una sucesión interminable de incorrecciones políticas y de toda índole perpetradas a diario por nuestros gobernantes y representantes parlamentarios.

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