El exadministrador de Neurona se desvincula de los manejos en Podemos: «Mi actuación ha sido solo profesional»

El abogado sevillano Elías Castejón, que regenta una asesoría fiscal en el municipio de Carmona, registró el 19 de marzo de 2019 en la capital andaluza la empresa Neurona Comunidad S.L., franquicia española de la sociedad mexicana Neurona Consulting, epicentro de la «caja B» -llamada por el partido Caja de Resistencia- que el ex letrado de Podemos José Manuel Calvente ha puesto en conocimiento del juez de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. Castejón inscribió esta filial de Neurona como administrador único a pesar de que se trata de un negocio que nada tiene que ver con su actividad habitual y cesó en este cargo el pasado 4 de marzo, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, cuando se conocieron las relaciones del partido de Pablo Iglesias con esta compañía. Los socios de la central, César Hernández Paredes y Andrea Edlin López, son los mismos que los de la franquicia española, pero aquí escogieron al abogado de Carmona para situarlo al frente de la empresa a la que Unidas Podemos contrató su campaña electoral para los comicios generales del 28 de abril de 2019 por 363.000 euros, una firma especializada en la comunicación de partidos bolivarianos en Venezuela, Ecuador, Paraguay, Nicaragua o Bolivia, donde también está siendo investigada por presuntos pagos irregulares del Gobierno de Evo Morales. Además, Neurona tiene entre sus asesores a Juan Carlos Monedero, que como «director de proyectos» ha cobrado importantes sumas por su colaboración con esta sociedad a la que el que fuera responsable jurídico de Podemos señala como el instrumento del partido para una posible financiación ilegal, ya que según su testimonio ante el juez los contratos eran «humo» y se hacían solo para enviar dinero a otros gobiernos de izquierdas con los que Podemos tiene relación directa en su financiación. El juez ha citado a declarar el próximo 13 de noviembre a Castejón, con quien este periódico se ha puesto en contacto. El letrado sevillano asegura que «dada la situación procesal en la que me encuentro, le diré que aún no he recibido mi citación para declarar en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, pero que cuando la reciba me personaré en la causa y acudiré a declarar ante su señoría sin ningún problema» para explicar que «mi actuación ha sido estrictamente profesional». En todo caso, tanto a la Fiscalía como al juez les resulta llamativo que la empresa contratada por Unidas Podemos escogiera para esta filial creada «ad hoc» a un asesor fiscal de un pueblo de Sevilla, dueño de una gestoría situada en una casa de una calle principal de Carmona para llevar la gestión contable de autónomos y empresas del municipio. Fuentes directas del caso aseguran que la conexión del partido de Iglesias con este hombre se produjo a través de un importante bufete de abogados especializado en la fiscalización de grandes fortunas, pero Castejón mantiene que estas cuestiones «me gustaría contestarlas en primer lugar en el seno del procedimiento judicial». En dos ocasiones Curiosamente, la persona designada para esta operación aparece dos veces en los llamados «papeles de Panamá», el listado de empresas en la que constan sólo intermediarios con el objetivo, según la investigación judicial, de ocultar los nombres de los verdaderos propietarios a través de sociedades «offshore» registradas en este paraíso fiscal latinoamericano. Castejón está en la base de datos de estos documentos como administrador de Axacar Panamá S.A., una empresa creada el 20 de enero de 2012 con origen en Argentina, y Carmo Transatlántico, registrada el 8 de abril de 2011 en el propio domicilio del abogado sevillano, ambas a través del despacho panameño Mossack Fonseca. Además, este abogado aparece en el Registro Mercantil como administrador único de 65 sociedades a través de su gestoría, que tiene diez empleados, aunque actualmente sólo están activas «unas veintitantas», según aclara a ABC. Entre las empresas que lidera Castejón hay sociedades limitadas y anónimas con grandes facturaciones y de ámbitos muy diversos: promoción inmobiliaria, construcción, energías renovables, servicios agrícolas y hasta reparación de barcos, entre otros objetos sociales. «Son personas que confían en mi gestión gracias a mis 35 años de experiencia, de los que estoy muy orgulloso», añade. Neurona Comunidad es sólo una más que se constituyó apenas 40 días antes de las elecciones del 28-A porque Podemos no podía «trabajar» directamente con la central mexicana en la que colabora Juan Carlos Monedero, ya que en España está prohibido que los partidos políticos contraten a empresas extranjeras según el artículo 7 de la Ley sobre Financiación de Partidos Políticos, que dice lo siguiente: «Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos». Sin relación Elías Castejón fue designado por los empresarios mexicanos para depositar un capital de 3.000 euros y administrar esta franquicia dedicada a «la adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios y de cualquier tipo de títulos y activos financieros, pudiendo, en general, realizar toda clase de actividades de inversión mobiliaria». En principio, nada que ver con la organización de campañas electorales, pero esta fue la empresa que facturó a Podemos su estrategia de comunicación para las elecciones. El abogado sevillano no tiene ninguna otra sociedad común con los dueños de Neurona Consulting, César Hernández Paredes y Andrea Edlin López, por lo que difícilmente podía conocerlos antes de la creación de la franquicia. Este periódico ha visitado la gestoría de Carmona donde Castejón tiene su sede social, donde insisten en que dará todas las explicaciones que sean necesarias al juez «cuando le notifiquen la citación», ya que él sólo presta servicios de asesoría a otras empresas y «lo único que hace es llevarles la contabilidad», añaden fuentes de su propia gestoría, que recalcan que él siempre ha sido ajeno a la actividad de Neurona y que sólo ha intervenido en la constitución de las sociedades que administra en cumplimiento de su ejercicio profesional. En su pueblo, Castejón es una persona bastante respetada, pero pocos vecinos conocen todas sus vinculaciones societarias y, mucho menos, que ha sido el administrador en España de la empresa por la que el juez Escalonilla investiga las cuentas de Unidas Podemos. Y ese es precisamente el cabo suelto que queda en esta historia y que su protagonista no aclara por el momento: ¿cómo llegó la consultora de Juan Carlos Monedero hasta una gestoría de Carmona que administró dos sociedades «offshore» en Panamá y hasta 65 empresas de entidad en Andalucía en las últimas décadas? Ese nexo es el que está buscando el instructor del caso para saber si Podemos recurrió a un intermediario de grandes capitales con sociedades en paraísos fiscales.

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