La decisión de aprobar una ley de nueva normalidad con las mismas medidas contenidas en el decreto de junio no solo supone traicionar a la oposición. También conlleva renunciar a adaptar el marco jurídico a la evolución de la pandemia (rebrotes, olas, vacunación, nuevas cepas, etcétera) y dotar al país de una nueva ley que permita hacer frente con rapidez y eficacia a futuras epidemias. Éstos últimos han sido los objetivos perseguidos por el Partido Popular a través de sus enmiendas a la nueva ley. Así, han propuesto crear una Agencia Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial, autónoma y técnica. Su tarea sería la «vigilancia, control y prevención de las crisis de salud pública, estableciendo protocolos de actuación básicos y aplicables para una implantación coordinada y homogénea en todo el territorio nacional», pero también tendría que establecer una «metodología de evaluación y seguimiento de la evolución de estas crisis fijando los indicadores adecuados en cada momento». El partido que preside Pablo Casado también aboga por establecer un plan de «inversiones que contribuya al fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud» o crear una Agencia Estatal «para la gestión de los fondos destinados a la reconstrucción social y económica». Otras medidas que, a petición de los populares, podrían ser incluidas en la nueva ley son mandatar a las autoridades aeroportuarias a adoptar «medidas especiales de control de pasajeros e instalaciones» sobre todo en los vuelos internacionales; adjudicar las ayudas según la situación real en lugar de la Renta del ejercicio anterior, o evaluar «el impacto en el aprendizaje y rendimiento que ha tenido la educación a distancia durante el confinamiento».De España https://ift.tt/38YHO38
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