En el municipio grancanario de Mogán, uno de los motores turísticos de la isla, la crisis migratoria que copó portadas entre octubre y noviembre continúa. La imagen ya no es la del muelle de Arguineguín con miles de inmigrantes hacinados tras llegar al archipiélago en cayuco. Ahora están alojados en hoteles, pagados por el Estado y el Gobierno canario, a la espera de que se pongan en marcha soluciones que tendrían que haber llegado antes de fin de año. La alcaldesa, Onalia Bueno —del partido Ciudadanos para el Cambio—, no ha dudado en emplear las herramientas que tiene a mano para ejercer presión y ha abierto expediente sancionador contra diez hoteles tras denunciar el «negocio» que hay detrás de la solidaridad. «Cuando surgió la crisis migratoria, dijimos "vale" ante la inacción del Gobierno de España», asegura Bueno sobre la decisión de alojar a los inmigrantes en hoteles. La situación cambió a mediados de noviembre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, «todavía no había cedido las instalaciones para que se pusieran en marcha los campamentos», por lo que la alcaldesa decidió dar una rueda de prensa en la que dio «un ultimatum»: los hoteles solo podrían alojar a inmigrantes hasta el 31 de diciembre. La fecha ha pasado y, sin perder un segundo, Bueno se puso manos a la obra. La Policía Local de Mogán inspeccionó diez hoteles y les abrió expediente sancionador. Si continúan alojados allí, los establecimientos se exponen a multas de entre 6.000 y 150.000 euros por ejercer una actividad contraria a las leyes de Suelo y de Ordenación Turística de Canarias. Según la alcaldesa, «los técnicos del Ayuntamiento tienen claro que hay que ir a la sanción más alta», una cifra nada desdeñable, sobre todo teniendo en cuenta la actual coyuntura económica por la que pasan los empresarios turísticos debido a la crisis del Covid. Imagen deteriorada Lo primero que uno podría pensar es que con esta solución se estarían matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, los inmigrantes llegados a Gran Canaria tienen un lugar digno en el que dormir y, por el otro, los empresarios reciben dinero público y continúan ejerciendo su actividad en un momento en el que los turistas están desaparecidos. Sin embargo, Bueno pone en valor a los 40 hoteles del municipio que «no han claudicado» ante una actividad que, según ella, está deteriorando la imagen turística del municipio y de la que se están beneficiando «cuatro empresarios con diez hoteles». «La solidaridad es un negocio que no te puedes ni imaginar», se lamenta la alcaldesa. Mensualmente, las ONG reciben del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones unos 16 millones de euros para que gestionen estos alojamientos. Bueno ha denunciado estas transferencias ante la Intervención General del Estado y de Canarias por ser «ilícitas»: los establecimientos no solo incumplen las leyes que regulan su actividad, sino que uno de ellos, con 900 huéspedes, ni siquiera tiene licencia de apertura y no se llegó a inaugurar. «Cruz Roja, a través de Migraciones, está pagando a un hotel que debería estar cerrado», subraya. En total hay 2.300 inmigrantes alojados en hoteles en Mogán, 600 de ellos menores no acompañados de los que se hace cargo la comunidad autónoma. Todos tenían que haber sido realojados antes del final de 2020, pero no ha ocurrido. De los seis campamentos prometidos, solo uno, el Colegio León de Las Palmas, está operativo. Mientras conversa con ABC, la alcaldesa anuncia: «Me acaban de confirmar que han entregado las llaves a Cruz Roja del acuartelamiento Canarias 50». Tendrá capacidad para 1.300 personas, pero en una primera fase solo podrán ser trasladadas 452. Alcohol, violencia y robos Lo que denuncia la alcaldesa, más allá de la lentitud con la que se están produciendo los traslados, es la cada vez mayor sensación de inseguridad que, asegura, vive su municipio. «Los pocos turistas que pensaban venir ahora lo que hacen es preguntar si hay inmigrantes», señala Bueno. «Los indices de incidencia, que no de delincuencia, han subido un 300 por cien desde que están en los hoteles. Te increpan por la calle y te piden dinero, comida... No es un delito, es una incidencia menor, pero no todos estamos acostumbrados a eso», añade. Para ella, esto se debe a que los inmigrantes se han acostumbrado a la situación. Durante las primeras semanas «todo fue bien» porque estaban «tanteando un sitio desconocido», pero «a medida que ha pasado el tiempo se han ido relajando porque no pasa nada. Tienen algo de dinero, van al supermercado, compran muchísimo alcohol, duermen toda la mañana y por la noche se producen altercados entre ellos, incluso con armas blancas». Estos incidentes vivieron su peor momento en Nochevieja, cuando tres guardias civiles fueron agredidos. Siguen de baja. La semana pasada la víctima fue un vigilante de seguridad: cuando los agentes hicieron acto de presencia, les tiraron hamacas y sombrillas desde los balcones. Otros incidentes están relacionados con el robo de alcohol en supermercados. Por ello, Bueno y la Asociación Unificada de Guardias Civiles llevan tiempo exigiendo refuerzos. Ayer llegaron a la isla los miembros del Grupo de Reserva y Seguridad de Tenerife, entre 60 y 80 agentes que permanecerán allí al menos hasta el día 24. La alcaldesa, que denuncia una falta de personal crónica, ha convocado una Junta Local de Seguridad este martes a la que acudirá el delegado del Gobierno. En ella, la alcaldesa pedirá que se queden hasta que todo se solucione y exigirá formalmente a Madrid que, si no lleva más agentes a Gran Canaria, al menos la mitad de ese Grupo de Reserva, que está de apoyo en la isla vecina, se establezca de forma permanente en el cuartel de Vecindario. «Una unidad fija», reclama.De España https://ift.tt/39HZMr0
0 comentarios:
Publicar un comentario