Apoyo a la hora de distribuir la nueva PAC (Política Agraria Común), sí, y con el aval de contar con un acuerdo de Comunidad que engloba las voces de Junta de Castilla y León, organizaciones agrarias, cooperativas y partidos políticos. Pero que ese reparto se haga también sin que suponga un «desequilibrio» entre territorios. Es lo que brindó y reclamó ayer el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, al ministro de Agricultura, Luis Planas, en un encuentro que mantuvieron en Valladolid. Una reunión en la que el jefe del Ejecutivo regional trasladó a Planas su «apoyo y colaboración» a la hora de programar en un Plan Estratégico Nacional la aplicación de la nueva PAC a partir de 2020. Y es que, según recordó Fernández Mañueco, desde Castilla y León se comparte que ha de contarse con un plan «único para toda España» de cara a aplicar la nueva política comunitaria del campo, pero «recogiendo las particularidades de la agricultura de los diferentes territorios» y que «no se produzcan desequilibrios territoriales respecto a la situación actual, ya que ello provocaría abandono de la actividad en el medio rural, lo que supondría a su vez el fracaso de la propia PAC». Según incidió Mañueco, ese Plan Estratégico «debe diferenciar» qué será de aplicación en toda España -donde se encuadran las ayudas directas financiadas al 100% por el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA)- y las intervenciones territoriales de cada comunidad. Castilla y León defiende que la nueva PAC debe tener «elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales, de explotaciones familiares, que principalmente viven de la agricultura», trasladó el presidente de la Junta. Así, «debe servir para fortalecer sus explotaciones, garantizar su resistencia a la volatilidad de los mercados y a los riesgos de la producción y conseguir incorporar jóvenes y mujeres, apoyándoles con tecnología e innovación». También el ministro coincidió en que debe contarse con un Plan Estratégico para el reparto de la nueva PAC, cuyo proceso de aprobación se ha retrasado a nivel comunitario. No estará lista como mínimo hasta finales de este año y no sería de aplicación al menos hasta 2023. Tanto Mañueco como Planas resaltaron la importancia de esta política comunitaria para Castilla y León, donde supone unos 1.000 millones de euros anuales. Sobre este punto, el presidente de la Junta incidió en que «la mayor parte» de los fondos van dirigidos a mantener la renta de agricultores y ganaderos y una producción sostenible y alertó de que reducir la financiación «pondría en riesgo» la actividad agroalimentaria, clave para el medio rural.De España https://ift.tt/3494efW
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