domingo, 23 de agosto de 2020

Cayetana Álvarez de Toledo evita poner su firma en la primera iniciativa de Cuca Gamarra como portavoz

La nueva portavoz del Grupo parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra , se ha estrenado en su puesto con el registro de una iniciativa para pedir la creación de una Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de Unidas Podemos. Fuentes de la dirección nacional del PP subrayaron que el objetivo es que Pablo Iglesias deje de «esconderse» y dé las explicaciones oportunas en sede parlamentaria. Los populares advierten de que está en juego, además, la credibilidad del Gobierno en el exterior, por la presencia en él de un partido que está investigado por posible corrupción. La iniciativa del PP lleva la firma de Cuca Gamarra, como portavoz, junto a la de otros 82 diputados del Grupo Popular, casi la totalidad, que representan más de una quinta parte de los miembros de la Cámara, como es preceptivo. Entre los firmantes no está Cayetana Álvarez de Toledo, quien se está tomando un tiempo de reflexión después de la tormenta política de la última semana, cuando fue destituida de forma fulminante como portavoz por cuestionar la autoridad de Pablo Casado. En el escrito sí están los nombres de diputados próximos a Álvarez de Toledo, como Pilar Marcos o Gabriel Elorriaga. En las filas populares se ve «muy complicado» que la exportavoz pueda permanecer como diputada, después de su declaración pública de hace siete días, en la que arremetió directamente contra el presidente de su partido. Causa abierta En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP sostiene que «desde hace algún tiempo, la financiación de Unidas Podemos viene siendo objeto de atención de diversos medios de comunicación ante los múltiples indicios de diversas anomalías e irregularidades». «Más recientemente, estas sospechas han derivado en una causa abierta en los tribunales ante la presunta corrupción de dirigentes y miembros de dicha formación política que podrían haber utilizado indebidamente fondos públicos para su beneficio particular o el de su propio partido», avisan los populares en su petición de una comisión de investigación. El PP recuerda que estos hechos suceden en medio de una grave crisis económica y social, cuando España está pendiente de recibir diferentes ayudas europeas, «y la condicionalidad de esa financiación exterior depende también de la calidad institucional y de la credibilidad del Gobierno, del que ahora forma parte un partido investigado por presunta corrupción». El principal partido de la oposición recuerda que la financiación de Podemos arrastra desde su origen sombras de sospecha, tanto por la falta de transparencia del mecanismo de «crowdfunding» con el que dice financiarse, como por sus públicas conexiones con dictaduras internacionales. «Unas sombras que ahora se ciernen directamente sobre el secretario general de la organización y vicepresidente del Gobierno, revistiendo una gravedad que exige el pleno esclarecimiento en sede parlamentaria de lo ocurrido». Reforzar la confianza El PP, que en un pasado reciente vio cómo otros grupos de la Cámara impulsaron la investigación de su «caja B», defiende que las causas judiciales relacionadas con Unidas Podemos se resolverán, pero las responsabilidades políticas «deben dirimirse en el ámbito que nuestra Constitución diseñó: las Cortes Generales». «Dilucidar y asumir responsabilidades políticas refuerza la confianza ciudadana en el buen funcionamiento de las instituciones», asegura. El partido que preside Pablo Casado considera que una comisión de investigación sobre las cuentas de Podemos limitaría los efectos «perniciosos» que los hechos están teniendo sobre la imagen de España. El objeto de la comisión de investigación será investigar y determinar las responsabilidades políticas por la presunta financiación ilegal de Podemos. Para ello, el PP propone analizar «si se han dotado fondos opacos con donaciones irregulares, si se han hecho adjudicaciones irregulares de contratos o se han utilizado otros cauces de financiación irregulares previstos en las normas vigentes». También estudiará si de esas prácticas se pueden derivar incumplimientos y formulará recomendaciones.

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