Un alto cargo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana desmintió este miércoles ante el juez la versión que la máxima responsable de este departamento, Mónica Oltra, ha dado en los últimos meses sobre la gestión que hizo del caso de abusos a una menor tutelada por parte de su entonces marido. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia investiga a trece cargos y funcionarios de Igualdad -entre los que no se encuentra la consellera y vicepresidenta del Gobierno autonómico- por presuntamente encubrir al agresor y desproteger a la víctima de 15 años, que residía en un centro en el que el ahora condenado a cinco años de prisión ejercía como educador. En una nueva jornada de comparecencias vespertinas, tanto la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, -un puesto de la máxima confianza de Oltra-, como la subdirectora del rango, Gemma Plaza, negaron que la orden de abrir el expediente que el magistrado tilda de «investigación paralela», pues se inició cuando un juez ya había dictado una orden de alejamiento, la diera la dirigente de Compromís. «Yo fui quien encargué el expediente, se lo dije a la directora general y la directora general dijo: 'Oiga, averígüese aquí qué ha pasado'. Punto, no hay más», aseguró Mónica Oltra en varias declaraciones antes los medios. De hecho, el juez llegó a solicitar una grabación de las mismas. En contra del relato de la vicepresidenta, que siempre ha defendido que conoció la denuncia de abusos el 4 de agosto de 2017 por su circunstancia personal, cuando llegó a su casa una notificación, y ha reiterado que ordenó que se esclareciera lo ocurrido a sus subordinadas, las dos altos cargos aseveraron que decidieron abrir por cuenta propia esa investigación y que no hablaron con Oltra sobre esta cuestión. Fuentes presentes en la sala durante la declaración explican a ABC que ambas tuvieron conocimiento verbal de la denuncia por parte de la jefa de servicio de Infancia y Adolescencia -declarará este jueves-, aunque no sabían entonces, según su versión, que la Fiscalía llevaba un mes -desde el 6 de julio- haciendo requerimientos y que un juez ya había dictado medidas cautelares el 28 de julio. Plaza defendió ante el magistrado que preguntó si la Conselleria había dado parte al Ministerio Público de esa denuncia y la jefa de servicio le dijo que sí. Precisamente, fue la subdirectora general quien, el 8 de agosto -en sustitución de Molero, que estaba de vacaciones- firmó un escrito dirigido a la entonces directora territorial en Valencia, Isabel Serra, solicitando la apertura de un «Expediente Informativo a fin de constatar, en su caso, la veracidad de los hechos», una petición que se materializó el día 21, bajo la denominación «Información Reservada 01/2017». Las dos investigadas apuntaron que la consellera no tenía constancia de los abusos, que no recibieron presiones y que actuaron como en casos anteriores. A finales de ese año, se remitieron las conclusiones de ese informe -exculpatorio para el agresor- a la Fiscalía. Sin embargo, el juicio contra el educador tuvo que repetirse parcialmente porque ese expediente no se había incluido, según la fiscal, porque no tenía constancia ni siquiera de que existiera. A preguntas del juez, Rosa Molero reconoció que conocía que Luis Ramírez Icardi trabajaba en el centro concertado Niño Jesús de Valencia -donde se produjeron los abusos entre 2016 y 2017-, pero que se enteró de que él era el denunciado tiempo después, por la prensa. Siete meses de 2017 La causa tiene su origen en una denuncia interpuesta en mayo de 2021 por el abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, contra cuatro miembros de la Conselleria de Igualdad por la supuesta falta de protección de la menor a la que aludió la sentencia contra Icardi de la Audiencia de Valencia. A ella se sumó una querella presentada un mes después por la asociación Gobiérna- Te, impulsada por la confundadora de Vox Cristina Seguí contra Mónica Oltra y ocho personas más. Ambas quedaron acumuladas en el mismo juzgado. Además, la formación de Santiago Abascal también ejerce la acusación popular. Eso ha llevado a Oltra a calificar el caso como «una cacería de la extrema derecha». La joven de 15 años denunció los abusos en febrero de 2017, pero no fue hasta junio cuando la Fiscalía tuvo conocimiento de la denuncia, pues las responsables del centro de menores no habían dotado de credibilidad al relato de la menor. El Ministerio Público contactó hasta en tres ocasiones por escrito con la dirección territorial. Solicitó a Igualdad toda la documentación de la entrevista mantenida con la víctima, y pidió que se le informara del motivo por el que no existía constancia de estos hechos en el expediente de Protección del Menor. Tras una primera respuesta incompleta, el 14 de agosto Igualdad contestó haciendo ya referencia a las diligencias penales abiertas. Dos días después, la víctima fue trasladada de centro. En los últimos días, el magistrado Vicente Ros ha rechazado por «prematuras» las peticiones de sobreseimiento formuladas por dos de las investigadas, cuando la causa todavía está en fase de instrucción, y ha criticado el «exceso defensivo» de las mismas.De España https://ift.tt/2F176jC
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