Desde que el 13 de septiembre de 2018 el Ministerio del Interior trasladara a los dos primeros etarras a cárceles más próximas al País Vasco -fueron Marta Igarriz, condenada a 15 años de los que lleva 13 cumplidos, y Kepa Arronategi, con una pena de 30 años por asesinato y 21 de cumplimiento-, 130 terroristas han seguido el mismo camino, algunos incluso en más de una ocasión. De ellos, 49 tienen delitos de sangre y algunos arrastran un historial de varios asesinatos, a pesar de lo cual han sido beneficiados con estos acercamientos. El pasado 30 de diciembre se produjo el movimiento más importante, con once afectados, entre ellos el siniestro Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi. En la mayoría de los casos -hay alguna excepción, por enfermedad- Instituciones Penitenciarias ha justificado su decisión en que los terroristas han pedido perdón por el daño causado, acatado la legalidad penitenciaria y se han desvinculado de la banda. Por el contrario, ninguno de ellos ha colaborado con la Justicia para que pueda conocerse la autoría de los atentados que aún están sin resolver. Dispersión Al País Vasco o Navarra, según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT, se ha trasladado a 26 internos, diez al concedérseles el tercer grado y tres por enfermedad. Los otros trece lo han sido por otros criterios. No obstante, de los 195 presos etarras apenas 22 están en esas cárceles, lo que supone un 11,3 por ciento del total. En centros penitenciarios que están a menos de 200 kilómetros de esas dos comunidades hay 78 (un 40 por ciento), y el resto, 95 (48,7 por ciento) se encuentran ingresados en cárceles más alejadas. Por provincias, las que más internos de ETA han recibido son, por este orden, Zaragoza y Logroño, con 20 cada una de ellas, y las del País Vasco, con 18. Les siguen Cantabria y Asturias, con doce cada una. En cuanto el régimen penitenciario en el que se encuentran, el grupo más numeroso, 110 de ellos (un 56,4 por ciento del total) están clasificados en primer grado o régimen cerrado; otros 76 (un 39 por ciento) en segundo grado o régimen ordinario y 9 (4,6 por ciento) disfrutan ya del tercer grado o régimen abierto. Cinco de estos últimos tenían delitos de sangre. Además, en 2020 siete quedaron en libertad condicional y 25 salieron a la calle después de cumplir su condena. En cuanto a los años que llevan en prisión los etarras acercados, el que más tiempo ha pasado entre rejas es Agustín Almaraz Larrañaga, con 25 años de cumplimiento de los 30 que le fueron impuestos. Almaraz fue uno de los terroristas que planeó asesinar a Juan María Atutxa cuando era consejero de Interior del Gobierno vasco. Le siguen Aitor Fresnedo, con 24 años de los 30 que debe cumplir. Tiene delito de sangre y cuando fue detenido en Galicia disponía de documentación sobre Manuel Fraga, que por entonces presidía la Xunta. Por su parte, Andoni Murga lleva 23 años en prisión de una condena de 25. Los que menos llevan En el lado opuesto están Asier Bengoa, que apenas lleva uno de los siete años que tiene de condena, y José Juan García González, que solo lleva dos en prisión tras una condena a 16. También José Carlos Apezteguía lleva ese tiempo, aunque en su caso la pena es de solo cuatro años. No solo los presos de ETA se han beneficiado de estas decisiones. También tres reclusos del Grapo lo han hecho. Se trata de Fernando Silva Sande, uno de sus miembros más emblemáticos, que participó en el secuestro de Publio Cordón; Jesús Merino del Viejo, y Manuel Pérez Martínez, el «camarada Arenas». Todos tienen delitos de sangre y llevan 13, 16 y 14 años entre rejas, respectivamente y en el caso de Silva Sande colaboró con la Guardia Civil para intentar encontrar el cadáver del empresario.De España https://ift.tt/3aZAYgt
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