El compromiso de Marruecos para no fomentar un órdago sobre las fronteras de Ceuta y Melilla, como el promovido en mayo del pasado año con 10.000 personas desbordando la valla de la ciudad ceutí, es el argumento más sólido que el Gobierno de España está poniendo encima de la mesa para justificar un acuerdo con Rabat que incluye un cambio en la posición española sobre la situación del Sahara Occidental, que está dejando al PSOE aislado en el parlamento y al Gobierno nuevamente dividido internamente. Podemos se reserva acciones legislativas sobre el Sahara que podrían poner en aprietos al Gobierno en el Congreso. Y todo ello en un contexto de aceleración del malestar social ante las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania. Es precisamente esto último, las consecuencias de toda índole del cambio geopolítico, lo que hace pensar al Ejecutivo que su actuación era imprescindible. El control de los flujos migratorios para poder restablecer la normalidad fronteriza. Además, explica el Gobierno aunque concentre menos atención, también se alcanza a las tensiones sobre las aguas territoriales de Canarias. «Inestabilidad territorial y descontrol migratorio en un escenario de crisis económica era algo que no nos podíamos permitir», reflexionaba ayer en privado un miembro socialista del Ejecutivo de coalición. Un compromiso, el del respeto a la integridad territorial de Ceuta y Melilla, que no consta como tal por escrito en la carta que Pedro Sánchez envió a Mohamed VI el pasado 14 de marzo. Ayer la misma se conoció en su integridad a través del diario El País. Y de la lectura no se obtiene más información que la filtrada parcialmente por Marruecos el pasado viernes. En la misma consta el posicionamiento español respecto al plan de autonomía marroquí para el Sahara como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. La mención específica al problema saharaui no tiene la contrapartida de una reclamación específica por parte de Sánchez sobre Ceuta y Melilla. Nada hace pensar que Marruecos vaya a plasmar por escrito su renuncia a una de sus grandes reivindicaciones históricas. «Estabilidad y seguridad» Ante esa ausencia, el Gobierno diseñó para ayer miércoles un operativo institucional que llevase a Pedro Sánchez a Ceuta y Melilla para desde allí lanzar el mensaje de que el acuerdo pretende garantizar la «estabilidad y seguridad» de las ciudades autónomas. Sánchez tuvo que enfrentar en su visita esa pregunta en su primera parada por parte de la prensa ceutí: ¿Qué garantías tiene España de que Marruecos abandonará su ánimo expansionista respecto a Ceuta y Melilla?. Pero el presidente no pudo o no quiso dar más detalles, se limitó a hacer referencia al respeto a la «integridad territorial» que sí aparece tanto en la carta como en el comunicado emitido el viernes por el Gobierno. En este sentido, añadió Sánchez, «hay aspectos que se consolidan en esta nueva relación vinculados con la seguridad y el control migratorio, relacionados con los sólidos vínculos económicos y comerciales que tenemos con Marruecos, y construyendo una relación sólida y sincera basada en el respeto mutuo y la integridad territorial de ambos países». Lejos de los esfuerzos estériles de su partido por intentar convencer a la opinión pública de que no hay cambio de postura, Sánchez ni se molestó en negar lo evidente. Aunque, en cierta forma, tratando de restarle trascendencia. «El Gobierno de España ha seguido la posición que también han manifestado otras naciones potentes en Europa, Alemania, Francia o la propia Comisión Europea manifestando el respaldo que no deja de ser una de las propuestas recogidas dentro del Consejo de Seguridad de la ONU (…) El Gobierno no ha hecho sino profundizar en una postura manifestada por otros gobiernos de distinto color. Y sin duda alguna seguir con la línea de otras grandes potencias dentro del marco de la ONU». Una posición sobre la que construye un acuerdo global que Sánchez justificó necesario porque «existía una crisis que no podía sostenerse en el tiempo», y que era perentorio resolverla después de 10 meses con «poca o ninguna comunicación» con Marruecos. Tras una primera reacción un tanto expectante, el Gobierno contactó con sus presidentes, Juan Jesús Vivas (PP) y Eduardo de Castro (ex de Cs). Ambos han avalado el plan de La Moncloa en tanto que necesitan que verdaderamente se cumplan las expectativas de no injerencia marroquí a través de una inmigración descontrolada. El viaje de Sánchez ayer vino a reforzar los mensajes que no se incluyeron en la misiva a Mohamed VI, y que desde luego Rabat tampoco menciona, pero que el Ejecutivo insiste en que quedan consolidados con el pacto. Por la mañana Sánchez planteó una política de Estado que garantice «un futuro de oportunidades para Ceuta basado en la estabilidad y la seguridad de la ciudad autónoma». Por la tarde planteaba que «Melilla es una cuestión de Estado». El presidente trasladó además que la nueva «cooperación reforzada» con Rabat alcanza la política migratoria, pero también la lucha contra el terrorismo y la cooperación económica.De España https://ift.tt/qksJOQc
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