Lucha de clases

Con la polémica generada por el protocolo médico-informativo de las mujeres en la coyuntura de abortar, que nadie sabe si existe pero se pretende liquidar a golpe de requerimiento gubernativo, ha pasado inadvertido el revolcón judicial sufrido por don Francisco Javier Iglesias Peláez, padre de Iglesias Turrión, Pablo, al perder la demanda que interpuso contra Cayetana Álvarez de Toledo por llamarle «terrorista». El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora entiende que la expresión «hijo de terrorista» proferida por la parlamentaria popular, tanto en el Congreso de los Diputados como en una entrevista en este diario, para referirse al líder de Podemos –entonces vicepresidente del Ejecutivo– no supone una vulneración de su honor. La sentencia deja claro que el denunciante perteneció al Frente Revolucionario Antifascista Patriota (FRAP), organización que entre 1973 y 1975 asesinó a cuatro policías y un guardia civil. La militancia en dicho grupo criminal es un hecho reconocido por Iglesias 'father' incluso en el propio juicio, de manera que las palabras de la diputada tienen «base fáctica», según el tribunal. Ya pintaba mal la cosa para esta parte cuando, en la vista oral, la Fiscalía se mostraba a favor de archivar el procedimiento, al igual que el abogado de la defensa, Rubén Múgica. A Iglesias hijo la expresión de Cayetana le parecía una «difamación ultra», contextualizada en una impunidad relacionada con sus títulos nobiliarios, la prosapia y tal. Empero, hemos comprobado que la demagogia inherente a la asamblearia dialéctica de Pablito no cuela ante los jueces: el fallo asegura que esas palabras poseen «un indudable interés general» por referirse «al pasado histórico y político de nuestro país», por lo que no pueden «molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige». Es más, como suele suceder en estos casos, debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión «por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático». Casi nada. Este último argumento resulta demoledor, pues supone un rejonazo en todo lo alto al discurso de Podemos, un torpedo a la línea de flotación del movimiento empeñado en dinamitar nuestra democracia con el apoyo del sátrapa Sánchez y la ciénaga del actual PSOE, por más que Alfonso Guerra pida que alguien asuma responsabilidades tras la ley del 'sí es sí'. Nos explicaban en la Facultad que la opinión pública es la racionalidad expresada de forma masiva, pero ahora es sobre todo irracionalidad ante un estado de derecho amenazado que costó mucho consolidar. Reconforta que de vez en cuando un juez o jueza de provincias ponga las cosas en su sitio, en una demanda surgida de una mal entendida lucha de clases.

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