No quería compararlo, pero lo hizo. Antoni Trilla, prestigioso epidemiólogo y asesor del Gobierno de la Generalitat durante en esta pandemia, fue tajante al desaconsejar las manifestaciones masivas del independentismo el próximo 11 de septiembre. Hasta «la peregrinación habitual a La Meca este año se tuvo que anular, y esto es una obligación de todo musulmán», recordó ayer en una entrevista en Rac1 el jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona. El secesionismo, sin embargo, no está dispuesto a renunciar a su particular peregrinación anual por la Diada. En esta ocasión no convocarán, como solían, una marcha multitudinaria, pero la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ya ha adelantado que, tomando las medidas de protección pertinentes, ese día el independentismo no se quedarán en casa. Sobre la mesa, el riesgo de que el 11-S el secesionismo se dé de bruces con su propio 8-M, la manifestación feminista avalada por Sánchez pocos días antes de decretarse el estado de alarma. Faltan poco más de dos semanas para la cita, pero la ANC, habitual convocante de esta concentraciones, no ha presentado todavía oficialmente su plan para esta Diada. Su presidenta, Elisenda Paluzie, sin embargo, ha ido ofreciendo esbozos de qué harán ese día. Atrás parece quedar su idea inicial de buscar una «fórmula mixta virtual y presencial» de protesta; en sus últimas comparecencias, ha sugerido que los secesionistas serán convocados para rodear diferentes edificios que representan al «opresor» Estado, como sedes del Banco de España, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Con mascarilla, distancia social y sin aglomeraciones, se entiende, pero el independentismo no se quedará sin su dosis anual de autoafirmación. Así será a pesar de que el lunes, ante la insistencia de la prensa para que aclarara cómo afectarían a la Diada las nuevas medidas dictadas por la Generalitat ante los rebrotes -entre ellas, prohibir concentraciones de más de diez personas-, un dubitativo Quim Torra abogó por poner coto a las manifestaciones: «El derecho legítimo de defensa tiene que tener en cuenta lo que estamos diciendo de la mínima interacción social... Ahora no sería posible (una manifestación)». EL GOVERN RECTIFICA Una hora después, como empieza a ser habitual en las comparecencias de los miembros de un Govern en el que continuamente se desdicen unos a otros, el departamento de Presidencia de la Generaltitat enmendó en un comunicado al propio presidente: «La prohibición en toda Cataluña de hacer encuentros de más de diez personas en el espacio público y privado no afecta al derecho de manifestación, siempre que se ejerza respetando las medidas de distancia, mascarilla e higiene de manos». La Diada secesionista volvía a estar a salvo. UNA CONVOCATORIA TEMERARIA Prohibir, con brocha gorda, todas las manifestaciones de forma generalizada como medida de prevención no se antoja factible, y hasta «sería inconstitucional», señalan los expertos. Deberá estudiarse cada caso por separado y comprobar si con las medidas de seguridad que proponen los convocantes la seguridad está garantizada. En Cataluña, la competente para hacer ese cribado es la Consejería de Interior de la Generalitat, concretamente su Dirección General de Administración de Seguridad. A ella deberá dirigirse quien pretenda convocar una reunión o manifestación en la vía pública, la ANC en el caso de la Diada. En su web, este departamento de la Generalitat recoge los requisitos que habrán de cumplirse, como el mantenimiento de una distancia de seguridad de metro y medio y el uso obligatorio de mascarilla. De acreditarse las condiciones, no parece probable que la Generalitat rechace las pretensiones de la entidad secesionista y acabará autorizando esas concentraciones. Independientemente de la postura de Interior, la responsabilidad primera recaerá en los convocantes. ¿Es una temeridad mantener la Diada, aun con las medidas de seguridad requeridas, en el contexto sanitario actual? ¿La ANC está en disposición de garantizar que ningún asistente se saldrá del guion y que no se producirán actitudes que pongan en riesgo la salud pública? El epidemiólogo Antonio Trilla, asesor en esta crisis tanto del Gobierno central como del catalán, lo tiene claro: «No creo que la vida en Cataluña ni las reivindicaciones legítimas se vean cuestionadas o afectadas si un año no podemos hacer las protestas como las hacemos habitualmente», señaló en Rac1, en alusión a la Diada. «Entiendo que el 11-S es significativo pero, como médico, al igual que hemos aplazado las fiestas mayores, o no podemos ir al fútbol, pienso que este año cualquier manifestación debe quedar suspendida, porque la situación epidemiológica es complicada y puede supone un riesgo de contagio», razonaba el epidemiólogo en la misma emisora. «No hay evidencias científicas, pero la lógica dice que una aglomeración de muchas personas es difícil de controlar», añadía este experto. Y es por eso que además de una irresponsabilidad mantener esas concentraciones puede ser una temeridad.
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