El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, cierra su etapa en el Gobierno incumpliendo la palabra dada al Congreso. Y no por un tema menor sino por algo tan trascendental como la ley «urgente» de nueva normalidad, llamada a regir la vida de los españoles durante la pandemia. El pasado mes de junio, el dirigente catalán necesitaba que la Cámara Baja convalidara el real decreto-ley de nueva normalidad que establecía la obligatoriedad de mascarillas y distancia de seguridad. El clima político era de máxima crispación tras la mala gestión de la pandemia y los abusos cometidos por el Gobierno durante el estado de alarma, cuyas últimas prórrogas fueron aprobadas con dificultad. Además de necesitar la convalidación del decreto, Illa quería proyectar una imagen de consenso sobre las nuevas medidas. Para ello, negoció con la oposición convertir el texto en un proyecto de ley en el que todos los partidos podrían introducir, vía enmiendas, sus propuestas de mejora. También asumió el compromiso de que este desarrollo se realizaría por la vía de urgencia. Dinamitar el acuerdo Estas condiciones convencieron a grupos como Ciudadanos o el PNV que ya venían negociando con el Gobierno pero también al PP, que venía votando en contra de las últimas prórrogas del estado de alarma. Sin embargo, el pasado 28 diciembre –dos días antes de conocerse la candidatura de Illa a las elecciones catalanas– los socialistas traicionaron su promesa y dinamitaron seis meses de trabajo parlamentario al anunciar, junto a Podemos, la retirada de todas las enmiendas. Solo dejaron una mejora técnica, no referida al virus sino a los ámbitos de transporte y vivienda. La comunicación se produjo en la última reunión de la ponencia de la ley, a puerta cerrada y sin actas. En esta marcha atrás, los socialistas también revocaron todas las enmiendas transaccionales -pactadas con otros partidos- que el propio PSOE había defendido en la reunión anterior. Y todas las propuestas formuladas por la oposición fueron desestimadas por la coalición y sus aliados incluyendo el PNV que, tras pedir en junio poder introducir cambios, alegó ahora invasión de competencias si el texto iba más allá. Así, después de que los grupos políticos dedicaran casi tres meses a la labor de enmiendas -registrando más de cien-, y otros tres meses a analizar las propuestas, el dictamen salió adelante con el mismo texto del decreto vigente desde junio, y la única diferencia de la mejora técnica citada. Este cuerpo duplicado volverá a ser debatido en una sesión que la Comisión de Sanidad celebrará, previsiblemente, el próximo mes de febrero. Aunque sin muchas esperanzas, tanto el PP como Ciudadanos no se dan por vencidos y volverán a reclamar a los socialistas que cumplan los compromisos asumidos y acepten la introducción de algunas de sus enmiendas. Las actas, testigos del pacto No en vano, aunque el acuerdo de junio se negoció a puerta cerrada, Illa lo selló públicamente durante su intervención ante el pleno el día de la convalidación. «El Gobierno valora positivamente que las medidas que contiene este real decreto-ley se amplíen con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios en el caso de que la Cámara se pronunciara a favor de su tramitación como proyecto de ley. Si fuera así, nuestro deseo sería que se hiciera de la forma más ágil y urgente posible para tener cuanto antes un marco para hacer frente a los posibles brotes», sostuvo entonces. Fue este compromiso el que permitió una convalidación por amplísima mayoría, con 265 «síes» frente a 77 «noes» y cinco abstenciones. El incumplimiento de la palabra dada no es, por tanto, una cuestión de valoración o interpretación personal sino un engaño que afecta a un compromiso adquirido ante el Congreso y del que queda constancia en el Diario de Sesiones. Una ley vana Además del trato sobre las propuestas de la oposición, Illa también se saltó la tramitación urgente. Siguiendo la cita antes recogida, el ministro de Sanidad defendió la nueva ley como una herramienta para afrontar los brotes del coronavirus previstos para el verano. Sin embargo, hemos cambiado de año y el texto sigue tramitándose. Como pronto, no será aprobado por el Senado hasta el mes de marzo, nueve meses después de iniciar su recorrido parlamentario La nueva ley no solo no llegó a tiempo de actuar contra los rebrotes del verano, sino que tampoco estuvo aprobada para la segunda ola de otoño ni estará disponible para la tercera embestida que tanto las autoridades como los epidemiólogos pronostican tras la Navidad. De hecho, su aprobación llegará meses más tarde de que el propio Illa haya anunciado «el inicio del fin de la pandemia» gracias a la vacunación. Entre marzo y junio, cuando entrará en vigor la nueva ley, se estará desarrollando ya la segunda fase de esta estrategia, según los planes del Gobierno. Desconfianza creciente Este nuevo engaño a la oposición se produce en un momento de creciente desconfianza hacia el Gobierno por parte de la bancada conservadora, a la que Pedro Sánchez viene acusando de no querer pactar o de reventar los acuerdos alcanzados. No es, además, la primera vez que sucede. Durante la vigencia del anterior estado de alarma, el líder socialista asumió varios compromisos con el PP que luego no dudó en incumplir tras obtener su apoyo o considerar que le resultaba más rentable provocar al partido que lidera Pablo Casado. El más sonado fue el caso de la Comisión para la Reconstrucción que, una vez acordada entre el líder socialista y el popular, fue utilizada por la coalición para negociar con sus socios independentistas un plan de trabajo y un calendario «a medida». El diálogo con el PP acabó siendo puramente residual pese a haber sido pieza clave en su nacimiento.De España https://ift.tt/388kvov
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