Un paso más de Moncloa para el control de la Justicia

Mientras el Consejo General del Poder Judicial, en otro de esos ejercicios de malabarismos imposibles, intenta ponerse de acuerdo en que debe ponerse de acuerdo en algo, la Judicatura hierve. Lo expondrá hoy Carlos Lesmes en el acto de la Escuela Judicial para expresar de una manera diplomática, institucional y sin aspavientos el profundo malestar de la judicatura con el veto del Gobierno a la presencia del Rey. Nunca ha sido necesario que los magistrados inunden las redes sociales con su indignación. Nunca hasta ahora tuvieron que reivindicar la figura del Rey, haciendo suya la imagen del jefe del Estado vestido con la toga. Y nunca los jueces tuvieron que votar si se plantaban o no en un acto oficial porque el Gobierno, unilateralmente, haya impedido acudir al Rey. Pero ahora se han visto forzados a ello. No es el simbolismo del acto –es lo de menos–, sino la coacción política del Gobierno y sus cálculos para no ofender al independentismo lo que subyace en esta estrategia de progresiva marginación de la Corona. El conato de rebelión se ha encauzado en las últimas horas porque no está en el ADN de los jueces sobreactuar, y porque su sentido de la responsabilidad pública supera con mucho al del exceso pancartista, al ruido callejero y a la obsesión populista por la cacerola. Pero la indignación existe. La expresan sin estallidos estridentes, pero con la inquietante sospecha de que el Gobierno ha iniciado una operación irreversible de acoso a la independencia judicial, de control ideológico de los Tribunales, y de intervencionismo sobre la separación de poderes. La guerra civil de la Fiscalía es solo un indicio del cisma que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretenden provocar en el poder judicial para debilitarlo y plantear al ciudadano que, frente al caos, solo Sánchez garantiza el orden. Y si para ello La Moncloa recurre a instrumentalizar la figura del Rey para no soliviantar al separatismo, el temor judicial a que estas maniobras sean un éxito se multiplica. Días atrás, un ministro vino a afirmar sin sonrojo que la mayoría de la judicatura es conservadora… «y eso tiene que cambiar». Es de suponer que por decreto. Esa es la filosofía. Los jueces están agotando su capacidad de resignación y aguante frente a los ataques a su dignidad porque ya saben que el proceso de sometimiento va en serio. Estas no son las clásicas quejas de unos u otros contra los «pasteleos» ideológicos, los nombramientos pactados o la politización de la justicia. Es peor. Es la temerosa inquietud por que la libertad se les derrumbe y los escombros les aplasten con la toga puesta.

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