La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se sienta a partir de este lunes en el banquillo de los acusados en el juicio por la falsificación de las actas del máster que cursó en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en 2011 para intentar probar ante la prensa que no sólo aprobó el curso, sino también el trabajo final cuando se destapó que no estaba titulada. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel. La acusación se dirige también contra el catedrático de Derecho Constitucional de la URJC y director del Instituto de Derecho Público en aquellas fechas, Enrique Álvarez Conde; la asesora de la Consejería de Educación bajo gobierno de Cifuentes María Teresa Feito, que era funcionaria de la universidad, y la trabajadora de la Rey Juan Carlos Cecilia Rosado, que en el curso 2011-2012 dirigía el máster en cuestión. Según relata la Fiscalía, cuando en la primavera de 2018 eldiario.es publicó que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid no tenía aprobadas todas las asignaturas ni el Trabajo de Fin de Máster (TFM), Cifuentes se puso en contacto con Feito «para que hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado». «Feito accedió a lo solicitado y de acuerdo con el acusado Enrique Álvarez Conde, y a sabiendas de que Cristina Cifuentes no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Máster y no había procedido a su defensa, decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría apariencia de verosimilitud para acreditar de cara a los medios de comunicación que había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente», explica el Ministerio Público. En concreto, Álvarez Conde llamó a su subordinada, Cecilia Rosado y le dijo «instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el 2 de julio de 2012» ante un tribunal en el que ella debía figurar como integrante. No fue la única llamada que recibió. «Nos va a cortar la cabeza» «De forma insistente y agobiante, la acusada María Teresa Feito estuvo llamando al teléfono personal de la acusada Cecilia Rosado, hasta en 21 ocasiones, indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza», resume el fiscal. Rosado, «dada la fuerte jerarquía existente», fabricó el documento y se lo envió como si fuese de parte de Álvarez Conde al rector de la URJC, «que ignoraba las manipulaciones realizadas». La cuestión es que una vez llegó ese acta a Cifuentes, ella, «a sabiendas de que la misma acreditaba una defensa de TFM que jamás se produjo, la exhibió en varios medios y redes sociales, para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse». La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes, además de una multa de 12.000 euros e inhabilitación especial para sufragio pasivo por un delito de falsedad en documento oficial del que sería autora por inducción. Sitúa en el mismo plano a Álvarez Conde, para el que insta tres años y nueve meses de prisión, y Teresa Feito, con una petición de tres años y tres meses de condena. En el caso de Cecilia Rosado, la petición es de un año y nueve meses, pues se aplican los atenuantes de confesión y colaboración con la justicia, pues tras la denuncia de los hechos, «reconoció los mismos y colaboró en su investigación y descubrimiento de los autores».De España https://ift.tt/35NphGA
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