Asumió la presidencia para completar el «mandato del 1 de octubre» y ayer fue expulsado del Palau de la Generalitat por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC). Eran las 16.30 horas cuando el ya expresidente catalán Quim Torra recibía la notificación personal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del fallo que, pocas horas antes, había emitido el Tribunal Supremo confirmando la sentencia de 18 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La escenografía y el discurso con el que se teatralizó la marcha de Torra, también la muy átona respuesta popular en la calle pese al «¡empujad!» con el que el cesado animó a la protesta, fueron una perfecta definición de lo que ha sido la legislatura y esta fase final agónica del «procés»: un contraste entre la épica de saldo y una realidad perfectamente enmarcada dentro del encuadre autonómico, donde el independentismo ha evidenciado tanto su nula capacidad para el buen gobierno —el balance legislativo y de gestión es desolador— como su querencia por la bronca interna y la incapacidad para asumir su propia derrota. «Ahora hay que escoger entre democracia y libertad o represión e imposición. (...) República catalana del compromiso cívico o la Monarquía española de las banderas y el Ejército. (...) Preparémonos para la ruptura democrática, pacífica y desobediente», animó Torra instalado en la grandilocuencia fatua que parte del independentismo sigue cultivando con un rédito electoral hasta ahora notable. Tampoco faltaron los habituales ataques a la Monarquía y al resto de instituciones del Estado, a las que acusó de «urdir» un «golpe» para desposeerlo del cargo. Sin novedad. Pobre balance incluso para los más obstinados. La presidencia que debía servir para construir la república finiquitada por el empeño, «contumaz y obstinado», en desobedecer a la JEC. «Un nuevo plebiscito» La marcha de Torra abre ahora un periodo de interinidad que conducirá probablemente a unos nuevos comicios a finales de enero o primeros de febrero. Una cita que Torra, en su comparecencia de ayer a modo de despedida, conminó a convertir en «un nuevo plebiscito (...) que confirme el referéndum del 1 de octubre». El objetivo del secesionismo, muy lejos ya de unos comicios como los de 2015, en los que se presentó con una lista única, conseguir que, pese a la división de los partidos, el voto popular favorable a la ruptura supere el 50 por ciento. Ese es el próximo objetivo, constatado que el mandato de Torra ha sido el de la frustración secesionista . Ya en su momento el propio «president» aseguró que él no había sido elegido para «gestionar la autonomía», y ayer mismo, en su intervención a modo de epitafio político, se sinceraba y aseguraba haber llegado a la conclusión de que «uno de los obstáculos para la independencia es la propia autonomía». Asumiendo su fracaso, reconocía no haber podido «avanzar más», y eso que estaba dispuesto a «asumir todas las consecuencias». El desprecio pues a la institución, la apropiación de los símbolos, la utilización partidista precisamente de todos los resortes de la autonomía y la burla a una mayoría de la ciudadanía que no comparte su credo político son su balance. Fue investido el 14 de mayo de 2018 después de que su antecesor fugado a Bélgica, Carles Puigdemont, le señalase. Deja la presidencia casi dos años y medio después, sumiendo Cataluña en un nuevo periodo de inestabilidad en medio de una grave crisis económica y sanitaria cuyo combate, aseguró ayer, ha sido su prioridad. Otro revés a lo que en realidad ha sido su ejecutoria: activismo frente a gestión, ideología frente al bien común. El fallo del Supremo tendrá como consecuencia más notoria, probablemente, unas nuevas elecciones a celebrar en unos cuatro meses -salvo que en dos meses JpC y ERC se pongan de acuerdo en un candidato y consigan el apoyo o la abstención de un tercer grupo parlamentario-, completando un ciclo de comicios (2012, 2015, 2017) marcados por la degradación de la vida política e institucional, en una comunidad que soporta lo que ya se define como la «década perdida». Aragonès y los plazos A partir de hoy, Pere Aragonès , líder de ERC sin cargos, asumirá la presidencia en funciones. Los funcionarios y altos cargos de la Generalitat y el Parlamento catalán tienen todo previsto para el relevo, sobre todo, en base a Ley de la presidencia de la Generalitat y del gobierno. Antes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) debe publicar el cese de Torra. Podría hacerlo hoy mismo. Un real decreto con la firma de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Felipe VI. Tras el BOE, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) dará cuenta del cese -que también podría publicar este martes- y será entonces cuando se podrá reunir el consejo ejecutivo extraordinario para formalizar el «ascenso» de Aragonès. En cualquier caso, su presidencia en funciones será limitada, con recortes (como la iniciativa legislativa o nombrar y destituir consejeros) y en fase de transición para elegir a un nuevo presidente autonómico catalán. A la par, pues el TSJC, en su ejecutoria, informó ayer, además de al interesado, al propio Aragonès y a Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, la Cámara legislativa regional pondrá en marcha el proceso de renovación del presidente de la Generalitat, que debe ser uno de los 134 diputados que tiene, actualmente, la sede del legislativo regional catalán. Torrent tiene diez días para consultar a los grupos parlamentarios con el fin de «proponer al pleno un candidato». Si no hay resultado positivo en estos diez días, tanto los letrados del Parlamento catalán como el Gabinete Jurídico de la Generalitat y a diferencia de Cs —que opina que sí debe haber un candidato en estos diez días para que empiecen a contar los dos meses—, empezará a correr el reloj de dos meses más para que se encuentre un diputado autonómico que pueda ser presidente. Este paso es el último para que se convoquen oficialmente las elecciones de forma automática, que se fijarán si en esos dos meses no hay presidente. Sería 54 días después. Mientras tanto, JpC y ERC seguirán escenificando su «acuerdo en el desacuerdo». Vigilándose de cerca y sabedores de que, pese a formar gobierno, son rivales. Así, tras las primeras palabras de Torra como expresidente, JpC y ERC solicitaron un pleno monográfico para tratar «la situación generada» tras la inhabilitación y pidiendo que el propio Torra intervenga, como prevé un artículo del Reglamento parlamentario (201.2) que permite comparecencias de «personalidades relevantes». Salvo sorpresa, hoy empieza la precampaña electoral catalana.De España https://ift.tt/33aRUMQ
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