El empeño de Pedro Sánchez por buscar a la desesperada dinero para hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus va a tener un coste político para la cohesión de su Gobierno. La necesidad de aprobar en el Congreso el real decreto ley por el que se «incauta» de los 15.000 millones de superávit de los ayuntamientos, a cambio del acceso a un fondo de 5.000, va a romper el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, agrietando a la formación de Pablo Iglesias. Siete de los 35 diputados de esta coalición de izquierdas están bajo la disciplina de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, formando parte del sector catalán de Unidas Podemos y, a día de hoy, votarán en contra de la convalidación del decreto ley, prevista para el 3 de septiembre. Unos votos que se unirán a los de la mayoría de las formaciones políticas del Congeso que, hasta ahora, han confirmado que no lo apoyarán. Ofensiva Esta es una de las principales conclusiones a la que ha llegado el Partido Popular, tras la ronda de contactos que ha mantenido esta semana con hasta siete grupos parlamentarios, y que culminarán la semana que viene. Los diputados populares Antonio González Terol y Vicente Betoret han liderado una ofensiva municipal que tiene en el Congreso su centro neurálgico. El principal objetivo es que esta medida del Gobierno no supere este trámite y sea retirada para que se acuerde un nuevo texto, tras una negociación con los partidos, que con el texto actual no ha existido. Si no cambia el redactado actual del decreto-ley los comunes catalanes, liderados por Ada Colau, votarán en contra de un texto aprobado por el Ejecutivo del que forman parte. Fuentes de los comunes consultadas por ABC mantienen que su posición, a día de hoy, es la de intentar un cambio en el redactado del texto, pero, igualmente, aseguran que si no hay cambios el voto será «no». «Somos propositivos, hemos planteado muchas opciones. Esperamos que se pueda cambiar. Pero si no, votaremos en contra», aseguraron las mismas fuentes. El argumento de fondo de los comunes, que tienen siete diputados en el Congreso y un ministro en el Gobierno -el casi clandestino para la opinión pública Manuel Castells, de Universidades- es que proponen, al respecto, lo pactado en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos y que además se concreta con la reivindicación de los comunes en la negociación actual: que los municipios dispongan del superávit y de los remanentes, y que se elimine la regla de gasto a nivel local, al menos durante la crisis sanitaria actual. Disciplina De esta manera, los comunes catalanes podrían romper la disciplina de voto del grupo confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común si no hay cambios en el redactado final del decreto. Sería la primera vez. Y las fuentes consultadas del grupo que controla Colau aseguran que, ahora mismo, no es su deseo, pero que no pueden aprobar la norma tal y como está. En la misma línea, ERC y la CUP votarán «no». En ambos casos, tanto los republicanos como los antisistema consideran su posición más crítica con el fondo de la iniciativa que con la propuesta misma. Esta división política en el seno de una de las formaciones políticas que sustentan el acuerdo de Gobierno de Pedro Sánchez es fundamental para determinar el futuro de esta medida. El texto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, ratificado por la Federación Española de Municipios y Provincias, solo con el apoyo del PSOE y el voto de calidad del presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, pero todavía no se puede aplicar. Los contactos políticos para crear un frente común se intensifican. El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, el diputado Antonio González Terol, aseguró a ABC que «independientemente de las diferencias en otros temas, estamos todos de acuerdo en el profundo desacuerdo con el real decreto. Hay dos palabras que lo definen: discriminatorio y expropiatorio». A juicio del dirigente popular, «deja fuera a los ayuntamiento que tienen deuda, se abandona a los que más ayudas necesitan. Es expropiatorio y chantajista porque al final pretende quitar fondos a los ayuntamientos que han hecho un esfuerzo tremendo en todos estos años». Además, apunta que «limita la autonomía local. Muchos partidos nacionalistas critican que les estén diciendo donde tienen que invertir ese dinero». Asimismo, González Terol recuerda que la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria «no es más que el desarrollo de la modificación del artículo 135 de la Constitución, que introdujo Zapatero y que votó Sánchez. Este artículo es el que limita el gasto en los ayuntamientos. La ley orgánica de estabilidad presupuestaria que presentó Rajoy lo dice claramente, y ahora le echan la culpa. Por tanto, todo eso del austericidio que dice la ministra que es culpa del PP, es mentira. Será culpa de todos, porque el artículo 135 lo votaron el PP y el PSOE». Finalmente, confirma que el rechazo al real decreto ley «anticipa la derrota a la convalidación del real decreto. Creemos que la alternativa que va a presentar el Gobierno es una tramitación como proyecto de ley, que impone asumir de facto el contenido, por tanto, no vale. Deben retirar el real decreto y presentar uno nuevo» Por su parte, Vox ya mostró su desacuerdo con la estratetegia del Gobierno para quedarse con el superávit de los ayuntamientos: «Dos meses. Eso es exactamente lo que ha tardado el PSOE en darle a Abel Caballero el tirón de orejas que le advertimos le iban a dar. Hoy el Partido Socialista le ha hecho firmar la rendición de los excedentes de tesorería de los municipios. O sea, lo contrario de lo que defendió en el Congreso». Ciudadanos admite sus contactos permanentes con el PP, «ya que es nuestro socio de Gobierno en cuatro comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos donde gobernamos juntos. Todos los partidos políticos, menos el PSOE, nos hemos manifestado en contra de la propuesta de Pedro Sánchez que obliga a los ayuntamientos a entregar su superávit al Gobierno en plena pandemia sanitaria, económica y social». Sobre el sentido de su voto en el Congeso aseguran que «todavía no sabemos cuál será la nueva propuesta que traerá Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda al Congreso. Lo único que podemos adelantar es que si traen el mismo documento que presentaron en la FEMP, volveremos a votar en contra como ya hicimos en su día. El Gobierno está a tiempo de rectificar y de presentar un decreto con el mayor consenso posible. Hasta sus socios de gobierno le han dado la espalda y votarán en contra si no rectifica». El partido de Arrimadas califica de «insostenible» la situación para Sánchez y, a su juicio, «no le va a quedar más remedio que sentarse a negociar con el resto de partidos si quiere que el Congreso convalide su propuesta». «Caer en la trampa» El diputado de JpC Ferrán Bel, afirmó a ABC con contundencia que el real decreto no se debe de apoyar: «No debemos caer en la trampa que plantea el Gobierno de convalidación y haremos la tramitación parlamentaria. Hay decretos convalidados que llevan más de seis meses y no se inicia la ponencia». El parlamentario nacionalista afirma que es un real decreto que «le ha faltado diálogo desde el principio y no es porque no se haya intentado, como se sacó en la FEMP es un ejemplo». Bel reclama que se retire el documento «o lo acabará retirando el Congreso» y confirma los contactos con el Partido Popular y en el seno de la FEMP: «Mantuvimos contacto en la FEMP antes de firmarse porque allí tenemos una representante, pero desgraciadamente no se llegó a un acuerdo y espero que sí se rechace y que en el seno de la FEMP se pueda impulsar un acuerdo que sea más satisfactorio para todos los ayuntamientos. Hemos mantenido contactos no solo con el PP, sino con otras fuerzas políticas». Por último, Coalición Canaria señaló a este periódico que su posición es «muy fuerte. No hay ninguna posibilidad de que no votemos en contra. Es un remanente que permite a los ayuntamientos pagar a la gente la luz, el agua... No es un tema de diálogo con los ayuntamientos que han cumplido».De España https://ift.tt/344Vp8v
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