El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desobedecido al Consejo de Transparencia (CTBG) al ignorar una reciente resolución de este organismo que le obliga a facilitar a ABC la agenda oficial de la titular de la cartera, Arancha González Laya, entre el 13 de enero y el 31 de agosto del año 2020. El gabinete sigue la línea marcada por La Moncloa, que no duda en ignorar cualquier dictamen en su contra si no le interesa facilitar información incómoda. El ejercicio pasado, además, resultó especialmente interesante en política exterior, ya que se sucedieron hechos como el caso Delcy, el acuerdo con Gibraltar o la crisis migratoria que involucraron al gabinete aunque no han trascendido demasiados detalles del papel que jugó. El caso surgió a finales de agosto, cuando este diario solicitó la información al ministerio a través del Portal de Transparencia. Acto seguido, Exteriores respondió, pero de manera genérica y sin atenerse a la cuestión. Por ello, en una fase posterior de reclamación, ABC pidió amparo al Consejo de Transparencia y este organismo, después de estudiar el expediente, obligó a Exteriores a entregar dicha información. El mandato del Consejo de Transparencia está fechado el 14 de diciembre de 2020 y la institución que preside José Luis Rodríguez concedió diez días hábiles al ministerio para acatar su resolución y entregar la información tal y como la solicitó este diario. No obstante, el plazo ha vencido ya y no hay noticias de la agenda de González Laya. El ministerio, tanto en su respuesta como en las alegaciones formuladas ante el Consejo de Transparencia, considera que no debe entregar los datos —encuentros oficiales, fecha, participantes y motivos de la cita— tal y como fueron solicitados. Aduce que semanalmente se publica una agenda de la ministra en su web y que de ahí se pueden extraer los datos reclamados. No obstante, la web a la que redirige el ministerio borra su información. Dos excusas En su estrategia para no dar la información, y lejos de enarbolar una actitud transparente, Exteriores esgrime dos argumentos con la pretensión de convencer al Consejo. El gabinete de González Laya insiste en que en este caso se dan dos condiciones que permitirían, según su interpretación de la ley de Transparencia, no satisfacer la petición de información. Por un lado, el ministerio interpreta que facilitar la información supondría un perjuicio para las relaciones exteriores de España. Este límite está tipificado en el artículo 14, epígrafe «c» de la ley de Transparencia. Sin embargo, el Consejo le quita la razón. «No nos encontramos ante un supuesto en el que facilitar la información requerida suponga un perjuicio para las relaciones exteriores», dirime de forma clara este organismo, que acto seguido explica su decisión: «Todo ello, porque la Administración no acredita la existencia de un perjuicio concreto, definido y evaluable, real y no meramente hipotético, sino que se limita a plantearlo como una posibilidad y de forma genérica». Por otro lado, Exteriores también apela al artículo 18.1, epígrafe «c» de la norma, que dice que la Administración puede negar unos datos reclamados vía Transparencia si debe acometer un proceso de «reelaboración de la información» para ello. «Con la respuesta que consideramos genérica del ministerio no se contesta a la solicitud de información», zanja el Consejo, que admite compartir la postura de ABC en este caso. «A nuestro parecer, teniendo en cuenta que hablamos de información relacionada con la gestión del trabajo de un responsable público y que parte de ella ha sido suministrada al objeto de conformar la agenda que se publica en la página web de La Moncloa, proporcionar la información completa o los datos adicionales que se indican en la solicitud supondría, a lo sumo, una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero no una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe», sostiene el organismo en su resolución. Un paso más allá El Consejo, sin embargo, va un paso más allá y, en otra parte de su dictamen deja entrever las costuras de la argumentación del ministerio. Critica que Exteriores, aunque se trate de una información que debería facilitar, se niega a hacerlo aunque admite que posee los datos suficientes para satisfacer la petición de información en los términos en que se formuló. «En el presente supuesto nos encontramos con que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación sí dispone de más información que la que figura en la Agenda Oficial que se publica, y que es la que solicita el interesado, fundamentalmente porque confirma que obra en su poder, como se ha reflejado en los antecedentes de hecho, y porque deniega su acceso», reprende el organismo. «La rendición de cuentas mejora la calidad de nuestra democracia. Reafirma el valor de la palabra dada. Y es así y no de otra forma cómo se refuerzan las instituciones democráticas y se devuelve la confianza en la política por parte de la ciudadanía, promoviendo más calidad democrática. Y esa calidad democrática es transparencia y rendición de cuentas, es ejemplaridad». En estos términos se manifestó la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando presentó la controvertida autoevaluación sobre su gestión en 2020. No obstante, Exteriores, desobedeciendo al Consejo de Transparencia, añade un nuevo eslabón a la cadena de políticas opacas de este Gobierno.De España https://ift.tt/38jcXPK
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