La Fiscalía ofrece a la asesora de Iglesias librarle del caso Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que vuelva a convocar a la exasesora del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, Dina Bousselham, para brindarle la oportunidad de expresar formalmente su perdón al que fuera su jefe, ante la posibilidad de que incurriese en un delito de revelación de secretos por haberle ocultado que tenía en su poder una copia del móvil que le robaron y haberle devuelto esa copia en una tarjeta de memoria totalmente destruida. Se trata de un giro más en esta pieza separada de la macrocausa Tándem en la que Iglesias y Bousselham constan, de momento, como perjudicados. Ella, porque el contenido del móvil que le robaron en 2015 apareció entre los archivos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo. Él, porque parte de ese contenido, y en concreto unos pantallazos de conversaciones de chats que le dejaban en mal lugar, acabó difundido en un medio de comunicación y pasó, al menos, por otra redacción. No fue víctima de la «cloaca» Tras un año largo de pesquisas, los investigadores han constatado, por un lado, que la propia Bousselham pudo enviar los pantallazos en cuestión, pues un informe de la Policía Científica ubica las capturas de las conversaciones en la carpeta de «enviados» de una aplicación tipo Whatsapp. En su última declaración, el pasado 18 de mayo, reconoció que pudo haberlo hecho, aunque la primera vez que pasó por la Audiencia Nacional negó taxativamente ser la autora de aquellas filtraciones. Si los pantallazos los envió ella, no fue obra de lo que Iglesias denomina «la cloaca» ni en su origen hubo un ilícito penal, como habría sido el robo de aquel teléfono. Por eso, Anticorrupción ha solicitado al juez que se le retire la condición de perjudicado en este asunto , es decir, que le saque de la causa. La clave es que además de no ser perjudicado, podría haber incurrido en alguna responsabilidad, según la tesis que ha trasladado la Fiscalía Anticorrupción al juez, tal y como informan a ABC en fuentes jurídicas. A lo largo de la investigación se ha constatado que Iglesias recibió en mano en enero de 2016 una tarjeta de memoria con el volcado del móvil de Bousselham que funcionaba. Se la entregó en persona el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, tras explicarle que había llegado de forma anónima a la revista Interviú y no iba a publicarse. Revelación de secretos Era enero de 2016, hacía unas semanas que Bousselham había denunciado el robo de su móvil en un centro comercial y sin embargo, Iglesias no le comunicó el hallazgo. Y tampoco lo hizo durante al menos, los seis meses siguientes, aunque los investigadores no han podido acreditar el lapso exacto de tiempo que la tuvo en su poder sin decir nada. Entretanto, se publicaron los mencionados pantallazos en un medio de comunicación y Bousselham amplió la denuncia por el robo del teléfono. Tampoco Iglesias dijo nada entonces a las autoridades, tal y como ambos reconocerían ante el juez. Además, cuando meses después, en esa fecha aún por determinar, le devolvió la tarjeta, estaba «destruida». Ella ha intentado acreditar que Iglesias se la entregó tal cual presentando los correos con un servicio técnico al que recurrió sin éxito para arreglarla, pero no está claro quién de los dos la «quemó». La cuestión es que en el hecho de conservar la tarjeta ocultándoselo a su legítima propietaria puede haber un delito de revelación de secretos, pero se trata, según el Código Penal, de un ilícito especial -semiprivado- que requiere que la víctima se reconozca y ejerza acusación, es decir, que lo denuncie. Y la víctima tiene el derecho de expresar formalmente que su perdón, lo que extingue la acción penal. Es por eso que ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que llame de nuevo a Bousselham y le de la posibilidad de ejercer formalmente ese perdón, de acuerdo a las fuentes consultadas, porque en ese caso, cualquier acción contra Iglesias por revelación de secretos decaería. Si ella decidiera seguir adelante, sería en todo caso materia al margen de la causa Tándem. Además, el vicepresidente, como tal, está aforado ante el Tribunal Supremo. El juez debe resolver qué hacer llegados a este punto.

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