
El pasado 28 de septiembre, el Tribunal Supremo confirmaba la inhabilitación del presidente Quim Torra. Cataluña se encaminaba hacia unos nuevos comicios autonómicos que entonces, con unos datos epidemiológicos relativamente buenos en Cataluña (incidencia acumulada a 14 de días de 196,66 casos), nadie ponía en cuestión. Pese a los altibajos de un verano con repuntes de contagios, en septiembre todavía no se hablaba de segunda ola, y mucho menos de tercera. Casi tres meses después, el 22 de diciembre, cuando el Diario Oficial de la Generalitat publicaba el decreto de convocatoria y se oficializaba la fecha del 14 de febrero, la situación había cambiado sustancialmente a peor (340,84 casos de incidencia acumulada), aunque tampoco nadie imaginaba que entrado el año, y a poco más de un mes para los comicios, la posibilidad de que la pandemia obligue a suspender estuviese tan presente. Los últimos datos arrojan una incidencia de 406,88. Los partidos, con las últimas encuestas sobre la mesa, comienzan a calibrar qué influencia podría tener esa posibilidad sobre el comportamiento electoral, y en qué medida, las tendencias demoscópicas podrían consolidarse, o, por contrario, revertirse si la situación empeora de manera sustancial. Sobre el papel, los más perjudicados serían ERC –responsable de la gestión sanitaria y que día a día ve como la ventaja respecto a Junts se recorta– o el PSC, que podría perder el efecto sorpresa de un Salvador Illa manchado por su balance en el Ministerio de Sanidad. Los teóricos beneficiados son partidos como Junts, con más tiempo para consolidar la candidatura de Laura Borràs y su tándem con Puigdemont; el PP, con más recorrido para consolidar los efectos de su «opa» a CS, o el PDECat, en el umbral del 3 por ciento que permite obtener representación. Decisión política Pese a que puede haber intereses contrapuestos, ahora mismo nadie plantea abiertamente una suspensión, pero entre los partidos y en la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia –organizadora de los comicios– se comienza a asumir que el previsible incremento de casos tras la mayor interacción social y familiar en Navidad pueden hacer inevitable el aplazamiento. La fecha clave es el 15 de enero, cuando el Govern, tras consultarlo con los partidos, tomará una decisión definitiva. La decisión no será fácil. En primer lugar porque las proyecciones no siempre son ajustadas, y en segundo porque no hay un criterio fijado sobre qué grado de incidencia debe haber para proceder a la suspensión. Sí se asume, obviamente, que en situación de confinamiento domiciliario, o de severas restricciones, los comicios son inviables. Así, sin un criterio claro, la decisión puede teñirse de connotaciones políticas partidistas. De manera reciente desde la CUP, por ejemplo, se exigía que una hipotética suspensión se base en criterios científicos objetivables, ante el miedo a que la decisión la acaben tomando desde el Govern (Junts y ERC) a conveniencia. A falta de la decisión última, desde la Generalitat se han previsto varias novedades para estimular la participación y garantizar la seguridad si finalmente hay elecciones. Así, y por primera vez, la Junta Electoral ha autorizado que los ciudadanos puedan imprimirse la papeleta en casa. Del mismo modo, la atomización de colegios electorales se cambiará por la instalación de urnas en grandes pabellones para garantizar la distancia. Propuestas como la de establecer franjas horarias, permitiendo por ejemplo, que las personas en cuarentena voten durante una hora en concreto, o la extensión hasta las 21 horas del horario para votar, se solicitarán a la JEC. El cartero, custodio del voto Del mismo modo, se realiza una intensa campaña para estimular el voto por correo, donde también hay novedades. Así, la solicitud de este derecho podrá ser telemática, y el cartero actuará como custodio del voto, es decir, se podrá votar sin salir de casa en ningún caso. A modo de anécdota, y por lo que respecta a una campaña electoral que se pretende que sea lo más telemática posible, en el caso de celebrarse mítines, los políticos deberán abstenerse de fomentar cánticos y gritos. Las propuestas de la Generalitat no son vistas con buenos ojos por todos, y el Defensor del Pueblo catalán señalaba que con la actual tendencia al alza de la epidemia, podría haber alrededor de 125.000 personas confinadas el 14 de febrero. Dejarles salir pondría «en riesgo a los miembros de las mesas y al resto del personal electoral». El factor Covid, en cualquier caso, añade incertidumbre a unos comicios cuyo resultado ya no está tan claro como hace unos meses. Si hasta ahora se daba por descontada la victoria de ERC, la tendencia de las últimas encuestas señala un resultado más ajustado. El último sondeo, publicado ayer por «El Español», apunta de hecho a un triple empate entre ERC, Junts y el PSC. La encuesta, que se realizó entre el 2 y el 5 de enero, otorga la victoria a ERC, que obtendría el 20,1 por ciento de los votos, seguida de Junts, con un 19,9, y el PSC, con un 19,3. El sondeo señala que el PSC ha subido 2,6 puntos en intención de voto en una semana, coincidiendo con el anuncio de la candidatura del Illa. Según las estimaciones, Cs cosecharía el 12 por ciento de los votos y vería como frena el desplome que le otorgaban encuestas anteriores. Los comunes sacarían el 7 por ciento, irrumpiría VOX con un 6,3 y el PP se quedaría en el 6,1. La CUP, por su parte, obtendría un 5,2. Estos porcentajes trasladarían la posibilidad de que el independentismo repitiese una nueva, aunque exigua, mayoría. ERC sacaría entre 31 y 32 escaños, Junts sumaría entre 30 y 31, mientras que CUP obtendría 6 ó 7. Por la franja baja el secesionismo se quedaría a un escaño de la mayoría absoluta (68 actas) mientras que por la alta llegaría a los 70. Por su parte, el PSC vería como la concentración de voto en las zonas urbanas le penaliza con respecto al independentismo. Pese a ello, ganaría entre 10 y 11 actas con respecto a sus actuales 17. Los comuns obtendrían entre 7 y 8 escaños, y VOX y PP empatarían a 6.
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