Con sólo tres brotes declarados con más de un positivo en Covid-19 entre las 1.214 residencias de mayores, personas con discapacidad y viviendas tuteladas de Castilla y León, la situación en estos centros en estos momentos «es buena y está controlada». Así lo ha destacado este martes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Aunque oficialmente hay declarados brotes en más centros, pues al ser espacios especialmente vulnerables un sólo positivo –tanto de residente como de trabajador– ya se considera así, los más numerosos son dos en la provincia de Burgos (uno declarado el día 18 en Vadocondes, en la zona de Aranda de Duero, donde todos los internos menos uno han dado positivo y también nueve de sus empleados) y otro el geriátrico de Candeleda (Ávila). Precisamente este último ha sumado otros ocho casos y ya son 90 los contagiados, la mayoría asintomáticos y con siete que sí han requerido hospitalización: 78 residentes (uno más que el día anterior) y 12 empleados (siete más). El Ayuntamiento de esta localidad abulense de unos 5.000 habitantes ha puesto en marcha un servicio gratuito de apoyo psicológico para las familias de los residentes en el geriátrico así como a las personas que se encuentran aisladas por los dos brotes con nueve afectados que hay en el pueblo, informa Efe. La consejera de Familia ha incidido en la necesidad de «extremar los controles preventivos» sobre los trabajadores de los centros residenciales. «Nos preocupa a todos que el virus no entre en los centros», recalcó Blanco, quien se ha reunido en Segovia con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente. La consejera ha apntado que, en coordinación con Sanidad, se están realizando PCR –las pruebas de detección molecular que revelan que el virus está activo en ese momento en una persona– a todos los trabajadores, tanto de centros públicos como de privados. Se hacen a quienes se van a incorporar, bien porque han vuelto de vacaciones, de una baja o bien porque entran para realizar una sustitución. Yahí, ha reconocido, es donde se ha detectado algún caso en trabajadores que han dado positivo. Por ello, ha incidido en declaraciones recogidas por Ep, «es necesario, por la propia prevención de la salud de los trabajadores, las familias y los usuarios, extremar estas medidas sobre los propios trabajadores», dado que el contagio se produce a través de la movilidad; en el caso de los centros, la movilidad de los usuarios, las familias y los trabajadores. Más aislados Según los últimos datos dados a conocer por la Consejería de Familia, los fallecidos en las residencias con Covid-19 confirmado desde que se declaró la pandemia se elevan a 1.105, de los que 805 perecieron en el hospital y 698 en los propios centros –ha registrado pérdidas 268–. Además, otras 1.503 han muerto con síntomas de la enfermedad y cerca de 7.300 han superado la enfermedad. Las cifras de decesos se mantienen estables durante los últimos días, aunque sí han aumentado los ancianos que están aislados con síntomas. Ayer por la mañana eran 60, además de otros 511 que lo estaban de modo preventivo. La guía de actuación para los centros residenciales elaborada por la consejería de Familia, que está «en actualización permanente», precisó, establece que en un municipio donde hay un brote se prohíben las salidas de los usuarios de los centros residenciales al exterior y las visitas se restringen. Por eso, «entendemos que también es necesario incidir sobre la tercera parte, que son los trabajadores, con el objetivo de seguir manteniendo la situación que tenemos en Castilla y León», añadió la consejera. Desde el inicio de la crisis sanitaria, la Junta articuló una serie de medidas para «hacer frente a las necesidades que iban surgiendo en las corporaciones locales para atender a los servicios sociales, financiado en gran parte a través del Acuerdo Marco». Desde que concluyó el estado de alarma, la Junta estableció que los centros residenciales tenían que tener una dotación mínima de equipos de protección para afrontar un posible rebrote, incrementar los ratios de personal y poner unas plazas a disposición del propio centro para aislar a positivos por Covid. «Y todo ello lleva un coste elevado; lo sabemos por los propios centros de la Gerencia de Servicios Sociales», ha apuntado Blanco, quien ha reconocido que esas necesidades «también las tienen el resto de centros residenciales de la comunidad», por lo que se ha habilitado un fondo de 20 millones y el incremento en la cuantía del Acuerdo Marco. Dentro de esos anticipos a las entidades locales, 1,5 millones a la Diputación de Segovia, de la que la consejera ha conocido la evolución de los trabajos para «una mejor accesibilidad y la preparación necesaria para la prevención y el aislamiento por posibles rebrotes».De España https://ift.tt/3gBkt9S
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