El CGPJ sortea la presión del Gobierno y nombra seis puestos clave

La escalada de tensión entre el Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha impedido que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ratificase ayer el pacto que se venía fraguando durante los últimos días entre los bloques progresista y conservador para acometer una batería de nombramientos discrecionales en el Tribunal Supremo, donde empezaba a acumularse polvo en sillones estratégicos, como las presidencias de tres salas y en la de lo Penal, por jubilaciones y demás desde hace meses. La tanda de nombramientos debía producirse ya antes de verano, pero la perspectiva de que el Gobierno y el PP se pusieran de acuerdo para renovar el mandato del CGPJ, que va a cumplir dos años en funciones, postergó la decisión. Rotas de nuevo esas negociaciones, los jueces han decidido alcanzar por su cuenta el consenso al que no han sabido o no han querido llegar en la esfera política. Acuciaba, tanto por el funcionamiento de las Salas como por interés de los afectados, pendientes de prosperar o no. Y la decisión es incómoda para Moncloa, que ahora tiene que publicar los nuevos cargos en el Boletín Oficial del Estado una vez los rubrique el Rey asumiendo que aunque acabase alcanzando un acuerdo para renovar el Consejo que sigue presidiendo Carlos Lesmes, los recién elegidos permanecerán en su puesto al menos, los cinco años que dura un mandato, si no media jubilación. El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha encargado estos días de reprobar esa decisión, aduciendo que un Consejo «en descomposición» por caducidad no debe realizar nombramientos. El veto del Ejecutivo a la presencia del Rey la semana pasada en un acto de los jueces en Barcelona ha sido un paso más en esa brecha. Por eso, en el CGPJ sabían de la importancia de que la elección lo fuese por mayorías cualificadas, un gesto de fuerza que evidenciase ese consenso de puertas para adentro tan difícil fuera y que, además, proporcionase aún más legitimidad a los nombramientos. A resultas, se pactaron los elegidos en bloques y al Pleno de este miércoles llegaba una lista definitiva de nombres que han sido refrendados en el mejor de los casos por 19 votos de los 21 posibles y en el peor, por 18. Un conservador en la III Así, se ha designado como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al conservador César Tolosa, adscrito a la Asociación Profesional de la Magistratura. Ha recibido 18 votos, pues el número 19 se lo ha llevado la magistrada Pilar Teso. «Incluso eso estaba pactado», según las fuentes consultadas por ABC. Este es el puesto más sensible de los que estaban en liza porque se trata de la Sala que supervisa los acuerdos del Consejo de Ministros. Tolosa es magistrado del alto tribunal desde 2014 y antes presidió el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sustituye a Luis María Díez-Picazo, muy cuestionado por su gestión en la doctrina sobre las hipotecas, y su designación no ha sido especialmente controvertida en la negociación previa. Teso, también con amplia experiencia, fue en su día la alternativa a Lesmes para presidir el Consejo pero perdió aquella votación. Para la Sala de lo Penal, donde estaban sin cubrir las plazas de los magistrados Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer, los vocales han refrendado por 19 votos a favor y dos en blanco que accedan el magistrado progresista Javier Hernández (TSJC); el no adscrito Leopoldo Puente (TJSM), y el tampoco adscrito pero considerado conservador Ángel Hurtado, que procede de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y autor del célebre voto particular que pedía la absolución del PP en Gürtel. De este modo, se mantiene el equilibrio de poder previo a las vacantes. Una mujer por primera vez Asimismo, el Pleno ha nombrado a la magistrada María Luisa Segoviano, para la Sala de lo Social convirtiéndose así en la primera mujer que accede a una presidencia de Sala del Supremo en doscientos años de historia. Ha obtenido 18 votos y de nuevo, dos en blanco, para este puesto que se interpreta en términos de transición, pues se jubila en año y medio. Por su parte, el magistrado Jacobo Barja de Quiroga, de Jueces y Juezas para la Democracia, ha cosechado 19 votos y presidirá la Sala de lo Militar, aunque el favorito y que parecía candidato natural era el ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar. «Nadie ha ganado y nadie ha perdido. Todos hemos cedido y nadie ha renunciado. Y otros, que aprendan», dice un vocal consultado por ABC. Pero pese a este amplio consenso, el quorum no era total. Al inicio de la sesión, el vocal progresista Álvaro Cuesta ha pedido sacar del orden del día los nombramientos, una petición que al ser secundada sólo por las vocales Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, no ha llegado a someterse a votación. Cuesta y Sáez han votado en blanco en todo el proceso y han presentado sendos votos particulares que, en el primer caso, se centra en denunciar que la renovación de este CGPJ «caucado» se «bloquea de propósito para conseguir un resultado en su funcionamiento». «Ese boicot a la renovación constitucional del CGPJ sí es una injerencia política intolerable que se debería denunciar», señala Cuesta, que en su voto culpa al PP de la parálisis. Pedía postergar los nombramientos por «prudencia» ante la petición de los grupos parlamentarios de la investidura en el Congreso de acometer ya la renovación de este órgano constitucional porque entiende de ese modo, ganaría legitimidad. No es la primera vez que el CGPJ vence con creces la fecha límite. El V mandato estuvo en funciones desde noviembre de 2006 hasta septiembre de 2008 y aprobó 32 nombramientos en esta situación, once de ellos en el Supremo. El ministro Campo, contrario ahora a designaciones durante esta fase de «descomposición» que tilda de «incumplimiento flagrante del mandato constitucional», era vocal en aquella época y participó en las votaciones.

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