Pandemia y derechos humanos

Se cumplen dos meses de la pandemia y de la medición semanal del clima social en España. En la primera ola del tracking de GAD3 para ABC, en el artículo Pandemia y Sensatez, alerté que el virus entraría con virulencia en España. Recomendaba entonces a las autoridades analizar la reacción de los madrileños ante medidas de contención de la pandemia, que para algunos líderes parecían exageradas, pero que contaban con un apoyo social masivo. La falta de previsión y de transparencia ha sido precisamente uno de los déficits en la gestión de la crisis desde su inicio por parte del gobierno. El tiempo no ha servido para mejorar en estos aspectos y, por el contrario, ha hecho empeorar también la valoración de la coordinación del Gobierno con las administraciones y la unidad interna del gobierno. Dos meses después, el Gobierno parece seguir sin entender la naturaleza de la crisis. La sigue afrontando como si fuera una amenaza militar o terrorista, cuando se trata de una amenaza sanitaria, pero sobre todo económica y social. Cuanto antes les explique el Gobierno a los españoles la envergadura de la crisis económica y de empleo, antes y mejor podremos salir de ella. No se puede exigir a los ciudadanos un comportamiento responsable contra el virus, tratándoles como menores de edad y ocultándoles la magnitud de esta megacrisis. Ocultándoles incluso, la composición y capacitación profesional de los doce expertos que van a decidir sobre sus vidas. «La Sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público», reza el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. España no puede convertirse en una anomalía democracia que normalice comisiones clandestinas e impida el libre debate público sobre decisiones que nos afectan a todos. Si algún ciudadano sobrepasara los límites legales de la crítica para eso está la justicia, pero ni el confinamiento del debate público puede ser una alternativa democrática, ni el Estado puede mostrar debilidad para proteger a sus empleados públicos. «El olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos»: más de doscientos años de historia han confirmado la validez del preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero es que esa mentalidad elitista del liderazgo por imposición, ya no se da ni siquiera en los ejércitos modernos. A los políticos que siguen viendo la lucha contra el virus en términos bélicos les convendría leer al historiador Emile Simpson que, tras su experiencia como oficial en Afganistán, escribió War From the Ground Up: Twenty-First Century Combat as Politics. Es imposible hoy día ganar ninguna batalla militar, política o empresarial poniendo el centro de gravedad de las decisiones en la élite. Imposible. Por eso una vez contenida la expansión de la pandemia, no tiene sentido que el estado de alarma se prolongue más allá de las diez semanas ya aprobadas, cuando las medidas más importantes para luchar contra el coronavirus –la realización de tests, la protección al personal sanitario, las medidas de confinamiento, el mantenimiento de distancia social, etc– se pueden implementar mejor con la legislación existente, introduciendo los ligeros cambios legales necesarios y en los que hay consenso mayoritario. Salvo que lo que se busque sea seguir recortando libertades y derechos ciudadanos y competencias de otras administraciones con la excusa de la pandemia.

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