PSOE, Podemos, Bildu y Más País dieron ayer el primer paso para lanzar una reforma legal que permita «orientar» las decisiones de las autoridades independientes:la Agencia de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo de Transparencia y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El informe que aboga por adoptar esta polémica medida, más propia de regímenes dictatoriales que de democracias occidentales, es no vinculante pero superó ayer su primera votación en una subcomisión del Congreso y queda ahora a la espera de recibir el visto bueno del pleno en las próximas semanas. PP, Vox, Ciudadanos y PNV se opusieron a la aprobación del documento mientras ERC no acudió a votar pese a haber asistido a todos los debates. Bildu, en cambio, apoyó el informe sin haber participado en las sesiones de trabajo. La reforma legal que propugnan el PSOE y sus socios pretende que se puedan fijar los fines y objetivos de las autoridades independientes «en función de las necesidades de cada momento». «Cada seis meses o un año se podrían establecer mandatos marco en colaboración con representantes de toda la ciudadanía», recoge el informe, en lo que supone un ataque frontal a la esencia de estos organismos ya que su independencia radica, precisamente, en que no reciben instrucciones de nadie. La ley establece que ningún otro órgano, ni siquiera el poder democrático, puede darles órdenes, y les mandata a «resistir» frente a cualquier tipo de presión externa para poder ejercer adecuadamente su función reguladora. Vulneración europea Además, la propuesta aprobada ayer entra de lleno en conflicto con la legislación comunitaria. Son varias las directivas que establece que las autoridades independientes de los Estados miembros no pueden pedir ni aceptar «instrucciones directas de ningún gobierno ni ninguna otra entidad pública o privada para el desempeño de sus funciones», y que obligan a los países a asegurarse «especialmente» de que estas instituciones puedan tomar decisiones «autónomas, con independencia de cualquier órgano político». El informe del PSOE y sus socios, sin embargo, hace la interpretación inversa. En lugar de entender las autoridades independientes como una garantía de buen funcionamiento democrático, cuestiona su legitimidad argumentando que reduce la legitimidad del Gobierno y que ésta debe prevalecer por emanar de las urnas y estar sometida al control del Congreso. Limitar sus funciones «Alteran en cierto modo este esquema de legitimación democrática de las decisiones», llega a afirmar el informe sobre las citadas autoridades. «Su existencia, pues, ha de ser considerada como una excepción al normal funcionamiento democrático de las instituciones, debiendo ser por ello justificada caso a caso», añade. Además de «orientar» las decisiones de las autoridades independientes, el informe aboga por limitar la actuación de estos organismos tanto en el plano político como en el jurídico. Y ello «para evitar que gocen de un estatus exorbitante que no está previsto por la Constitución». También pide topes materiales a su creación. «De lo contrario, se estaría creando un espacio en el que una autoridad toma medidas con discrecionalidad política sin contar con la legitimidad con que cuenta el Gobierno», subraya. Sin embargo, estos organismos no toman ningún tipo de decisión política ya que su cometido es estrictamente técnico por lo que el informe vuelve a plantear un conflicto de legitimidades ficticio para sostener su argumentación. Es precisamente para solventar todos estos supuestos problemas de legitimidad, por lo que el informe termina abogando por esa reforma legal que permita condicionar la labor de estas instituciones. Aval del Congreso El objetivo inicial con el que se impulsó este documento era justo el contrario: recabar propuestas para elevar la independencia de las autoridades reguladoras. En esta línea sí entraría otra de las medidas incluidas en el documento y que pasa porque los nuevos cargos de estos organismos reciban el respaldo de la mayoría cualificada del Congreso, sumada entre, al menos, dos grupos parlamentarios distintos. De este modo, aunque la renovación de estas instituciones siga partiendo del Ejecutivo, éste necesitaría contar con el «sí» de la oposición para llevar a la práctica los nombramientos.De España https://ift.tt/iQxLA2a
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